Las organizaciones indígenas nacionales representativas de los pueblos indígenas: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP) expresamos nuestro rotundo rechazo a la constante vulneración de los derechos humanos, así como a las políticas y normas promovidas por un gobierno opresor, discriminador y genocida, que favorecen a las organizaciones criminales y a las economías ilegales.
Vemos con preocupación e indignación que los grupos de poder atentan contra nuestro derecho a la vida y nuestra propia existencia, destruyendo los territorios ancestrales al impulsar leyes y medidas antiderechos.
- Exigimos al Congreso de la República la derogatoria de la Ley N° 32293, que declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio para incorporar en el proceso de formalización a los pobladores que formen parte de posesiones informales constituidas del 2004 al 2015 con fines de vivienda sobre propiedad comunal, porque legaliza las invasiones, formalizando las posesiones informales sobre propiedad comunal. Además, esta norma vulnera los derechos de propiedad de las comunidades campesinas, protegidos por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución, logrando legalizar el despojo de tierras comunales y favorecer el tráfico de tierras, afectando a un gran número de comunidades campesinas en Perú.
- Rechazamos el predictamen del Proyecto de Ley 09653/2024-CR (Nueva Ley Antiforestal), impulsado por la Comisión Agraria del Congreso para favorecer a grupos de palma aceitera con otorgamientos de derechos sin necesidad de autorización de cambio de uso de suelo, promoviendo la deforestación y mayores amenazas a los defensores y las defensoras indígenas. Esta ley permitirá titular los predios agrícolas deforestados sin estudio ni autorización para su uso, contribuyendo a la invasión de los territorios indígenas y permitiendo su despojo sistemático.
- Exigimos al Poder Ejecutivo la derogatoria de la Ley APCI (Ley N.º 32301) y su Reglamento ―Decreto Supremo 032-205-RE― publicado el último 14 de septiembre. Esta norma regresiva viola derechos humanos fundamentales como el acceso a la justicia, la libertad de asociación y participación de la sociedad civil y la defensa de los derechos indígenas, entre ellos el derecho a la autonomía y libre determinación, criminalizando a organizaciones que venimos defendiendo los derechos colectivos, reconocidos en los tratados e instrumentos internacionales que han sido suscritos por el Estado peruano.
- Reiteramos nuestro rotundo rechazo a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y ahora la Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), que solo buscan legalizar actividades mineras ilegales y “legales” que arrasan nuestros territorios ancestrales, bosques y ríos. Estas normas facilitarán la expansión del infierno minero en todas las regiones amazónicas y las comunidades que la habitan, destruyendo bosques y poniendo en grave riesgo la biodiversidad y las fuentes de vida.
- Condenamos la reciente aprobación de la Ley de Amnistía (Ley N.º 32419) para militares y policías procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la época del conflicto armado interno que vivió el país entre los años 1980 y 2000. Esta norma constituye un grave retroceso en materia de justicia y verdad, y representa una nueva muestra de impunidad de espaldas a las familias de las víctimas, la gran mayoría de las cuales, según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, fueron indígenas. Asimismo, rechazamos enérgicamente la pretensión de retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por constituir un grave atentado contra la democracia y una amenaza directa a la protección de los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas.
- Rechazamos las políticas regresivas por parte del Poder Ejecutivo representado por la Comisión Multisectorial PIACI, que ignorando cientos de evidencias científicas y la lucha de las organizaciones indígenas, ha rechazado el Estudio Adicional de Categorización (EAC) para la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim en Loreto. Y denunciamos el nuevo intento del Congreso de aprobar el Proyecto de Ley 12215/2025 para recortar o desaparecer las reservas indígenas donde viven los PIACI, bajo argumentos de impactos de desarrollo regional y nacional, lo que es una amenaza directa y representa un grave peligro para las vidas e integridad de los pueblos indígenas en aislamiento.
Las organizaciones nacionales representativas de los pueblos originarios, nos movilizaremos pacíficamente porque consideramos que estas leyes son inconstitucionales, pues violan el artículo 89 de la Constitución, que reconoce que la propiedad de las comunidades es imprescriptible y colectiva. Además, contraviene el Convenio 169 de la OIT y los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas, que reconocen la autonomía, la propiedad ancestral y la obligación de los Estados de garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión sobre nuestros territorios, y el acceso a la justicia.
Lima, 19 de septiembre de 2025.
