La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), representante de 9 organizaciones indígenas, 109 federaciones y 2439 comunidades nativas, una vez más levanta su voz de protesta y denunciamos la constante vulneración de los derechos humanos. Vemos con preocupación e indignación que los grupos de poder están atentando contra nuestro derecho a la vida y nuestra propia existencia, y buscan la destrucción de la Amazonía con diversos proyectos de ley y medidas impulsadas por el Ejecutivo y el Congreso República.
Tal es el caso del nuevo proyecto de Ley Antiforestal, impulsado por la Comisión Agraria del Congreso para favorecer a grupos de palma aceitera con otorgamientos de derechos sin necesidad de autorización de cambio de uso de suelo. También la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y ahora la Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), que legalizan actividades mineras ilegales y “legales” en territorios indígenas y áreas sensibles. Además, la desaprobación de la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim en Loreto, lo que representa un grave atentado contra los hermanos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) por parte de ministerios que han ignorado más de 20 años de lucha indígena y evidencias de pueblos en aislamiento. Así como otras medidas regresivas que atentan contra los derechos humanos. Por ello:
- Rechazamos las políticas regresivas por parte del Poder Ejecutivo representado por Comisión Multisectorial PIACI, que ignorando cientos de evidencias científicas y la lucha de las organizaciones indígenas, ha rechazado el Estudio Adicional de Categorización (EAC) para la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim en Loreto. Y denunciamos el nuevo intento del Congreso de aprobar el Proyecto de Ley 12215/2025 para recortar o desaparecer las reservas indígenas donde viven los PIACI, bajo argumentos de impactos de desarrollo regional y nacional, lo que es una amenaza directa y representa un grave peligro para las vidas e integridad de los pueblos indígenas en aislamiento.
- Exigimos al Poder Ejecutivo la derogatoria de la Ley APCI (Ley N.º 32301) y su Reglamento ―Decreto Supremo 032-205-RE― publicado el último 14 de septiembre. Esta norma regresiva viola derechos humanos fundamentales como el acceso a la justicia, la libertad de asociación y participación de la sociedad civil y la defensa de los derechos indígenas, criminalizando a organizaciones que venimos defendiendo los derechos colectivos, reconocidos en los tratados e instrumentos internacionales que han sido suscritos por el Estado peruano.
- Denunciamos la actuación de la Comisión Agraria por la aprobación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 09653/2024-CR ―nueva Ley Antiforestal―, que propone el “desarrollo sostenible de las actividades agrarias en la Amazonía” y exigimos al Pleno del Congreso que lo archive y al Ejecutivo que lo observe. Esta ley permitirá titular los predios agrícolas supuestamente deforestados sin estudio ni autorización para su uso, contribuyendo a la invasión de los territorios indígenas y permitiendo su despojo sistemático. Además, este proyecto de ley viola el derecho a la consulta y consentimiento de medidas legislativas, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Reiteramos nuestro rotundo rechazo a la ampliación del REINFO y la promoción de la Ley MAPE, que solo buscan legalizar actividades mineras ilegales y “legales” que arrasan nuestros territorios ancestrales, ríos y áreas sensibles. Estas normas facilitarán la expansión del infierno minero en todas las regiones amazónicas y las comunidades que la habitan, destruyendo bosques y poniendo en grave riesgo la biodiversidad y las fuentes de vida.
- Alertamos que las normas antiderechos emitidas por el Congreso y validadas por el Ejecutivo van a generar el incremento de amenazas, hostigamiento, criminalización y asesinato de defensores y defensoras indígenas que protegen sus territorios frente a economías ilegales como el narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal y organizaciones criminales. Por ello, responsabilizamos a los funcionarios y congresistas de las graves consecuencias que generan dichas políticas y normas que vienen violando nuestros derechos.
- Condenamos la reciente aprobación de la Ley de Amnistía (Ley N.º 32419) para militares y polícias procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la época del conflicto armado interno que vivió el país entre los años 1980 y 2000. Esta norma constituye un grave retroceso en materia de justicia y verdad, y representa una nueva muestra de impunidad de espaldas a las familias de las víctimas. Asimismo, rechazamos enérgicamente la pretensión de retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por constituir un grave atentado contra la democracia y una amenaza directa a la protección de los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas.
- Anunciamos que los pueblos indígenas hemos decidido movilizarnos pacíficamente frente a este contexto de atropello de los derechos humanos, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Perú, para protestar contra las políticas y normas promovidas por un gobierno opresor, discriminador y genocida, que favorece a las organizaciones criminales y a las economías ilegales.
¡Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la Amazonía y los derechos colectivos de los pueblos indígenas!
¡No permitiremos más retrocesos ni violaciones a nuestros derechos fundamentales, ni tampoco de la ciudadanía en general!
