La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) ―representante de 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2439 comunidades nativas― y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) expresan su más enérgica condena frente a la violencia sexual sistemática que desde hace años afecta a niñas, niños y adolescentes indígenas en la Amazonía, especialmente en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), donde la impunidad, la ausencia del Estado y la falta de respuestas efectivas han convertido esta crisis en una emergencia de derechos humanos.
Condenamos el caso de la niña awajún de apenas seis años que habría sido agredida sexualmente de la manera más cruel por su padrastro en el distrito de El Cenepa. Es inaceptable que durante horas la menor no haya recibido una atención médica especializada por la precariedad de los servicios de salud en la zona, y es más indignante aún que su agresor se haya dado a la fuga. Sin embargo, este no es un caso aislado, recientemente una adolescente de 14 años denunció haber sido víctima de violencia sexual de parte de un abogado adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya labor debía garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales.
Ambos casos son muestra de la violencia estructural, la falta de acceso a la justicia y la impunidad que durante años ha sido denunciada por las propias organizaciones indígenas, especialmente por las mujeres awajún y wampís. Hasta la fecha no hay una respuesta estatal proporcional a la gravedad de la situación: entre el 2010 y el 2024, se han reportado más de 500 casos de violación sexual contra estudiantes indígenas, mientras otras fuentes advierten que cerca de 800 casos continúan siendo investigados y los agresores siguen impunes.
Las niñas y adolescentes indígenas son violentadas por personas de su entorno familiar, por docentes, por funcionarios públicos y por otros agresores que, en numerosos casos, siguen libres mientras las víctimas enfrentan enormes barreras geográficas, económicas, lingüísticas e institucionales para denunciar.
Resulta reprochable que la respuesta estatal siga siendo tardía, insuficiente y desarticulada por la escasez de fiscales especializados, la insuficiencia de servicios de salud, la ausencia de atención psicológica permanente y la falta de mecanismos efectivos de protección que perpetúan esta crisis y vulneran gravemente los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cada caso que permanece impune es un mensaje de permisividad para los agresores y profundiza la desconfianza en las instituciones que deben proteger a las víctimas.
Frente a esta situación:
1. EXHORTAMOS al Ministerio Público a investigar y tomar acciones de manera inmediata, exhaustiva, diligente y con enfoque intercultural el caso de la menor de seis años, así como todos los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes indígenas. Asimismo, se debe garantizar la protección integral de las víctimas, sus familias y testigos; prevenir toda forma de revictimización; fortalecer las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en Condorcanqui y otras provincias amazónicas.
2. INSTAMOS al Poder Judicial a garantizar una respuesta jurisdiccional oportuna, especializada y libre de discriminación; adoptar medidas de protección eficaces para las víctimas; actuar con debida diligencia reforzada en todos los procesos relacionados con violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes indígenas; sancionar a los responsables conforme a ley; y evitar que las demoras procesales continúen alimentando la impunidad.
3. EXIGIMOS al Ministerio de Salud asegurar la atención médica especializada, inmediata y permanente para todas las víctimas de violencia sexual en la Amazonía; garantizar el abastecimiento oportuno de medicamentos, kits de emergencia, tratamiento para infecciones de transmisión sexual y servicios de salud mental; implementar mecanismos eficaces de referencia y evacuación de emergencias desde comunidades de difícil acceso; y reforzar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud ubicados en territorios indígenas.
4. DEMANDAMOS al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fortalecer de manera urgente los servicios de protección, atención psicológica, social y legal para víctimas de violencia sexual en la Amazonía; ampliar la cobertura y capacidad de respuesta de los Centros Emergencia Mujer; garantizar atención permanente con pertinencia cultural y lingüística; y coordinar acciones efectivas con las organizaciones indígenas y las organizaciones de mujeres indígenas.
5. REQUERIMOS al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos revisar y fortalecer los mecanismos de selección, contratación, evaluación y supervisión del personal que brinda servicios de defensa pública y acceso a la justicia; investigar y sancionar administrativamente cualquier acto de negligencia u omisión institucional; adoptar medidas preventivas para evitar que personas denunciadas por graves hechos de violencia continúen ejerciendo funciones; y fortalecer los servicios de defensa pública intercultural en los territorios amazónicos.
6. EXIGIMOS al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú localizar y capturar inmediatamente a los presuntos responsables que permanecen prófugos; investigar posibles actos de negligencia funcional que hayan permitido fugas o afectado las investigaciones; reforzar la presencia policial especializada en nuestros territorios; y garantizar medidas efectivas de protección para víctimas, familiares, defensoras indígenas y testigos.
7. EXHORTAMOS a la Defensoría del Pueblo a mantener una supervisión permanente de los casos de violencia sexual que afectan a niñas, niños y adolescentes indígenas; monitorear el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de justicia, salud y protección; emitir recomendaciones públicas dirigidas a las entidades competentes; y promover acciones urgentes para enfrentar la grave situación de impunidad que persiste en la Amazonía.
8. INSTAMOS al Estado peruano, en su conjunto, a reconocer que la violencia sexual contra la niñez indígena constituye una crisis estructural de derechos humanos; asignar recursos suficientes para fortalecer los sistemas de salud, justicia y protección en la Amazonía; reconocer y respaldar el trabajo de las organizaciones indígenas, particularmente de las organizaciones de mujeres que sostienen redes comunitarias de protección; e implementar políticas públicas integrales construidas con los pueblos indígenas para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
9. HACEMOS UN LLAMADO a la acción y reacción oportuna de las organizaciones indígenas y comunidades nativas para tomar las medidas efectivas para reducir la violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes, y desterrar la normalización en todos los niveles de tan atroces actos contra la vida y salud.
Las niñas, niños y adolescentes indígenas tienen derecho a vivir libres de toda forma de violencia y su protección no puede seguir dependiendo únicamente del esfuerzo de sus familias, de las organizaciones indígenas o de la sociedad civil. Es obligación del Estado prevenir estos hechos, investigar con la debida diligencia, sancionar a los responsables, reparar integralmente a las víctimas y adoptar garantías de no repetición.
¡La violencia sexual contra la niñez indígena no puede seguir siendo una tragedia normalizada!
¡La impunidad también es violencia!
