Por Miguel Guimaraes Vásquez, vicepresidente de AIDESEP.
Los esfuerzos para reducir las violaciones de derechos humanos y el daño ambiental no pueden dejar de lado a los protectores de los bosques.
En un informe reciente a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el Relator Especial de la ONU, Pedro Arrojo-Agudo, describió el envenenamiento sigiloso e insidioso de los ríos y humedales de la Amazonía peruana, causado por siglos de actividades extractivas en mi país.
Hay que reconocer que el Parlamento de la Unión Europea está tratando de poner fin al papel de los europeos en este sistema económico depredador de siglos de antigüedad, que continúa cobrando un precio terrible en países en desarrollo como el mío.
Los legisladores en Bruselas se encuentran en la ronda final de negociaciones sobre un proyecto de ley que obligaría a las empresas que hacen negocios en la UE a eliminar de sus cadenas de suministro violaciones de derechos humanos y daños ambientales. La versión del Parlamento de la nueva Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa es única en su búsqueda por garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas y nuestro papel demostrado en la protección de ecosistemas valiosos.
Sin embargo, a puerta cerrada, algunos estados miembros de la UE están tratando de eliminar a los pueblos indígenas y nuestros derechos específicos del texto de la directiva. En una carta dirigida a Ursula Van Der Leyen y otros responsables de alto nivel de la UE, las organizaciones de pueblos indígenas y grupos de la sociedad civil de casi todos los continentes advirtieron sobre las consecuencias si nuestros oponentes tuvieran éxito en su misión.
No es difícil encontrar evidencia de la urgente necesidad de proteger a los pueblos indígenas y las comunidades locales. Muchos de nosotros gestionamos bosques biodiversos y ricos en carbono en países considerados entre los más corruptos del mundo.
Un nuevo estudio en Science sugiere que proteger la Amazonia requiere acciones urgentes; Al enumerar las triples amenazas de “deforestación, sequías e incendios”, los autores dicen que es probable que causen una caída dramática en las precipitaciones en América del Sur, al tiempo que pondrán a la selva tropical al alcance de un punto de inflexión muy temido. A pesar de la evidencia de nuestro enorme papel como guardianes de los bosques, rara vez salimos con nuestros derechos intactos de eventos como las conferencias climáticas de las Naciones Unidas, donde líderes políticos y expertos académicos debaten cuál es la mejor manera de proteger o invertir en ecosistemas que los pueblos indígenas han gestionado durante milenios.
A veces se nos niega incluso el derecho a estar presentes como observadores. Recientemente, la Agencia Internacional de Energía no invitó a líderes indígenas a una reunión para abordar la creciente demanda de minerales y metales “verdes”, aunque casi la mitad de las minas que se espera suministren estos recursos se encuentran en nuestros territorios tradicionales o cerca de ellos.
Arrojo-Agudo, el relator especial de la ONU que visitó Perú el año pasado, es físico y experto en calidad del agua y derechos humanos. En septiembre, dijo a una comisión de la ONU que se habían encontrado niveles peligrosos de toxinas en la sangre de 10 millones de peruanos, casi todos ellos niños de comunidades indígenas y locales. También advirtió a los funcionarios de la ONU lo que podría pasar si el gobierno peruano continúa violando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la Amazonia.
“No defender los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios… significa acabar con el papel que estos pueblos han desempeñado durante miles de años –en beneficio del Perú y de la humanidad– como guardianes de la Amazonia”.
Mis mayores Shipibo habían visto hace mucho tiempo en sus sueños las hordas de mineros, plantadores de palma aceitera y madereros que desde entonces han invadido nuestras tierras. Tal como se predijo, estos forasteros han destruido nuestros bosques y contaminado los ríos de los que dependemos para nuestra supervivencia como pueblos amazónicos.
Pero no estamos sin esperanza.
Todavía hay tiempo para defender la casa común de la humanidad del paisaje apocalíptico que presenció Pedro Arrojo-Agudo en su visita a las selvas tropicales de la Amazonía peruana. Pero no podemos hacer esto solos.
El Parlamento Europeo y la Comisión tienen el poder de bloquear los esfuerzos por debilitar la directiva. Pueden insistir en un lenguaje que exija que las empresas eviten violar los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los derechos a nuestras tierras tradicionales, a la autodeterminación y a dar consentimiento –o no– a proyectos que afectan nuestros territorios. Si se hace bien, la Directiva de la UE sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa contribuirá a la creación de un mundo más justo.
Donde haya respeto por los pueblos indígenas en toda nuestra diversidad, prosperaremos. Y la UE tendrá de su lado un poderoso recurso para resistir el daño ambiental que alimenta el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el riesgo de pandemia.
Este es mi sueño.
