El Putumayo frente a los nuevos gobiernos en Perú y Colombia

Por: Ricardo Soberón Garrido*

1. Aproximación al Problema Extractivo Binacional. 

La existencia de 1626 kilómetros de frontera total y 1367 kilómetros de frontera fluvial en la Amazonía de Colombia y Perú, representa un reto enorme para la seguridad y soberanía de ambos países, más aún en la actual coyuntura internacional prepotente y unilateral que impulsa el gobierno de Donald Trump. Se trata de una enorme ruta fluvial que facilita el tránsito para la cocaína y el oro sudamericanos que proviene de Colombia, Ecuador y Perú, y que lleva directamente al río Amazonas, en territorio brasileño, y de allí a la ciudad de Manaos y el puerto de Belem do Para, con destino a las costas de África Occidental y los puertos de Europa. Este factor provoca lo que hemos denominado la “amazonización” de las economías extractivas ilícitas (Soberón, 2016). 

Las distintas  magnitudes del narcotráfico y la industria de la cocaína son diferenciados en cada país andino amazónico. Históricamente, la industria de la cocaína ha tenido una mayor dinámica en Colombia, desde la época del cartel de Medellín de Pablo Escobar, y el cartel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela, luego con el Cartel del Golfo y otras estructuras criminales. Por otro lado, debemos tomar en cuenta que la Amazonia binacional atraviesa severos problemas de deforestación, degradación ambiental y contaminación, así como las amenazas y muerte de defensores ambientales y de derechos humanos, que van mas allá del problema exclusivo de las drogas y comprende otras actividades extractivas. Para darnos una idea del modelo que aspiran los nuevos gobierno colombiano y peruano, el próximo ministro de Ambiente De la Espriella, apuesta por la bio economía y los beneficios para la gente. Algo similar ocurre con la trayectoria y propuestas de Fuerza Popular y su percepción de la Amazonia peruana.

Colombia tiene un enorme potencial de producción de coca y cocaína, en distintas regiones del país, que incluyen la Alta Amazonia y una creciente concentración de cultivos en áreas de frontera (UNODC, 2024). Tiene una capacidad de producción de hasta 261,000 has de coca mayormente en el Pacífico (Nariño) y el eje Putumayo-Caquetá (donde se ha producido una ligera reducción del área sembrada). Asimismo, cuenta con una sofisticada infraestructura agro industrial con capacidad para elaborar mas de 2,500 toneladas de cocaína anuales, que son controladas por una diversidad de grupos armados y criminales. Mientras, el Perú de acuerdo al reciente Informe de UNODC 2024, tiene aproximadamente 89,755 has de coca y una capacidad de elaborar hasta 600 toneladas de cocaína. Las regiones de la provincia de Putumayo (1548 has) y el Bajo Amazonas en la provincia de Mariscal Castilla (8,277 has), son las más relevantes de la zona fronteriza. 

Entre ambos países, producen más del 80% de la cocaína que consumen 25 millones de personas en el mundo y la ruta del Putumayo transporta una porción importante de esa oferta exportable. Esa condición, le otorga una importancia estratégica fundamental. El otro elemento logístico particular se refiere a la cadena del transporte internacional de la droga. Mientras desde la costa Pacífica de Colombia se manejan las rutas marítimas hacia los puertos de México, EEUU y Europa Occidental, la droga producida en el Perú se dirige fundamentalmente hacia los países del Cono Sur, a través de las rutas aéreas desde el VRAEM y Selva Central hacia Bolivia, Paraguay y Brasil. Las salidas de la droga desde las costas del Pacífico y el Caribe siguen siendo fundamentalmente utilizadas por organizaciones colombianas que transportan grandes contenedores por las rutas comerciales tradicionales. En ese sentido, las políticas de bombardeo cinético de “narco lanchas” sospechosas de llevar droga, ejecutada a lo largo del 2025 por parte de drones norteamericanos, no han tenido un resultado definitivo a pesar de los intentos del Comando Sur de mostrarlos como exitosos. Más bien han sido percibidas como claro ejemplo de asesinatos extrajudiciales por parte de medios militares norteamericanos, como lo han señalado desde la Secretaría General de la ONU, congresistas demócratas en EE.UU y organizaciones como WOLA y Human Rights Watch. 

A esta compleja situación provocada por el narcotráfico, debemos agregar los perjuicios que provoca el asentamiento de la actividad minera aurífera a lo largo de toda la cuenca del Putumayo,que implica territorio de cuatro países, en 201 kilómetros cuadrados que alberga esta cuenca. Además del impacto en materia de deforestación y contaminación por el uso indiscriminado de mercurio, tenemos la pérdida de los servicios ecosistémicos que presta la región. Este “boom” aurífero, en un escenario ya penetrado por el narcotráfico, constituye un escenario extremadamente peligroso para la estabilidad y futuro de esta región bi y trinacional, que requiere mucho cuidado al momento de impulsar políticas públicas. En el caso del oro en el Putumayo Icá (como ingresa el Putumayo al territorio brasileño) llama la atención por el control que supone de parte de diversos actores armados multinacionales que impulsan la llegada de un complejo tejido social de la “gente de oro”, es decir miles de mineros de diversa proveniencia que se encargan de realizar el trabajo de extracción aluvial. La comercialización del mineral extraido es transportada a los centros de comercialización dentro del Brasil (Gonzalez, 2024). Por otro lado, el otorgamiento de concesiones mineras sin control por los cuatro países en una región tan sensible, constituye un obstáculo concreto para este difícil escenario. Desde el punto de vista financiero, la actividad aurífera representa un mecanismo sencillo y útil para la legitimación de dineros sucios provenientes del cultivo de coca y extracción de cocaína. 

1.1 la Política de Seguridad de EEUU.  

La política de EE.UU hacia América Latina resulta similar para los 34 países del hemisferio y esta basada en un discurso y una política contra toda forma de progresismo, o posición favorable a la vigencia de los DDHH., aunque tendrá distintos niveles de impacto en Perú y  en Colombia.  Mientras el nivel de cooperación con Colombia viene dado por una larga relación bilateral de seguridad que incluyen la ejecución del “Plan Colombia” (2000-2005) y el “Plan Patriota”, en el caso del Perú, es distinto. La relación de Washington con Lima ha estado marcada por una presión más directa, menos amigable y más cohesionada por la desconfianza toda vez que han ocurrido incidentes anteriores en el marco de la Iniciativa Andina contra las Drogas: el disparo en 1998 a un avión C-130 norteamericano en Talara, Piura, que llevaba inteligencia electrónica; luego se produjo el derribo de una avioneta civil con una familia de misioneros en Iquitos, Loreto (2001), por parte de aviones militares peruanos, como consecuencia de una mala comunicación entre funcionarios de EE.UU y Perú. 

Hay que considerar como antecedente, la política del presidente Trump de interferencia en los procesos electorales de diversos países de la región. Ello influyó de manera directa para el triunfo de opciones conservadoras, en una clara demostración de la aplicación de las técnicas del lawfare. Es resaltante el caso de las elecciones presidenciales en Argentina (posición favorable a Javier Millei), Ecuador (impactos del asesinato de Fernando Villavicencio en contra de la opositora Luisa Gonzalez, que a la larga determinaron el triunfo de Noboa) y Honduras, este ultimo mediante la liberación en EE.UU del ex presidente Juan Orlando Fernández, sentenciado por cargos de narcotráfico. En otro sentido, debemos convenir que la implementación de una política arbitraria y autoritaria por parte de Washington, consistente en acciones de intromisión, de amenaza y de intervención directa como el caso de Venezuela, ha re configurado por completo el mapa geopolítico de América Latina y América del Sur en particular. Tenemos la recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional de los EE.UU (noviembre 2025), que señala claramente: Queremos asegurar que el hemisferio occidental se mantenga razonablemente estable y lo suficientemente bien gobernado como para prevenir y desalentar la migración masiva a Estados Unidos; queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un hemisferio que permanezca libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, y que respalde cadenas de suministro críticas; y queremos asegurar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave. En otras palabras, afirmaremos y haremos cumplir un «Corolario Trump» a la Doctrina Monroe

Luego tenemos las diferentes Ordenes Ejecutivas emanadas desde la Casa Blanca (por fuera del Congreso) contra la migración y el crimen organizado, así como el retiro de la cooperación de USAID, las políticas arancelarias contra países de la región. Asimismo, tenemos toda una forma de hacer y establecer políticas a través de un conjunto de tweets el Social Truth y de los discursos y declaraciones de Donald Trump. Todos ellos tendrán efectos concretos en las relaciones con Bogotá y Lima. Esto incluye las acusaciones contra Gustavo Petro, pese a que posteriormente difundió su intención de sacarlo de la lista OFAC. Así se produce la securitización referida al marco teórico planteado por los miembros de la Escuela de Copenhague, de plantear un fenómeno dado como la amenaza existencial para un objeto de referencia (el Estado). Así, la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado se convierte en el nuevo objeto de atención de Washington. Luego, y como consecuencia de ello tenemos el riesgo de una progresiva militarización de las políticas públicas para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado implican la desaparición de políticas integrales por la opción de propuestas exclusivamente policiales y militares en los territorios. Muestra de ello, es la reciente XVII Reunión de Ministros de Defensa del hemisferio realizada en la ciudad de Cusco. Su Declaración, si bien parte con el compromiso con la Carta ONU, la Carta OEA y la Carta Democrática Interamericana, “destaca el compromiso de fortalecer la cooperación hemisférica frente a desafíos comunes, como la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, las economías ilícitas y otras amenazas emergentes.  El dilema radica entonces en como cumplir con dichos instrumentos jurídicos, con políticas basadas en una visión intervencionista.

El nivel de presión e interferencia en asuntos domésticos que ejercen diversas agencias federales norteamericanas en Venezuela, como consecuencia de los ataques del 3 de enero, dan una idea del amplio abanico del que dispone la administración Trump, bajo el nuevo paraguas de la “Doctrina Donroe”. La reciente organización y el establecimiento de la Coalición anti carteles y el Escudo de las Américas, en diciembre 2025, tendrá implicancias concretas en materia de aplicación de políticas de interdicción policial y militar anti narcóticos, que incluye retomar el concepto de la lucha contra el narco terrorismo como el nuevo enemigo a enfrentar, así como la aplicación de políticas permisivas que incluyen acciones directas por personal policial, militar y de inteligencia norteamericanos, en territorios andinos y amazónicos. Se incluye la construcción de la nueva Base Naval al norte de Ancón (Lima), el establecimiento de un puerto espacial en Talara, Piura (Ley 32571), en donde se encuentra comprometido el Departamento de Guerra y el Comando Sur norteamericano. 

La tendencia hacia políticas represivas, no garantiza su éxito en el control del área, producción, y productividad de droga y mineral extraído; además, se repetirá el conocido  “efecto globo” en otras zonas fronterizas, así como la recreación y multiplicación de las organizaciones criminales y un profundo autoritarismo político en los territorios afectados. El problema que abren estos instrumentos es que facilitan el nivel de coordinación entre agencias de seguridad de EE.UU con sus contra partes locales, y se amplían las posibilidades de acciones directas sobre los territorios. Esto puede abrir la posibilidad que ocurran actos excesivos y abusos de distinta índole. La negociación de acuerdos de extraterritorialidad para personal policial y militar norteamericano es un problema adicional que debilita los sistemas de justicia de Colombia y Perú. El otorgamiento de dicho estatus los considera impunes frente a los sistemas fiscales y judiciales locales. En ambos casos, los presidentes electos Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori, estarán por similar tiempo en el poder (Fujimori un año más). Son dos políticos con un discurso político conservador y autoritario, particularmente en materia de seguridad y defensa. Son considerados aliados de las políticas de EE.UU y particularmente las de Donald Trump, en lo que se refiere a seguridad ciudadana, orden público y seguridad nacional. Es más, De la Espriella es ciudadano norteamericano -como antes lo fuera Sánchez de Lozada en Bolivia y Pedro Pablo Kuckzinsky en Perú- y Fujimori ha realizado sus estudios en universidades americanas. Eso les va a generar una gran facilidad para poner en práctica las políticas anti narcóticos y anti crimen organizado que provengan desde Washington. Pero no solo ellas, sino también en las políticas de explotación de recursos naturales, como es el caso del fracking de hidrocarburos y la extracción de minerales de tierras raras, habrá una gran cercanía entre lo que propone Trump en ambos países. 

No obstante, en ambos casos los nuevos mandatarios recibirán una situación post electoral compleja. Reciben países fragmentados y divididos prácticamente en dos mitades y sus administraciones reciben una dosis mayoritaria, pero limitada de legitimidad social de origen, lo que puede resultar en un gran limitante para la continuidad y la propia legitimidad de las políticas mismas. Esta por verse el carácter constitucional o no de las medidas que adopten, así como eventuales incumplimientos a obligaciones internacionales en materia de Derecho Internacional de los DDHH. Ello reduce sus capacidades y flexibilidad política para conducir políticas públicas que de por sí, resultan riesgosas en términos de estabilidad y conflictividad social. Particularmente, el nuevo gobierno de Colombia recibe un panorama de seguridad en extremo preocupante: 27,000 hombres en armas, 627 municipios (otros refieren 518, Bonilla, 2026) y 14 zonas en disputa, 253,000 has de coca y el 53% de incremento de producción de cocaína (Florez, 2026).

Una perspectiva de ese tipo, que tiene su modelo de acción en las políticas de seguridad del presidente Nahib Bukele en El Salvador, se reflejará también en los planes de seguridad ciudadana en ambos países, a través de medidas como: el incremento de figuras delictivas, restricción de derechos procesales, más cárceles y penas muy altas y desproporcionadas, mayores áreas bajo estado de excepción, ninguna de las cuales ha sido evaluada en sus funcionamiento y efectos. La presidenta electa Keiko Fujimori en el Perú, ha anunciado la adopción del “modelo Bukele” para la construcción de cárceles. En ese difícil contexto hemisférico, debemos pensar mas bien en retomar formas de cooperación multilateral armónicas y respetuosas, no impuestas, como las impulsadas desde la plataforma de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA): la creación de un Centro Regional de Cooperación Policial.  Los escenarios nacionales que veremos a continuación, nos muestran una situación compleja y riesgosa, que se acrecienta por las perspectivas de verse presionadas por dos políticas de control territorial muy similares y con las mismas omisiones de enfoque y estrategia. 

2. La Situación del lado de Colombia. 

Existe una fuerte diferencia entre los niveles de violencia que se viven a ambos lados del río Putumayo. El análisis y las implicancias del discurso de “mano dura” contra el crimen en el contexto colombiano, es muy distinto al mismo discurso realizado en cualquier otro país latinoamericano, incluidos El Salvador y Ecuador. En Colombia debe entenderse y analizarse la situación como la de un escenario muy complejo donde persiste un conflicto armado de más de cincuenta años de duración, degradado por la penetración de diversas economías ilícitas, distribuidas en múltiples y complejos escenarios geográficos. En ese escenario, en lo que va del siglo XXI se han intentado diversas experiencias de guerra y dialogo que no han logrado terminar con el conflicto ni el crimen: desde el “Plan Colombia” (2000-2005), el “Plan Patriota” hasta los diálogos que llegaron a los Acuerdos de La Habana del 2016 y que significaron el retiro formal de la principal guerrilla las FARC ( y sus Frentes 32 y 48 en el Putumayo), así como el paramilitarismo (2003). 

Sin embargo este aparente resultado positivo complejizó mas la situación al mantener y reforzar al ELN, y dar paso a nuevos actores irregulares provenientes de las disidencias. Es en ese escenario donde debemos intentar conocer y evaluar las propuestas del presidente electo De la Espriella bajo el concepto de “Seguridad Democrática 2.0”: plazo de 90 días para recuperar el control territorial mediante bloques de seguridad, fuerzas de tareas, dada de baja a 10 objetivos de gran valor, bombardeos y fumigación aérea de coca (Viteri, 2026). Estos anuncios, ya recibieron las primeras advertencias de la Defensoría del Pueblo. Una potencial securitización y militarización anunciada por el presidente electo  (ver Cuadro I) no solamente rompe los procesos que con tantos problemas y dificultades ha venido gestionando la administración Petro bajo el paraguas de la “Paz Total”, sino que agudiza las posibilidades de violencia contra población civil de esta región amazónica, que redundará en eventuales bloqueos, masacres, desplazamientos, entre los mas resaltantes violaciones a los DDHH. Se producirán mayores operaciones militares en el territorio, agudización de las acciones de interdicción policial y de erradicación forzosa de cultivos de coca, que ha demostrado ser una política limitada para la reducción de la oferta. 

Del lado colombiano, los territorios de los departamentos de Putumayo y en menor medida Amazonas, tienen una larga trayectoria de violencia política (1994-2008). El departamento de Putumayo es el segundo productor nacional de hojas de coca, después de Nariño. A decir de INDEPAZ, nos encontramos en un proceso de transición luego de los Acuerdos del 2016, seguidos de la desmovilización, el desocupamiento de territorios, y el post conflicto. Principalmente hablamos de una situación de disputa entre diversos actores armados por el control territorial y social que permitan el funcionamiento de corredores geográficos que facilitan el paso de armas, precursores, dinero, armas, insumos, recursos diversos, en dos ejes: uno, el de Cauca Amazonas, el otro, desde el departamento de Putumayo hacia la frontera con Perú /Brasil. Como consecuencia, a decir de Human Rights Watch, esta región sufre un largo historial de desapariciones, hostigamientos, amenazas, reclutamiento de menores, homicidios, desplazamiento forzado. 

Las implicancias del proceso de Paz Total implementada durante la administración Petro, enfocada en el caso del Putumayo, zona donde operan diversas estructuras irregulares y criminales de diversa índole (ver Cuadro II). Un proceso que pretende la incorporación a la vida civil de integrantes de dichos grupos. Se trata de un proceso entablado con la Coordinadora Nacional del Ejército Boliviariano que incluye a los Comandos de Frontera pero no al Grupo de Iván Márquez. Otro componente de las negociaciones es con el Estado Mayor de Bloques y Frentes, de la cual es parte el frente Raúl Reyes. El otro elemento es el Frente Carolina Ramírez que opera en el oriente del departamento de Putumayo, frontera con Amazonas y Caquetá. Para  tales efectos, se incluyó una Zona de Ubicación Temporal en el valle del Guamez, establecido por Resolución 053-2026.

La cuenca binacional del río Putumayo, configura tres escenarios diferenciados desde el punto de vista de la seguridad, el orden público, la delincuencia y el conflicto armado mismo, así como respecto al funcionamiento de la cadena productiva de la coca cocaína, y en menor medida el flujo de los recursos naturales que se extraen de la zona. En primer lugar tenemos el Alto Putumayo cercano al pie de monte andino cercano a los departamentos de Caquetá y Nariño, con cercanía a las zonas de producción y cristalización de la cocaína. Del otro lado, tenemos el Putumayo Medio una extensa zona de selva baja, por donde cruza el gran río aguas abajo, cubierta de pequeñas poblaciones ribereñas de proveniencia indígena en pleno departamento de Putumayo; finalmente, el sector del Bajo Putumayo cercano al Trapecio Amazónico tri fronterizo donde confluyen las grandes poblaciones de Leticia y Tabatinga y donde los intereses se vuelven no siempre convergentes.   

Una de las características mas saltantes del nuevo gobierno es el acercamiento inmediato con la diplomacia y el gobierno norteamericanos, en materia de seguridad, comercial y política. El mayor riesgo de esta decisión, es el anuncio del entonces candidato y ahora presidente electo de la Espriella del desmontaje de la política de “Paz Total” llevada a cabo por el gobierno de Gustavo Petro, que incluiría el desmontaje de la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP). El nuevo gobernante, aparte de mantener un discurso agresivo y violento contra sus opositores, rechaza cualquier camino de negociación con los grupos armados, desde el ELN hasta los de menor importancia. Dice: “la seguridad no se negocia, se impone con autoridad democrática, resultados medibles y control real del territorio”. Específicamente sobre TID, plantea: “aspersión aérea, uso de drones, erradicación manual, aspersión terrestre y programas de sustitución voluntaria, acompañados de presencia real del Estado con alternativas económicas legales”. De la Espriella califica cualquier intento de dialogo como una traición. Incluso ha anunciado poner fin a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Entre los principales ofrecimientos del presidente electo, tenemos:

CUADRO I: PROPUESTAS DEL NUEVO GOBIERNO DE COLOMBIA. 

Recuperación de control territorial	Pasar a la ofensiva en diversos territorios, desde Catatumbo hasta Putumayo
Reafirmar monopolio estatal de las armas	Rol preponderante del Ejército colombiano
Fortalecer fuerza pública	Incremento del pie de fuerza,  Bloques de Seguridad
Acelerar judicialización	Procesamiento y posterior extradición de nacionales

Todas estas medidas, pueden tener consecuencias en la mejora o el empeoramiento de la situación de seguridad en  el territorio amazónico, que se caracteriza por una pobre institucionalidad histórica. Se puede prever el  consiguiente incremento de acciones militares con todas las consecuencias hacia la población civil: desplazamiento forzado, reclutamiento, confinamiento, incremento de las víctimas mismas del conflicto. En el caso de los que ya han dejado las armas, corren el riesgo de caer en el conflicto y sufrir los ataques de la fuerza pública a las Zonas de  Ubicación Temporal (ZUT). Recientemente el responsable de la Misión de Verificación de la ONU ha publicado un informe donde pide “desescalar la retórica confrontacional”.

Según la Defensoría del Pueblo, el departamento del Putumayo es uno de los mas afectados por el fenómeno del reclutamiento forzoso, por parte de los grupos armados. Según Informe de UNIDIR, de los 14,000 desmovilizados el 2016, siguen en el proceso 12,000. El nombramiento como ministro de defensa del general (r) Jorge Mora López, con amplia trayectoria militar, en operaciones especiales, inteligencia y lucha contra el narcotráfico, confirma los dos objetivos del nuevo gobierno: recuperar orden público y reducir los cultivos de coca. En el caso de la cartera del interior, será ocupada por el abogado, senador, Rodrigo Lara Restrepo. La situación del narcotráfico en Colombia, es aun muy compleja, con amplias extensiones del territorio con grandes áreas cubiertas de mega cultivos de coca con una alta productividad (261,000 has de coca en 20 departamentos). Asimismo, persiste una compleja infraestructura de producción (procesamiento y cristalización) muy avanzada y manejo de al menos cuatro rutas de salida de la droga desde territorio colombiano hacia el Caribe, el Pacífico, Brasil y Venezuela.

CUADRO II: ACTORES ARMADOS

Frente Carolina Ramírez	Segunda Marquetalia	Comandos de la Frontera	La Constru
Alianzas con “Ivan Mordisco”	Responsable envío cocaína al Brasil, alianza cartel brasileño.	Ex Sinaloa La Mafia, extintos Frentes 48, 49, 32. Presencia en varias zonas del dpto.	Grupo criminal organizado

El 2025, según  OCHA, se produjo una intensificación del conflicto armado, especialmente en el Medio y Bajo Putumayo por el incremento de las economías ilícitas y la confrontación de los diversos actores con el Estado.  El principal obstáculo de De la Espriella, es que quiere mejorar la seguridad con menos Estado, y por otro lado, su discurso sirve de campaña, pero no garantiza eficacia, con tantas crisis de inseguridad y violencia híbrida (Del Castillo, 2026). 

3. La situación del lado del Perú. 

Se trata de una extensa área de frontera de selva baja, de las menos pobladas del país, especialmente por comunidades de los pueblos indígenas bora, huitoto, kitchwa, yagua, tikuna, ocaina y secoya, así como campesinos ribereños. Estas poblaciones mantienen los tristes recuerdos de lo que constituyeron las correrías y el genocidio del caucho provocado por los empresarios Arana y otros, entre 1880 y 1910 (San Román, 2015). 

Estas poblaciones dispersas, en los últimos años han venido sufriendo de una progresiva “narcotización” desde antes de la pandemia y que son reflejadas en la convivencia, amenazas e intrusiones de diversos grupos armados y criminales en sus territorios y chacras, a la que se ha sumado la creciente presencia de la minería ilegal en las riberas de los principales ríos. Ha existido un escaso interés histórico en el Estado peruano por los problemas de la amazonia y especialmente las zonas de frontera, cualquiera haya sido el gobierno de turno. La ausencia de canales permanentes de intermediación entre los diferentes gobiernos y las distintas formas de tejido social de la zona lleva a frecuentes situaciones límite, como son huelgas, bloqueos de rutas fluviales, o puntuales acciones violentas. 

Desde la perspectiva administrativa del lado peruano, tenemos que las EEIs se extienden al noreste de la región Loreto, en la provincia de Putumayo, principalmente los distritos de Teniente Manuel Clavero, Rosa Panduro, Putumayo y Yaguas. Respecto de la provincia de Mariscal Castilla, tenemos los distritos de Ramón Castilla, Pebas, San Pablo y Yavarí. La mayor acción de las FFAA en la región esta destinada a la construcción de carreteras en diversos trechos, desde la capital Caballococha, hacia las zonas de frontera, como lo acredita la presentación del general O´Connor Riglos, jefe de la 35 Brigada, ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso 

Históricamente la ribera del lado peruano del río Putumayo se ha visto influenciada por las actividades de los carteles colombianos históricos del narcotráfico (Cali y Medellín), hasta su caída a mitad de la década de los 90. En el ínterin, los diversos Frentes de las FARC se constituyeron en el actor armado mas importante en la región amazónica fronteriza. Posteriormente hasta la suscripción de los Acuerdos de Paz y la desmovilización de las FARC (2016), el territorio peruano se organizó alrededor de zonas de repliegue para este grupo armado que debió resistir los embates del gobierno de Alvaro Uribe durante el “Plan Colombia” y el “Plan Patriota”. El advenimiento de nuevos actores armados conceptualizados bajo la denominación de Grupos Armados Residuales (GAOR), ocuparon el territorio fronterizo dejado por las FARC, lo que les permitió utilizar el territorio peruano para el almacenamiento de recursos, materia prima y pertrechos, el transporte de los mismos, para sus actividades en el lado colombiano. A esta nueva realidad debemos anotar el interés de grupos criminales brasileños (Primer Comando do Capital, Comando Vermelho y Familia do Norte), y ecuatorianos (Los Choneros), en actuar alrededor del Trapecio Amazónico. 

En la actualidad, el avance del  narcotráfico se concentra en la provincia de Mariscal Castilla, que concentra la mayor cantidad de cultivos de coca de toda la región Loreto (UNODC, 2026) y donde confluyen las distintas organizaciones colombianas en períodos secuenciales de calma/violencia, según marchen los negocios ilícitos y las políticas de los tres países. Por el lado de la minería ilegal aurífera, esta región alcanza cifras récord en el ultimo bienio, especialmente en cuencas específicas del Nanay el Putumayo. El eje entre las localidades de Caballococha-Cuchillococha y Santa Rosa, es el mayor asentamiento urbano de esta región fronteriza del lado peruano, donde se realizan las transacciones ilícitas de manera bastante sencilla. La presencia de crecientes actividades tanto del narcotráfico como de la minería ilegal en las riberas de los ríos amazónicos al norte de Loreto, afecta principalmente a las comunidades nativas asentadas en las riberas de los ríos, tal es el caso de Flor de Agosto, Puerto Aurora, Nuevo Progreso y San Antonio del Estrecho, entre otras, cuyas poblaciones corren un doble riesgo, de ser amenazadas por grupos criminales trasnacionales y de ser criminalizadas por las autoridades del Estado. El agravamiento de la situación de convergencia de  las economías extractivas ilícitas en la región, proviene desde el 2014, lo cual complejiza la labor que deben desarrollar los organismos de seguridad del Estado peruano. Este, ha respondido bajo el establecimiento de sucesivos estados de emergencia, particularmente en las provincias fronterizas de Putumayo y Mariscal Castilla (37,412 kms cuadrados), que provienen desde el 2014 (D.S.057-2014-PCM), y así sucesivamente cada año, hasta el 2026 (D.S. 084 y 085-2026-PCM).  El problema es que ese marco de “emergencia constitucional” permanente, no ha sido acompañado de acciones administrativas, regulatorias y de ordenamiento territorial por parte del Gobierno Nacional y el Gobierno Regional, para impedir el crecimiento intensivo de dragas, campamentos, cultivos de coca y laboratorios de cocaína. 

La permanente recurrencia a la figura jurídica del estado de emergencia para combatir el TID, la minería ilegal y la criminalidad; ha ocasionado un  despliegue militar poco claros, sin objetivos, no ha tenido ningún efecto preventivo, disuasivo ni regulatorio. Desde el 2018, las FFAA fueron autorizadas para intervenir en acciones de interdicción anti narcóticos (Ley 30796), excediendo claramente su función constitucional y sus capacidades doctrinales. Mas bien un elemento en donde no se ha avanzado suficientemente es en la concreción de un sistema efectivo de vigilancia y control del territorio: originalmente, se conoció desde la década de los años 90 los proyectos SIVAM y SIPAM en Brasil que luego cayeron como “elefantes blancos” (AMAYO, 2017), y que sin embargo fueron compartidos mediante un Memorandum de Entendimiento entre Brasil y Perú (2003); recientemente se aprobó su  contra parte peruana (SIVAN y SIPAN) creados por Ley 32592 de mayo 2026.  Recientemente, se ha conformado un Grupo de Trabajo para establecer los alcances de un  Sistema Integral de Vigilancia y Protección del Territorio Nacional, Áreas Críticas, Fronteras y Amazonia peruana y ese es el camino correcto, siempre y cuando incorpore variables ambientales y socio económicas y no sea exclusivamente de uso militar.

Es por ello que desde la perspectiva policial militar, hay una presencia escasa de bases, destacamentos y capacidades focalizadas en las localidades de tan amplia frontera. A la cabeza, se encuentra el Comando Operacional de la Amazonia unidad militar integrada compuesta por 6,000 miembros de las tres fuerzas armadas, el Comando Unificado PUMA, así como la Quinta División en el Oriente (sede, Iquitos). Luego, tenemos a la 35 Brigada de Selva unidad militar creada recién el 2015 y con sede en Caballococha, y está compuesta de cinco Batallones, Números 49, 515, 525, 535 y un Batallón de Servicios, así como tres compañías especializadas de comando, Policía Militar y Comunicaciones. Como lo señalan distintos oficiales del Ejército peruano en sus trabajos de investigación para ascenso, esta unidad tiene serios problemas de recursos humanos, de transporte y comunicaciones muy limitados (Mesia Serrudo, 2021). El Ejército y particularmente esta unidad, en el 2018 asumió la tarea de conducir acciones antidrogas, sin estar capacitada ni pertrechada suficientemente para efectuar acciones de interdicción policial propiamente (Alarcón, 2019). Por ello es que han ocurrido periódicos problemas: serios problemas de interconexión entre ellas. Asimismo, se han producido denuncias por uso excesivo de la fuerza con población civil. El 18/7/26, se produjo la muerte de un soldado de esa unidad en un aparente ajuste de cuentas de grupos de traficantes. 

En cuanto al componente naval, desde la Capitanía de Puertos en Iquitos y sede de la Quinta Región Naval, funciona el Comando Operacional de la Amazonia. Se destacan particularmente los destacamentos navales de zona de frontera: Gueppí, Soplín Vargas, San Antonio del Estrecho, Chimbote y El Álamo, entre los mas importantes, donde se encuentra el Batallón de Infantería de Marina Número 1 y 2. A ellos, se debe agregar el trabajo que hacen las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS). Adicionalmente, se realizan periódicos ejercicios y entrenamientos con la Marina de Colombia y Brasil (COLPER, Asshop y BRACOLPER), así como UNITAS y SIFOREX, con la Marina norteamericana. Entre las principales unidades de la Flotilla Fluvial peruana, se encuentran el BAP “Castilla”, “Yavarí”, “Clavero” y “Morona” “Pastaza”.  

Un problema central para el próximo gobierno peruano es de carácter político: ¿Cómo va a enfrentar de manera distinta cada una de las economías extractivas ilícitas que funcionan en esta región? La Presidenta Keiko Fujimori, para poder empezar a ejecutar sus ofertas electorales, va a tener que reconstruir primero, la figura presidencial que en la última década fue vaciada de facultades y competencias, que le permitan ejercer no solamente la conducción del Estado, sino también en su calidad de jefe supremo  de las FFAA. Luego va a tener que desmontar el complejo tejido legislativo construido por el Congreso que ella misma manejó desde el 2016, para favorecer los intereses de los representantes del “pacto mafioso”, particularmente la legislación que promueve, facilita la realización y la formalización de determinadas actividades de extracción, o la que obstaculiza la labor de agencias del sistema criminal (Ministerio Público), de modo de garantizar un mínimo ordenamiento territorial en un espacio habitado ancestralmente por Pueblos Indígenas divididos en decenas de comunidades nativas. 

En tercer lugar, la presidenta deberá responder con eficacia y rapidez, bajo el temor que sea presionada por el gobierno del presidente Trump a realizar acciones específicas de interdicción, control y vigilancia militar en la Amazonia peruana, bajo el riesgoso concepto de “lucha contra el narco terrorismo y crimen organizado” acuñados por el presidente Trump, el secretario de estado Marco Rubio, y el secretario de guerra Pet Hegseth. Por ello, la presidenta Fujimori tendrá que reconstruir relaciones con países vecinos, incluida la inicial aceptación del presidente Lula del Brasil, aunque se augura una rápida re composición con Bogotá, para fortalecer las capacidades de monitoreo y control en la frontera bi y trinacional.

El reciente anuncio de la presidenta electa Keiko Fujimori de su incorporación al “Escudo de las Américas”, proporciona elementos preocupante sobre lo que se espera del nuevo gobierno. En una entrevista el Almirante Llosa lo describe como un gran anuncio y lo describe en el marco de la compra F16, la construcción de la nueva Base Naval al norte de Lima, en el marco del Programa Foreign Military Assistance, FMS, la reciente inclusión del Perú como aliado extra OTAN, son medidas que confirman el estrecho alineamiento de las FF.AA peruanas con la política de seguridad del presidente Trump. En el caso de la propuesta de la derecha mas conservadora en el Perú, es de alarma y justifica la adopción de los mayores medios para enfrentar la minería ilegal, pero no por el daño ambiental sino por amenazar el sistema tradicional de propiedad minera basado en las concesiones.

4. Conclusiones y Recomendaciones.

1. Se confirma la muy factible adhesión por parte de los nuevos gobiernos de Colombia y el Perú, de gran parte de las propuestas de políticas de los Departamentos de Estado y Defensa de los EE.UU en materia de seguridad, orden público, lucha contra la criminalidad y el narcotráfico, que incluyen infraestructura, capacidades, recursos, nuevas misiones, bajo el paraguas del “Escudo de las Américas” y el Putumayo binacional será uno de los escenarios identificados. 

2. El riesgo que ambas administraciones en Colombia y Perú, coincidan en ver su situación esencialmente como una cuestión militar, es que reduce la visión social y económica del problema, sus causas y características. Aumentan los riesgos de criminalizar al conjunto de la cadena productiva, sin poder separar la base social de las estructuras criminales organizadas.

3. De seguir así, la Amazonia bi nacional se consolidará como un escenario de convergencia y confluencia del narcotráfico, la actividad minera aurífera y maderera que van a potenciar su destrucción y la de los servicios ecosistémicos que presta; así, el río Putumayo se constituirá en la modalidad de transporte privilegiado, hacia el Atlántico sudamericano y Europa. No se deben descartar en ese escenario, posibles confrontaciones entre los propios países amazónicos.

4. A la luz de los acontecimientos del 2026, pensar en una interrupción sostenida de la cadena de producción del oro y la cocaína en la Amazonia sudamericana, no es probable. Así lo indican 50 años de escasos resultados en las políticas de “Reducción de la Oferta”; así como los costos adversos en materia de seguridad (México), salud pública (EEUU) y transgresiones a los DDHH (región andina).

Se recomienda:

1. Por la naturaleza de las economías extractivas ilícitas (aurífera, madera y cocaína), los instrumentos de gestión relacionados a las políticas públicas (indicadores, metas) deben hace prevalecer el carácter cualitativo antes que cuantitativo. Antes que cantidades de droga, insumos y materia prima decomisada, se debe priorizar la marcha de procesos de reintegración, ordenamiento territorial, formalización efectiva, cumplimiento de DDHH y ciudadanía.  

2. En materia de control y vigilancia del territorio frente a las EEIs, ambos países deben pasar de una competencia indiscriminada de seguridad territorial basada en una interdicción “a ciegas”, a un esquema cooperativo, mediante un Sistema interconectado de Monitoreo y Vigilancia mediante el uso de satélite y drones compartidos, así como la mejora de las capacidades fluviales de la Policía y las FFAA de ambos países, mediante embarcaciones medianas, especialmente hovercrafts, muy útiles para dichos escenarios.

3. Las acciones policiales deben dirigirse en primer lugar, a desmantelar estructuras y cúpulas criminales, usando medidas de delación, testigos, agentes encubiertos y otras formulas de investigación especializada. La actividad fiscal y judicial debe priorizar los procesos en flagrancia, para garantizar la construcción de casos. Por su parte, la actividad militar debe proporcionar todo el apoyo logístico y de pie de fuerza para recuperar el territorio particularmente de los PP.II y los sistemas de áreas naturales protegidas, de forma sistemática y progresiva. 

4. En el orden administrativo una etapa interdictiva debe ser inmediatamente acompañada de una política de ordenamiento basada y “pacto social” con los pueblos indígenas, con tres prioridades: (i) reconocimiento, titulación georreferenciación de territorios indígenas; (ii) protección del sistema de áreas naturales protegidas y (iii) una moratoria de actividades forestales y mineras en zonas críticas del ecosistema del Putumayo.

BIBLIOGRAFÍA

ALARCON ALARCON José Gabriel (2019) “Análisis de Participación de la 35 Brigada de Selva en la Lucha contra el Narcotráfico en Caballococha” Tésis de Grado, Escuela Superior de Guerra. En: https://repositorio.esge.edu.pe/server/api/core/bitstreams/f0d86fdd-adb8-45fd-a231-d9fdc89f4024/content

AMAYO ZEVALLOS Enrique (2017) en “Proyecto SIVAM brasileño y SIVAN peruano: ¿para proteger la Amazonía o la Nación? ¿La copia puede ser mejor que el original? Y algunas experiencias con posgrados en Perú y Brasil”. Revista Que Hacer, Número XX.

BONILLA Laura (2026) “La Ilusión Populista de la Seguridad en el programa de Abelardo de la Espriella”, Fundación Paz y Reconciliación, Bogotá, Colombia. En: https://www.pares.com.co/la-ilusion-populista-de-la-seguridad-en-el-programa-de-abelardo-de-la-espriella/

DEL CASTILLO Edelmina (2026)  “Mas bala y menos Estado. La contradicción de la seguridad que propone Abelardo De la Espriella”. En: https://revistaraya.com/mas-bala-y-menos-estado-la-contradiccion-de-la-seguridad-que-propone-abelardo-de-la-espriella.html

FLOREZ Javier Andrés (2026) “De la Espriella: El Reto de lograr seguridad sin salir de la democracia”, La Silla Vacía. En: De la Espriella: el reto de lograr seguridad sin salir de la democracia – La Silla Vacía

GONZALEZ Héctor (2024) Documento “Contexto de la Minería Ilegal en la Cuenca Putumayo Ica”, Wildlife Consrvation Society. 

MESIA SERRUDO Luis Antonio (2021) “Capacidad de Respuesta de la 35 Brigada de Selva para la realización de acciones militares en apoyo a la población frente al COVID 19”, Tesis de Grado, Escuela Superior de Guerra. En: https://repositorio.esge.edu.pe/server/api/core/bitstreams/e7c05502-b344-4bb5-a491-94d4e66b59d8/content

“Presencia Fluvial”, Boletín Oficial de la Comandancia de la Flotilla de Unidades Fluviales de la Amazonia, Marina de Guerra del Perú. Números 1 y 2, Marzo 2026.

RAMIREZ VEGA J. E. (2018). Unidades de soporte logístico (USL) tipo Hovercraft para la Marina de Guerra del Perú. Revista de Marina, 111(1), 87

SAN ROMAN Jesús Víctor (2015) “Perfiles Históricos de la Amazonia Peruana”, CETA.

SOBERÓN Ricardo (2026) “Tendencias Recurrentes en la Industria Global de la Cocaína. Impacto en la Amazonia peruana 2024-2025” en “La Encrucijada Amazónica. Decisiones Urgentes o Consolidación del Poder Criminal en el Perú”,  Amazon Watch y otros.

UNODC (2026) “Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024”, Bogotá, Colombia. En: https://www.unodc.org/rocol/uploads/documents/2026/InformeCC2024/Monitoreo_de_Cultivos_de_Coca_2024.pdf

UNODC (2025) “Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024”, Lima, Perú. En: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8283381/6868111-monitoreo-de-cultivos-de-coca-2024.pdf?v=1752075820

VITERI Mikel (2026), “El plan de seguridad de De la Espriella: Por qué Colombia no es El Salvador”,  Escudo Digital, 25 de junio. En: https://www.escudodigital.com/internacional/latinoamerica/el-plan-de-seguridad-de-de-la-espriella-por-que-colombia-no-es-el-salvador.html

______________________

*Ricardo Soberón Garrido es un abogado especialista en políticas de drogas, seguridad y defensa.

**Este artículo fue publicado originalmente en: https://www.otramirada.pe/politica/El-Putumayo-frente-a-los-nuevos-gobiernos-en-Per%C3%BA-y-Colombia