AIDESEP, CORPI SL, ORPIO y ORAU presentaron en Iquitos el estudio “Defensores indígenas y amenazas territoriales en Loreto”, elaborado con el apoyo técnico de la Asociación Fronteras Amazónicas (AFRONTA) y FCDS-Perú, ante autoridades regionales y representantes de instituciones públicas. Las organizaciones plantearon propuestas concretas para enfrentar las economías ilegales, garantizar la seguridad territorial y fortalecer los mecanismos de protección y autoprotección indígena.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las organizaciones indígenas de Loreto llevaron nuevamente a la agenda pública la situación que enfrentan sus territorios y quienes los defienden. Los días 10 y 11 de agosto, en Iquitos, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI SL), la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) presentaron ante autoridades e instituciones públicas el estudio “Defensores indígenas y amenazas territoriales en Loreto”.
El espacio reunió a representantes de la Policía Nacional del Perú, Poder Judicial, Ministerio Público, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto (DREM-L), Dirección Regional de la Producción (DIREPRO), Gobierno Regional de Loreto, Prefectura Regional, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, además de representantes de la sociedad civil y medios de comunicación.
En representación de las organizaciones indígenas participaron Beltraán Sandi Tuituy, presidente de ORPIO; José Murayari, vicepresidente de ORPIO; Zaira Rodríguez, lideresa del Programa Mujer de ORPIO; Agustín Lancha Pizango, vicepresidente de CORPI SL; Víctor Pizango Pua, presidente de la Federación de Comunidades Shawis del Armanayacu (FECOSHARMA), base de CORPI SL; Iveth Peña y Judith Nunta Guimaraes, integrantes del Consejo Directivo de ORAU. Por AIDESEP participó Felipe Tapia, asesor legal de la organización nacional indígena.
Un diagnóstico construido desde la realidad de los territorios
El estudio analiza las principales amenazas que afectan a los pueblos indígenas y a quienes ejercen la defensa territorial en Loreto, evidenciando la estrecha relación entre el avance de las economías ilegales y la vulneración de derechos colectivos.
Entre las principales amenazas identificadas se encuentran la tala y minería ilegal, el narcotráfico y los cultivos ilícitos, la explotación de hidrocarburos, el tráfico de tierras, la pesca ilegal y los impactos asociados a proyectos de infraestructura, además de la presencia de grupos armados y los conflictos derivados de la superposición de derechos sobre territorios indígenas.
Esta situación tiene impactos directos sobre la seguridad de las comunidades y de sus autoridades, dirigentes, vigilantes y defensores y defensoras indígenas. El estudio también identifica zonas donde estas amenazas presentan especial concentración, entre ellas las cuencas del Nanay y Putumayo, Yavarí, Datem del Marañón, Balsapuerto y Jeberos.
Para las organizaciones indígenas, sin embargo, estos problemas no pueden abordarse de manera aislada. Las amenazas territoriales, las economías ilegales, las brechas de servicios públicos, la inseguridad territorial y la falta de protección de los defensores forman parte de una misma problemática estructural que requiere una respuesta articulada del Estado y una participación permanente de las organizaciones indígenas.
Organizaciones indígenas plantean propuestas concretas al Estado
A partir de los hallazgos del estudio, CORPI SL, ORPIO, ORAU y AIDESEP presentaron ante las entidades estatales una agenda de propuestas orientada a fortalecer la protección de los territorios y de quienes los defienden.
Entre sus principales planteamientos se encuentra priorizar el cierre de brechas de servicios básicos en las comunidades nativas; fortalecer los recursos humanos y logísticos de las instituciones responsables de intervenir frente a las economías ilegales; y establecer una coordinación permanente entre las entidades estatales, las organizaciones indígenas regionales, federaciones y comunidades para atender los sectores críticos de los territorios.
Asimismo, demandaron evaluar los proyectos de carreteras desde un enfoque de derechos indígenas y prevención de riesgos; fortalecer la fiscalización de las autorizaciones que generan superposiciones sobre territorios comunales; avanzar en la titulación y georreferenciación de las comunidades nativas; y fortalecer los programas de aprovechamiento forestal y de fauna para las comunidades como una vía para impulsar la economía indígena y reducir la presión de las economías ilegales.
Un punto central de las propuestas es la necesidad de reconocer y fortalecer los mecanismos de autoprotección de los pueblos indígenas, como la vigilancia, el monitoreo y el control territorial, así como establecer protocolos de actuación interinstitucional que permitan coordinar respuestas frente a las amenazas y garantizar la protección de defensores y defensoras indígenas.
En ese sentido, Felipe Tapia, asesor legal de AIDESEP, enfatizó que las medidas de protección implementadas por el Estado deben ser coordinadas permanentemente con las organizaciones indígenas, y que es necesario interculturalizar los procedimientos estatales para reconocer las formas en que las comunidades generan, documentan y aportan información desde sus territorios. Las actas de las asambleas comunales, los reportes de vigilancia y las evidencias obtenidas mediante herramientas como drones pueden contribuir a las investigaciones frente a actividades ilegales, especialmente en zonas donde la presencia estatal es limitada.
Las organizaciones también plantearon fortalecer la cooperación entre Perú, Brasil, Colombia y Ecuador frente a las organizaciones criminales transfronterizas y mejorar las condiciones de atención de las poblaciones indígenas de las zonas fronterizas.
La protección territorial debe construirse con los pueblos indígenas
La presentación del estudio permitió abrir un diálogo directo entre las organizaciones indígenas y las instituciones responsables de la protección de los derechos, la seguridad, la justicia y la gestión ambiental en Loreto.
Para AIDESEP, CORPI SL, ORPIO y ORAU, proteger a quienes defienden los territorios implica también garantizar la seguridad jurídica de las comunidades, fortalecer sus sistemas propios de vigilancia y gobernanza y asegurar una respuesta estatal efectiva frente a las economías ilegales que avanzan sobre la Amazonía.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las organizaciones indígenas de Loreto colocaron en la agenda pública la situación de quienes defienden sus territorios y reafirmaron que su protección continúa siendo una responsabilidad ejercida desde las propias comunidades. Al mismo tiempo, demandaron al Estado asumir su obligación de garantizar condiciones efectivas para que los pueblos puedan vivir, gobernar y defender sus territorios con seguridad y dignidad.
El estudio cuenta con el apoyo de la Asociación Fronteras Amazónicas (AFRONTA) FCDS Perú y la Real Embajada de Noruega.
