Defender los derechos humanos y la naturaleza en la Amazonía sigue siendo una actividad de alto riesgo. En Colombia, Ecuador y Perú, quienes protegen los territorios indígenas enfrentan amenazas, criminalización y violencia por desafiar los intereses económicos, políticos y criminales que buscan controlar sus tierras y recursos.
Durante la presentación del informe regional «Defender la Amazonía bajo amenaza: violencia, criminalización y protección insuficiente de las personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en la Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú«, Amazon Frontlines reveló una realidad preocupante: las personas defensoras, organizaciones y comunidades Amazónicas de estos tres países están enfrentando mayores amenazas, procesos de criminalización, vigilancia, agresiones, desplazamientos forzados y otras formas de violencia asociadas a conflictos territoriales, actividades extractivas, economías ilícitas y disputas por el control de recursos estratégicos. (Fotos y grabación de la conferencia completa en el Kit de prensa).
El estudio, elaborado a partir del monitoreo y acompañamiento integral del Programa Defender Defensorxs de Amazon Frontlines entre julio de 2024 y mayo de 2026, documentó 39 casos de riesgo urgente que afectan a personas defensoras y colectivos en la Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú. Los casos revelan un patrón sistemático de hostigamiento, persecución y violencia contra liderazgos comunitarios, autoridades ancestrales y organizaciones territoriales de la alta Amazonía. El impacto de estas agresiones trasciende a las víctimas directas: fractura procesos comunitarios, debilita los gobiernos indígenas y compromete el control y la protección de sus territorios.
El análisis regional muestra que los riesgos adquieren características particulares en cada país, pero comparten causas estructurales: la expansión de actividades extractivas, el avance de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, y el debilitamiento de las garantías democráticas y del espacio cívico. En este contexto, la criminalización mediante el uso abusivo de mecanismos penales, administrativos y financieros constituye la amenaza más frecuente: representa el 39,5 % de los registros de amenazas. Le siguen las intimidaciones y amenazas directas, las presiones económicas, la ruptura del tejido social y el desplazamiento forzado o las restricciones a la movilidad. El informe identifica entre los principales actores responsables de las agresiones a integrantes de la fuerza pública, empresas mineras y otras empresas extractivas, grupos armados y actores del sector agroindustrial. Estas agresiones ocurren en zonas rurales y fronterizas con escasa presencia institucional efectiva.
Ecuador: La criminalización como política de silenciamiento
Al examinar la situación particular de cada país, el informe detalla que Ecuador enfrenta un acelerado deterioro del espacio cívico donde la criminalización representa el 53,1 % de las amenazas documentadas contra las personas defensoras. La persecución judicial, el uso de tipos penales ambiguos, los bloqueos arbitrarios de cuentas bancarias y la adopción de normativas restrictivas buscan neutralizar la protesta social y la oposición legítima a los proyectos extractivos en territorios amazónicos y rurales. Se evidencian patrones de persecución judicial, investigaciones penales infundadas, bloqueos arbitrarios de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y restricciones al espacio cívico agravadas por el Decreto 60 (fusión del Ministerio del Ambiente con Energía y Minas) y la Ley de Transparencia Social.
A estas prácticas se suma un contexto de estigmatización permanente que pretende vincular la defensa de los derechos humanos y la naturaleza con el auspicio de actividades ilícitas o la defensa de intereses criminales. Estos señalamientos deslegitiman a las personas defensoras y sus organizaciones, incrementan su exposición a agresiones y buscan justificar medidas de persecución en su contra.
Perú: Economías ilegales e impunidad sin ratificación de Escazú
En la Amazonía peruana, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico intensifican la presión sobre los territorios y la violencia contra quienes los defienden. Según registros de Aidesep al menos 15 personas indígenas fueron asesinadas en la Amazonía peruana desde el año 2020 a 2026. 38 en los diez años recientes; las guardias indígenas enfrentan graves riesgos al ejercer labores de vigilancia y protección territorial frente al avance de las economías ilegales. Esta crisis se agrava por las deficiencias en la implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección y la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú. La persistencia de las agresiones y la insuficiente respuesta estatal evidencian una grave brecha entre las obligaciones de protección del Estado y las garantías efectivas para defender los derechos humanos y la naturaleza.
Colombia: Violencia letal y crisis de garantías en los territorios
Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para defender la tierra y el ambiente. En 2024, Global Witness documentó 48 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente en el país. Pese a la declaración de un estado de cosas inconstitucional por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-546 de 2023, persisten graves amenazas contra quienes defienden los derechos humanos y los territorios.
En la Amazonía colombiana, el informe advierte que la violencia armada, el reclutamiento y las presiones asociadas a la deforestación comprometen la seguridad de las comunidades y el ejercicio del gobierno propio; afectando particularmente la labor de guardias indígenas y los liderazgos comunitarios. Frente a estas amenazas, los esquemas de protección individual de la Unidad Nacional de Protección (UNP) resultan insuficientes y a la fecha varios de ellos están siendo desmantelados.
Intervenciones de los voceros en conferencia de prensa (las intervenciones completas puede consultarlas en este link):
Freddy Piaguaje: Dirigente de la ACIPS, Pueblo Siona en el Putumayo (Colombia)
“En estos momentos en Colombia, el pueblo Siona ha sido bastante golpeado por el actor armado, hay desplazamientos, amenazas, reclutamientos de los jóvenes por medio de contratos con todo con todos los que quieren ser parte de estos grupos. Y uno, como líder indígena, tiene que hacerle frente a toda esta situación para defender el territorio, defender a la comunidad, defender a nuestros jóvenes y niños. Yo he sido amenazado de muerte en tres ocasiones. El gobierno de Colombia suspendió el proceso de paz en el Putumayo. Estamos en confinamiento porque para poder movilizarnos debemos pedir permiso al Estado. Pero hoy con esta situación que se viene de un gobierno que para todo lo soluciona a punta de bala, eso es preocupante porque estamos quedando en el medio de una confrontación.”
Viviana Calapucha, Defensora territorial de Tzawata-Ila-chukapi
“Y estoy aquí para denunciar la persecución, hostigamiento y todo el despojo territorial de una empresa que viene armada a hostigar y provocar a nuestra comunidad. Todos los días enfrentamos a los trabajadores de esa empresa en nuestro territorio. Cada día tumban nuestras chakras de cacao y maíz, tenemos que detener estos atropellos. Nuestra comunidad está atravesando una crisis de alimentación. Hemos denunciado ante las distintas instituciones públicas que nos están desplazando de nuestras comunidades. Más de 150 familias han sido desplazadas, sin que se reconozca cuánta gente indígena estaba viviendo en ese territorio. Nos llaman invasores. Nosotros somos dueños del territorio y tenemos todo el derecho de estar en este espacio y nunca nos vamos a ir porque es nuestra casa.”
Indira Vargas, Vicepresidenta de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (PAKKIRU)
“La criminalización y la estigmatización que es una política de Estado, es la instauración de un sistema que está criminalizando a dirigentes del movimiento indígena, dirigentes de organizaciones sociales, defensores y defensoras de la naturaleza y de los derechos humanos. Este Gobierno está causándonos daños psicológicos y económicos y todo esto también interfiere en las acciones y el ejercicio pleno de mi dirigencia actualmente. El Estado criminaliza con el presunto financiamiento al terrorismo y con acciones en represaria por exigir nuestros derechos frente a la defensa de nuestros territorios y de nuestros derechos frente a estos proyectos económicos que están impulsando el Gobierno. Estas situaciones no nos han permitido continuar nuestros procesos de organización.”
Fanny Kaekat Utitiaj, comunidad Maikiaunts, del pueblo Shuar.
“Estoy aquí para alzar una voz en nombre de nuestras defensoras y defensores. Siempre estamos protegiendo nuestro territorio y somos perseguidos. Siempre estamos al frente recibiendo presiones territoriales, de minería que contamina nuestros ríos, se violan nuestros derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y se provocan divisiones entre comunidades y familias. Aquí, en el Ecuador no existe institucionalidad de proteger a los defensores que están en defensa del territorio, por eso nosotras como mujeres estamos en pie de lucha y queremos exigir que se fortalezca la defensa de nuestros derechos, que se cese la criminalización y persecución a los defensores y defensoras. No somos criminales solo defendemos el territorio. Hago un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de Naciones Unidas para que velen por nuestros derechos, que exijan a los gobiernos que respeten nuestras vidas, que respeten nuestros derechos colectivos. Queremos vivir en paz porque nuestra selva es nuestra vida, es nuestra casa.”
Apu Julio Cusurichi Palacios, miembro del Consejo Directivo de AIDESEP (Perú)
“En el Perú, por defender nuestros territorios, nuestra Amazonía, nuestra vida somos criminalizados, somos denunciados, somos incluso muertos y hoy más. En estos últimos 10 años 38 hermanos murieron por defender su territorio. El Gobierno del Perú no está haciendo nada, y menos cuando hablamos de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). Están creando reservas territoriales y muchos ministerios se oponen a la presencia de los PIACI que tienen mucho más derecho que nosotros porque son altamente vulnerables. No tenemos justicia. Cuando sale una voz como líder, como indigena o una voz de cualquier organización, nos quieren callar, nos quieren desaparecer. En el Perú ya hay una iniciativa de más de 15 gobiernos territoriales autónomos, como alternativa a que no tengamos justicia. Yo he sido criminalizado, denunciado, mi denuncia llegó a nivel nacional pero se ha ordenado que se anule todo ese proceso que me han hecho por parte de una empresa maderera solo por defender a los pueblos indígenas en aislamiento.”
Oswando Nenquimo, presidente de la Organización Waorani de Pastaza (OWAP)
“Tenemos dos frentes de riesgo en la Amazonia: uno es el frente petrolero que amenaza a todo el territorio de la Amazonia, todos los riesgos que enfrentamos a las nacionalidades de Pastaza con similares. A pesar de que tengamos una sentencia ganada,el gobierno sigue impulsando la expansión petrolera. El segundo frente que nos amenaza es la minería con nuevas leyes que abrieron el catastro minero. Cuando nosotros vigilamos y protegemos nuestro territorio, el gobierno nos amenaza con criminalizar a nuestro líderes, a nuestros compañeros que están defendiendo día a día. El gobierno dice que somos terroristas cuando nosotros cuidamos, con nuestros sabios y nuestros líderes. Pido a la comunidad de Ecuador y a la comunidad internacional que sigan apoyando y defendiendo nuestros derechos en la Amazonia. Que no nos dejen solos, que se unan a esta lucha para seguir cuidando a nuestra gente y nuestro pueblo. Nuestra selva no está a la venta, nuestras selva se defiende, Aquí estamos para denunciar al Estado ecuatoriano que está criminalizando, hostigando a nuestros líderes”.
Maria Espinosa, Defensora de DDHH y líder del programa Programa Defender Defensorxs de Amazon Frontlines.
“Defender los derechos humanos, los derechos colectivos y la naturaleza en la Amazonía nos está costando la vida. En Perú, Colombia y Ecuador, los Estados incumplen su deber de proteger a quienes defendemos DDHH y en muchos casos utilizan sus instituciones para perseguir y criminalizar nuestra labor. Esto debilita la democracia y pone en riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas, cuyos territorios enfrentan la expansión extractiva y el avance de grupos armados y economías ilegales. Las agresiones contra autoridades, guardias y liderazgos indígenas afectan a comunidades enteras y a sus formas de gobierno. Por eso, la protección debe responder a la dimensión colectiva del riesgo, con medidas diferenciadas, culturalmente adecuadas y construidas con los pueblos. Proteger exige garantizar la vida sin imponer el desarraigo: que los pueblos puedan permanecer seguros en sus territorios, ejercer su autonomía y mantener sus formas de vida.”
Principales hallazgos del informe Defender la Amazonía bajo amenaza
- Dimensión colectiva de la protección: El 29,4 % de las medidas de apoyo benefició a organizaciones de derechos humanos, org. indígenas o comunidades; el 23,5 %, a guardias indígenas; y el 17,6 %, a personas defensoras indígenas a título individual. Estos datos subrayan la importancia de fortalecer las estructuras comunitarias y organizativas que sostienen la defensa territorial.
- Criminalización como principal amenaza: El uso abusivo de mecanismos penales y administrativos representó el 39,5 % de los registros de amenazas, seguido de intimidaciones, agresiones y amenazas directas (23,7 %), presiones indebidas(15,8 %), ruptura del tejido social (13,1 %) y desplazamiento forzado, confinamiento, constreñimiento y restricciones a la movilidad (7,9 %).
- Actores señalados como responsables: El informe identifica a los siguientes actores como presuntos responsables de los riesgos y amenazas registradas: policías, militares y otros actores estatales, con 14 menciones; empresas extractivas-mineras y/o personas vinculadas a estas, con 13; actores armados irregulares, con 8; empresas agroindustriales, con 4.
- Necesidades prioritarias de protección: Entre las acciones registradas para mitigar los riesgos destacan la asistencia técnica legal (25 %), el apoyo para movilización segura (16,7 %) y las medidas de seguridad física (15 %). También se registran asistencia médica o psicológica (8,3 %) y medidas de protección espiritual y comunitaria (8,3 %).Estas necesidades evidencian la importancia de una respuesta integral que articule protección jurídica, movilidad y seguridad.
Ante esta realidad insostenible, Amazon Frontlines hace un llamado urgente a los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú para:
- Poner fin a la criminalización, la estigmatización y los ataques contra las personas defensoras. Cesar el uso arbitrario de mecanismos penales, administrativos y financieros para perseguir, silenciar o debilitar a quienes defienden sus territorios, se oponen a proyectos extractivos o ejercen su derecho a la protesta. Las autoridades deben abstenerse de promover discursos que legitimen las agresiones y garantizar que ninguna institución estatal sea utilizada como instrumento de persecución.
- Investigar y establecer responsabilidades en toda la cadena de las agresiones. Investigar de manera pronta, independiente y exhaustiva a quienes ejecutan, ordenan, financian o facilitan los ataques, incluidos funcionarios públicos cuando corresponda. Las investigaciones deben conducir al juzgamiento y sanción de los responsables, garantizar reparación integral a las víctimas y adoptar medidas efectivas para impedir nuevas agresiones.
- Garantizar protección colectiva e intercultural con participación y decisión de los pueblos indígenas. Adoptar medidas acordadas con las comunidades, con presupuesto suficiente y mecanismos de respuesta inmediata. La protección debe reconocer y fortalecer a las guardias indígenas, los gobiernos propios y el control territorial, atendiendo los riesgos que enfrentan las comunidades en su conjunto. Los esquemas individuales son insuficientes cuando las amenazas buscan someter a un pueblo y despojarlo de su territorio.
- Cumplir los estándares internacionales y hacer efectiva la protección prevista en el Acuerdo de Escazú. Exigir a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Perú que adopten, sin más dilaciones, las medidas necesarias para su ratificación. En Ecuador y Colombia, garantizar su implementación efectiva mediante presupuesto, responsabilidades institucionales y mecanismos de rendición de cuentas, especialmente para prevenir, investigar y sancionar las agresiones contra las personas defensoras y asegurar el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental.
Es imperativo que los Estados de Colombia, Ecuador y Perú cumplan rigurosamente con sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar los derechos de quienes sostienen la vida, la biodiversidad y el futuro de la Amazonía. Proteger a las personas defensoras en la Amazonía no solo representa el cumplimiento de compromisos estatales e internacionales en materia de derechos humanos, como el Sistema de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Constituye una condición ineludible e indispensable para la salvaguarda de la biodiversidad global, la justicia climática y la preservación de los ecosistemas estratégicos que sostienen la vida en el planeta, respaldada por las Convenciones de Río de Naciones Unidas.
