Organizaciones indígenas destacaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y propusieron los corredores territoriales como estrategia integral dentro del Régimen Especial Transectorial (RET), establecido en la Ley N.° 28736, Ley PIACI.
La iniciativa busca enfrentar de manera efectiva las amenazas de la minería ilegal, el narcotráfico y la deforestación, superando los límites de las reservas indígenas tradicionales. Estos corredores permiten una visión integral de los territorios PIACI, asegurando una protección más amplia y continua.
Los corredores territoriales fueron presentados como una propuesta estratégica surgida desde el territorio, abarcando diversas categorías legales, áreas protegidas, bosques y territorios que incluso trascienden las fronteras nacionales.
Esta propuesta articula la gobernanza de los pueblos que habitan en los alrededores de los territorios PIACI y refuerza la protección de la biodiversidad existente en estos territorios.
“Los corredores territoriales miran los territorios de los PIACI en su conjunto para una mejor protección, más allá de los límites de las reservas indígenas, que son polígonos establecidos en áreas de libre disponibilidad”, explicó Beatriz Huertas, antropóloga especializada en PIACI.
“Son verdaderos escudos que protegen a nuestros hermanos en aislamiento”, añadió Héctor Rodríguez, asesor legal de ORPIO, al presentar los avances del programa PIACI en el corredor Yavarí–Tapiche.
Los datos del Mapa de Amenazas en Áreas de influencia al Corredor Territorial Yavarí Tapiche , ORPIO 2025, evidencian la urgencia de estas medidas. Entre 2021 y 2024, se perdieron aproximadamente 31,840 hectáreas de bosques primarios.
Asimismo, solo en 2025 se registraron 137,167 alertas de deforestación. Además, se identificó superposición de concesiones hidrocarburíferas y forestales, expansión de cultivos de hoja de coca, tala ilegal e incendios forestales.
Roberto Tafur, de la plataforma para la protección del Corredor Territorial Yavarí–Tapiche, destacó la importancia de la acción colectiva: “Ahora estamos luchando contra los gobiernos locales y regionales, que no consideran a los PIACI y destruyen la naturaleza y los bosques. Queremos que las universidades sepan que estamos defendiendo vidas”.
Beatriz Huertas recordó que la implementación del RET se ha enfrentado a múltiples barreras durante décadas, incluso pese a la existencia de más de 62 normas legales para proteger a los PIACI.
Además, resaltó el trabajo histórico de las organizaciones indígenas para crear reservas y corredores, movilizando recursos técnicos, legales e internacionales para garantizar una protección efectiva.
Jorge Pérez Rubio, presidente de AIDESEP, subrayó que es necesario exigir al Estado, en todos sus niveles, compromisos claros y generación de recursos para garantizar una protección segura y a largo plazo.
Señaló que la revisión de la Ley PIACI debe aprovecharse para reforzar la protección de los territorios y evitar que intereses externos debiliten los derechos de los PIACI.
El balance presentado dejó claro que la protección de los PIACI requiere no solo la creación de reservas, sino también la consolidación de corredores territoriales, el fortalecimiento del RET y la articulación real entre Estado, sociedad civil y comunidades indígenas.
Todo esto fue presentado y discutido en el encuentro “A 19 años de la Ley PIACI: balance y desafíos”, realizado el 26 de agosto en el Anfiteatro Armando Zolezzi de la Facultad de Derecho de la PUCP en el distrito de Pueblo Libre, Lima.
La actividad reunió a dirigentes indígenas, especialistas técnicos, representantes de la sociedad civil y del Estado, incluyendo a la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Unión de los Pueblos Indígenas del Valle de Javari (Univaja), de Brasil, con el objetivo de evaluar avances y desafíos en la implementación del RET.
