La cesión en uso limita la seguridad jurídica territorial de las comunidades indígenas y mantiene diferencias en el reconocimiento de sus derechos según la clasificación y el uso atribuido a las tierras.
Iquitos / Lima, Perú, 22 de octubre de 2026.- Una delegación de la Organización Indígena Secoya del Perú (OISPE) nos reunimos con autoridades estatales, parlamentarias, con la academia y con representantes de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales en la ciudad de Lima, entre el 14 y 16 de octubre de 2026 para visibilizar la situación territorial del pueblo Secoya, dar a conocer su demanda de titulación integral ante el Tribunal Constitucional y promover el respaldo público al reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Este proceso constitucional podría generar un precedente histórico en la garantía de derechos de los pueblos indígenas de Perú.
En el marco de los diálogos sostenidos con representantes del ámbito parlamentario y político, destaca la reunión con la senadora Patricia Iturregui del Partido de Buen Gobierno, quien ha manifestado su preocupación por la grave situación de inseguridad en el que vive el pueblo Secoya, que como muchos otros pueblos, enfrentan diariamente amenazas y ponen el cuerpo.
Desde OISPE invitamos a otras representantes del Poder Legislativo, afines a las luchas estructurales de los pueblos indígenas, como las senadoras Ruth Luque y Mirta Vásquez, del Partido Ahora Nación y a la congresista Gianina Avendaño de Juntos por el Perú, a poner en el centro del debate el retroceso y la deuda histórica que mantiene el Perú en materia de reconocimiento y titulación de los territorios indígenas. En este sentido, OISPE reconoce la importancia de la iniciativa para crear una comisión multidisciplinaria que aborde los asuntos de los pueblos originarios en la agenda legislativa.
En el coloquio académico “Titulación con cesión en uso del territorio de las comunidades nativas: una mirada crítica desde los pueblos indígenas”, realizado el 15 de octubre en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), académicos, organizaciones de la sociedad civil y representantes del pueblo Kichwa de Puerto Franco compartieron sus preocupaciones sobre cómo la cesión en uso limita la seguridad jurídica territorial de las comunidades y mantiene diferencias en el reconocimiento de sus derechos según la clasificación y el uso atribuido a las tierras. Asimismo, el diálogo permitió intercambiar experiencias y reflexiones sobre la necesidad de impulsar cambios normativos que garanticen la titulación integral de los territorios indígenas, en consonancia con sus derechos colectivos.
Desde la OISPE consideramos que es urgente emprender acciones concretas. Por ello, hacemos un llamado público a las organizaciones indígenas, a las organizaciones de derechos humanos, a las instituciones de la sociedad civil y a las redes nacionales e internacionales de defensa de los pueblos indígenas para que se sumen a la demanda por el reconocimiento pleno e integral de la propiedad sobre nuestros territorios y respalden el proceso constitucional impulsado por el pueblo Secoya ante el Tribunal Constitucional.
Este caso no es solamente una demanda del pueblo Secoya, sino que representa una oportunidad histórica para resolver la brecha de seguridad jurídica que afecta a más de 2.500 comunidades indígenas en el Perú y para que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos territoriales.
El derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios no puede reducirse a una figura “de préstamo” que no garantiza nuestra vida plena en el territorio que hemos habitado ancestralmente.
Por ello, contamos con el firme compromiso de nuestras organizaciones de referencia nacional y regional: AIDESEP y ORPIO, organizaciones indígenas que vienen desde hace más de 40 años luchando por la garantía de los territorios indígenas que representa la existencia mismo de los pueblos, en contextos cada vez más.
