Tras más de una década de impunidad, este lunes 4 de mayo fue capturado José Carlos Estrada Huayta, uno de los condenados por el cruel asesinato de los cuatro líderes ashéninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, en la región Ucayali.
El crimen conmocionó al país y a la comunidad internacional, cuando los líderes Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima fueron emboscados y asesinados luego de recibir varias amenazas por defender su territorio ancestral de la tala ilegal.
Estrada Huayta fue detenido luego de permanecer prófugo durante meses, pese a contar con una sentencia firme de 28 años y 3 meses de prisión, confirmada en segunda instancia en 2025. Su captura se produjo en el distrito de Campoverde, en la provincia de Coronel Portillo (Ucayali), tras haber sido incluido en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior.
Un caso emblemático en la defensa de la Amazonía
El caso Saweto marcó un antes y un después en la lucha contra la tala ilegal y la violencia hacia los defensores indígenas en el Perú. Durante años, las familias de las víctimas y las organizaciones indígenas exigieron justicia frente a la inacción estatal y las constantes dilaciones del proceso judicial.
La sentencia contra los responsables —empresarios madereros y sus cómplices— estableció su responsabilidad por homicidio calificado con alevosía, así como el pago de una reparación civil a favor de los familiares.
Sin embargo, pese a la condena, tres de los sentenciados permanecen prófugos, lo que impide la ejecución efectiva de la justicia y sigue generando preocupación por la persistencia de la impunidad en crímenes contra defensores indígenas.
Lo que sigue: ejecución de la sentencia
Tras su captura, Estrada Huayta será puesto a disposición del Poder Judicial para la ejecución inmediata de su condena y su traslado a un establecimiento penitenciario, donde deberá cumplir la pena impuesta.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) saluda este avance en la búsqueda de justicia, pero reitera que aún no es suficiente. La justicia debe ser completa y efectiva: todos los responsables deben ser capturados y sancionados, y el Estado debe garantizar la protección de los pueblos indígenas frente a las amenazas que enfrentan por defender sus territorios.
La memoria de Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima continúa siendo un símbolo de resistencia frente a la violencia y la impunidad en la Amazonía.
