- La Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó la sentencia en primera instancia de 28 años y 3 meses de cárcel, así como incrementó el monto de la reparación civil para las familias de las víctimas.
- Desde lo sucedido el 1 de septiembre del 2014, la calma aún no llega para las viudas de los líderes indígenas, pues a la fecha se desconoce el paradero de los sentenciados.
El 25 de agosto de 2025 fue una fecha clave para el caso Saweto luego de que la Primera Sala Penal de Apelaciones ratificó la sentencia de 28 años y 3 meses de cárcel contra los asesinos de los cuatro líderes y autoridades indígenas. Esta resolución se dio después de once años del macabro asesinato de Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, autoridades de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto (Ucayali). A un mes de este fallo judicial, ¿cuál es la situación de los acusados y qué pasó con la seguridad de las viudas?
Luego de ocho horas de la audiencia de lectura de sentencia, los madereros ilegales Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta fueron declarados como autores mediatos del crimen, mientras que los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, como los autores materiales. Los jueces dispusieron la ejecución de la pena y, en consecuencia, su inmediata reclusión penitenciaria. A ello, también se suma el pago de la reparación civil de S/100 mil a favor de las familias de cada uno de los líderes asesinados.
A pesar de que esta resolución en segunda instancia constituye un paso trascendental en la ardua lucha contra la impunidad emprendida por las familias de los líderes ashéninkas asesinados, desde el crimen perpetrado el 1 de septiembre del 2014, los sentenciados aún no han sido aprehendidos.
“La orden de captura ha sido emitida y es de conocimiento que los sentenciados ya han presentado un recurso de casación a través de sus defensas. No obstante, hasta el momento los responsables del crimen continúan libres”, indicó Jessica Quiroz, abogada de Francisco Pinedo y Jorge Ríos.
Las viudas de los líderes de Saweto temen por sus vidas debido a las amenazas que han sufrido anteriormente por buscar justicia y a las represalias que pueden tomar los familiares de los asesinos. De acuerdo a la información brindada, algunos de los sentenciados estarían viviendo en el Centro Poblado de Putaya, a pocos minutos de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto.
“Es urgente que las autoridades policiales puedan capturar a los asesinos. Recordemos que en el caso Saweto se ha logrado la primera condena significativa relacionada con crímenes en que líderes indígenas peruanos fueron las víctimas, lo que representa un precedente para los más de 30 defensores indígenas asesinados en los últimos años y deja un mensaje de resistencia y esperanza frente a la impunidad”, mencionó la abogada Rocío Trujillo, abogada de Edwin Chota.
En ese sentido, la defensa legal de las familias ha solicitado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanosque que se activen de inmediato las alertas y que se apliquen los protocolos de protección estatales para las viudas y familiares de los cuatro líderes de Saweto.
Al respecto, el vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Miguel Guimaraes, señaló que “es importante que mientras los asesinos sigan desaparecidos, a las viudas se les brinde la seguridad necesaria. No se debe bajar la guardia hasta que los sentenciados cumplan su condena. Las organizaciones indígenas seguimos vigilantes y esperamos que este caso no quede en la impunidad, a pesar de la sentencia condenatoria y el logro que ha representado”.
Urgencia de la implementación del Plan de Acción Saweto
A través de reiteradas comunicaciones formales y en varios espacios de diálogo, AIDESEP y la Organización AIDESEP Ucayali (ORAU) han hecho un llamado urgente para que el Estado cumpla garantizar la participación de las organizaciones indígenas y las autoridades de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto en la socialización y validación en la actualización del “Plan de Acción Saweto 2024” y su pronta implementación.
Como se recuerda, este documento fue creado en el 2015 por iniciativa del Ejecutivo para atender las necesidades de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, luego de la masacre a los cuatros líderes y autoridades indígenas. Sin embargo, como comentó la abogada Jessíca Quiroz: “más de diez años después, este plan no ha sido actualizado de manera participativa donde se incorporen las necesidades de la comunidad, solo se ha convertido en promesas inconclusas y mucha desprotección para la comunidad Alto Tamaya Saweto y las viudas”.
El 15 de abril de 2024, cuatro días después de la sentencia en primera instancia contra los madereros Hugo Soria, José Estrada y los hermanos Atachi Felix, la presidenta Dina Boluarte se reunió con los deudos en Lima, con la presencia de la comunidad internacional, y prometió pensiones de viudez, atención en salud, educación y vivienda, así como desarrollo de los proyectos pendientes. También a dotar de seguridad a Alto Tamaya-Saweto, entre otras acciones. En pocas palabras, se comprometió a actualizar dicho plan que quedó pausado e incumplido en su momento.
Luego de ello, si bien hubo viajes de delegaciones ministeriales a la comunidad, no se habilitó la electrificación, la seguridad ni los caminos y las viudas aseguran que no han podido acceder a los bonos por las pérdidas de sus esposos. Es a partir de esta situación que organizaciones de cooperación han brindado apoyo a las familias para atender algunas de sus necesidades.
“Exhortamos al Estado peruano que pronto socialice y valide la actualización del Plan de Acción Saweto con las autoridades de la Comunidad Nativa Alto Tamaya Saweto y que su aprobación sea con una resolución ministerial. Es urgente que se avance con lo que Boluarte prometió a las viudas del caso Saweto. Para esto, venimos sosteniendo reuniones con representantes del Ministerio de Cultura, la Presidencia del Consejo de Ministros y las autoridades de Saweto. También, nos hemos reunido con el Alto Comisionado de Naciones Unidas y representantes de ONU Mujer, FAO y la Organización Internacional de Trabajo, quienes se han comprometido a dar seguimiento a dicho documento”, dijo Guimaraes.
