Desde 2015, la LFFS prohíbe otorgar concesiones en territorios de pueblos indígenas aislados y en contacto inicial. Gobiernos regionales, como el de Loreto, en flagrancia y sin freno.
Los territorios de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) en el Perú han sido continuamente invadidos y depredados por actividades extractivas legales e ilegales permitidas y en algunos casos impulsadas directamente por gobiernos regionales y por el gobierno nacional, en clara violación a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) y sus cuatro reglamentos, que han cumplido ocho años de vigencia.
La prohibición de otorgar concesiones forestales en los territorios de las reservas indígenas, así como en áreas en trámite para la creación de estas reservas para la protección de los PIACI, están especificadas en la LFFS y sus reglamentos, que se encuentran vigentes desde el 1 de octubre de 2015. Esta ley incorporó principios de gobernanza, consulta previa, inclusión social, interculturalidad, enfoque ecosistémico, mejoramiento continuo y transparencia, que previamente no existían en la legislación forestal peruana.
Sin embargo, actividades como la tala y el narcotráfico están generando una mayor violencia contra las organizaciones y defensores indígenas e incluso comunidades enteras, que además de las violaciones a derechos humanos a las que se enfrentan por otras actividades extractivas que por décadas han sido permitidas por las autoridades peruanas: minería, producción petrolera, cambios de uso de suelo para proyectos carreteros, urbanos, agricultura o ganadería a gran escala.
El caso del Gobierno Regional de Loreto
Uno de los casos más preocupantes de violaciones sistemáticas a la ley forestal es el cometido por el Gobierno Regional de Loreto (GOREL). Esta instancia ha otorgado, desde el año 2015 en adelante, 47 concesiones forestales ilegales que abarcan cerca de tres mil kilómetros cuadrados (equivalente a unas 300,000 hectáreas). Asimismo, ha otorgado derechos que han propiciado oleadas de invasiones masivas de madereros en territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA). Y, con ello, viene afectando a la Reserva Indígena Yavarí Tapiche (ver mapa) y a la Reserva Indígena en trámite de creación Yavarí Mirim (ver mapa), la que también se encuentra dentro de la cobertura de la prohibición establecida por la Ley Forestal.
En mayo de 2023, el Poder Judicial ratificó una sentencia firme que obliga al GOREL a no otorgar ni reactivar concesiones forestales que se superponen a las reservas indígenas y reservas indígenas en trámite. Sin embargo, hasta el momento la gestión actual de dicho gobierno regional no ha cumplido con esta sentencia y no ha anulado las concesiones forestales ilegales. El caso también fue presentado por medio de una queja de cumplimiento del capítulo ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre el Perú y Estados Unidos.
El doble rasero del GOREL se torna grosero porque por un lado, otorga concesiones ilegales en el territorio que habitan los pueblos indígenas en aislamiento y, a la vez, participa en espacios donde se toman decisiones sobre la mitigación del cambio climático, firmando acuerdos para conservar los bosques y salvaguardar los derechos humanos. En ese sentido, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) presentó una queja formal ante el Governors Climate Task Force (GCF) denunciando la violación de los derechos de los PIACI y de la Ley Forestal.
“Se cumplen ocho años de la entrada en vigencia de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos, que prohíben otorgar concesiones forestales en las reservas indígenas creadas y aquellas que están en trámites de creación, habitadas por nuestros hermanos indígenas aislados. Sin embargo, vemos con preocupación y tristeza que el Gobierno Regional de Loreto viene infringiendo esta ley porque, en los últimos años, ha otorgado más de 40 concesiones forestales ilegalmente en las áreas de las Reservas Indígenas Yavarí Tapiche (creada) y Yavarí Mirim (en trámite). Hacemos un llamado al Estado peruano para que anule estas concesiones forestales ilegales de una vez”, señaló el apu Julio Cusurichi, dirigente de AIDESEP.
El Ministerio de Cultura, el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Pueblos del Congreso de la República han cursado más de 18 oficios al GOREL advirtiendo que las concesiones forestales son “nulas de pleno derecho” por ser ilegales y solicitan que proceda a su nulidad. No obstante, llama la atención que el SERFOR, ente rector en materia forestal y con competencias para anular procedimientos de esta naturaleza, no haya tomado acciones legales contundentes contra el GOREL.
“Varias instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Pueblos del Congreso de la República han enviado múltiples documentos pidiéndole al GOREL que anule las concesiones ilegales que cubren casi tres mil kilómetros cuadrados del territorio de vida de nuestros hermanos PIACI. No vemos la voluntad de las autoridades para anularlas y siguen existiendo de manera ilegal y con total impunidad hasta el día de hoy”, acotó Julio Cusurichi.
La operación de concesiones forestales representa una invasión masiva en el territorio donde habitan los pueblos indígenas aislados que corren el riesgo de contagiarse de enfermedades transmitidas por extraños que incursionan en esas zonas, incrementando el riesgo de muertes masivas de indígenas aislados. Cualquier operación que afecte sus fuentes de alimentación les vulnera porque para sobrevivir dependen al 100% de los recursos y del buen estado del bosque.
La lucha indígena logra cancelación de ley anti-PIACI
Desde 2022, el GOREL se ha aliado con dudosos actores para ayudar a implementar una campaña política y de desinformación que rechaza la existencia de los pueblos indígenas en situación de aislamiento en Loreto. Asimismo, ha organizado tres foros públicos para difundir esta oposición y en septiembre del año pasado lanzaron la campaña “Loreto no a la Ley PIACI”. Luego, en noviembre de 2022, medios de comunicación de todo el mundo reportaron que una nueva iniciativa de ley (Proyecto de Ley 3518/2022-CR) que amenazaba la existencia de los PIACI y pretendía debilitar la ley que les protege que se encuentra vigente desde 2006
Esta iniciativa, conocida como el proyecto de ley del genocidio PIACI, habría sido orquestada por los sectores forestal y petrolero peruanos, junto con el Gobierno Regional de Loreto para modificar la ley que obliga al Estado a establecer y proteger las reservas para los pueblos indígenas en aislamiento. Gracias a los esfuerzos y la presión de AIDESEP, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), otras organizaciones indígenas y organizaciones civiles, se logró que el proyecto de ley del genocidio de los PIACI fuera rechazada en tres comisiones del Congreso Peruano entre mayo y julio de 2023, y con ello, la ley que protege a los pueblos en aislamiento y contacto inicial se mantuvo firme.
El doble discurso de Perú sobre derechos indígenas y protección a los PIACI
Las posturas del gobierno peruano en el exterior respecto a la protección de derechos indígenas, acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y la protección a la biodiversidad en el territorio son incongruentes con las acciones que se dan al interior del país. Estas acciones de entidades como el GOREL sabotean los esfuerzos nacionales y de protección de la Amazonía, las metas de clima del Acuerdo de París, de la COP 27 y los acuerdos de la Convención de Biodiversidad de Kunming -Montreal, donde se reconocen los territorios de los Pueblos Indígenas y que “todo uso sostenible, cuando proceda en dichas zonas, sea plenamente coherente con los resultados de la conservación, reconociendo y respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.
Dina Boluarte y los pueblos indígenas
En su mensaje a la nación, el pasado 28 de julio, Dina Boluarte dejó fuera del discurso temas críticos para el país como deforestación, cambio climático y protección de los pueblos indígenas. Algo que fue evidente desde los meses previos, cuando una iniciativa amenazó a los pueblos indígenas en aislamiento y la presidencia de la nación evitó pronunciarse al respecto.
Cumbre Amazónica sin hoja de ruta para proteger la cuenca
En la Cumbre Amazónica, que tuvo lugar en Belém (Brasil) el pasado 8 y 9 de agosto, Boluarte se refirió constantemente a los pueblos indígenas como “comunidades nativas” tanto en sus pronunciamientos como en las comunicaciones de la presidencia durante ese evento regional. Esto denota que el gobierno del Perú desconoce y hace una omisión al derecho de estos pueblos a ser reconocidos, como establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, vigente desde 2008. En esa Cumbre y por primera vez, reconocieron que la Amazonía se encuentra en el punto de inflexión, sin embargo, los líderes no lograron delinear una hoja de ruta clara sobre cómo abordar los enormes desafíos ambientales frente a la selva tropical.
Postura de Perú en 78va Asamblea General de Naciones Unidas
Durante su participación en el Debate General de la 78va Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, el pasado 19 de septiembre, Boluarte mencionó que los ocho países amazónicos que se reunieron en la Cumbre Amazónica de agosto pasado, acordaron medidas de conservación para prevenir la deforestación y evitar alcanzar el punto de inflexión. Dijo que apoyaba a las “comunidades” indígenas y la protección de su tierra, cultura, lenguaje y prácticas. Sin embargo, actualmente el Congreso y el gobierno peruano están impulsando muchos cambios en la legislación, especialmente en la designación de áreas protegidas, la disminución de las exigencias en la institucionalidad y la gestión ambiental para facilitar la expansión de los proyectos extractivos (mineros, petroleros, y forestal) con un enorme impacto en las tierras de los pueblos indígenas lo cual no es considerado en la evaluación de estas iniciativas normativas. Esta es la visión política desde que Boluarte asumió el gobierno en diciembre de 2022.
