Un centenar de caseríos de la provincia de Coronel Portill (presencia de los pueblos Cacataibo y Shipibo), en la región Ucayali, principalmente la comunidad de Santa Clara de Uchunya, denuncian a la empresa americana “Plantaciones Ucayali” y anuncian un paro regional para este 3 de julio.
Los bosques primarios afectados por esta empresa abarcan a más de 7 mil hectáreas aproximadamente, así lo dio a conocer Jamner Manihuari, Vicepresidente de AIDESEP, quien visitó la zona la semana pasada.
El paro convocado para este 3 de julio, por las mismas comunidades afectadas, invita a los pobladores de Aguaytía y Padre Abad, quienes llegarán a Pucallpa, dónde harán un plantón en la sede del gobierno regional de Ucayali, para exigir deje de promover las concesiones de palma aceitera (y otras de grandes negocios) y ejecute la titulación de comunidades que esperan más de 20 años sin respuesta del gobierno local y nacional.
“…Hemos tomado acciones legales, sin tener un abogado que nos oriente, estamos asimismo denunciando la tala ilegal, por la cual murió nuestro hermano Edwin Chota. Nosotros sabemos que hay dinero para titular, entonces cuando pues lo van hacer, para dar una concesión se demoran tres meses, cómo es posible que para dar un título se demoren de 20 a 25 años” señalaron hermanos Cacataibo y Shipibo, en conversación con el vicepresidente de AIDESEP Jamner Manihuari.


En lo que va del año, se han realizado acciones legales a los directores del gobierno regional de Ucayali involucrados en el tema de facilitar concesiones, por parte de los comuneros, sin llegar a ninguna resolución a la fecha.
El equipo técnico de AIDESEP, señaló que se conocen al menos 11 solicitudes de concesiones de grandes plantaciones de palma (en Loreto y Ucayali) que implican la posible destrucción de más de 99,000 has de bosques primarios. Asimismo, que si esto pone en emergencia destructiva a la amazonía, entonces habrá que poner en emergencia y suspender la tramitación y aprobación de grandes plantaciones, hasta que se reorganice la confusión legal que permite destruir bosque primario, con el pretexto de que el “suelo es de uso agrícola”. Esto es un engaño y agresión constitucional y a todos los compromisos ambientales y climáticos del país.
Finalmente, Jamner Manihuari dijo al respecto, que desde la organización, Aidesep estará vigilante de este proceso y denunciará de ser necesario a los responsables de esta deforestación masiva en territorio indígena.