Gracias a la persistencia de las viudas, familiares, las organizaciones indígenas y defensa legal de los líderes asesinados, se reanuda el proceso y se iniciará la etapa de la segunda instancia.
Después de más de 50 días de la lectura de sentencia del caso Saweto, el jueves 13 de junio, el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ucayali notificó la sentencia condenatoria contra José Estrada Huayta, Hugo Soria Flores, Segundo y Josimar Atachi Félix por el asesinato de los líderes de la comunidad Alto Tamaya Saweto, ocurrido en 2014.
Como se recuerda, los líderes ashéninkas Jorge Ríos Pérez, Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez fueron cruelmente asesinados por defender sus territorios de la tala ilegal. Y, luego de 10 años y un largo proceso de revictimización, finalmente se cuenta con una sentencia, en primera instancia, que condena a los culpables a 28 años y 3 meses de cárcel.
Desde la lectura de la sentencia, el pasado 23 de abril, las viudas e hija de los líderes asesinados, Julia Pérez, Ergilia Rengifo y Lina Ruíz, y su defensa legal tuvieron que acudir varias veces para que les dieran la notificación de la sentencia, ya que sin este documento el proceso legal había quedado paralizado y el Juzgado, de manera reiterada, comunicaba diversas razones inverosímiles para justificar el retardo.
Ya con la notificación de la sentencia, las partes cuentan con cinco días hábiles como plazo para formular los recursos de apelación para iniciar el proceso en la segunda instancia. Y también deberá renovarse las órdenes de captura contra Eurico Mapes Gomez, cuyo juzgamiento se encuentra pendiente.
“DespueAhora empieza a correr el plazo de apelación de sentencia para las partes, que es de cinco días hábiles. Después, habrá un plazo para observar las apelaciones de los abogados de la defensa y, por último, para observar las pruebas. Luego de ello, se instalará la audiencia en Segunda Instancia y, finalmente, recién se emitirá sentencia de segunda instancia, conforme lo establecido en el Nuevo Código Procesal Penal”, señaló el abogado de las viudas, Yusen Caraza.
Para la organización la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), esta etapa en segunda instancia judicial será crucial y estarán vigilantes del desarrollo del proceso para lograr justicia para las familias y la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto. Además, la organización indígena insta a la Fiscalía a que ordene prisión preventiva para los asesinos que siguen libres.
Retraso en la notificación vulneraba derecho a la justicia y el debido proceso
Pese a los reiterados pedidos, incluso recurriendo a los órganos de control del Poder Judicial, el Juzgado no había notificado a tiempo la sentencia, vulnerando el derecho al debido proceso y la garantía del plazo razonable. Este retraso perjudicaba la seguridad de las viudas y familiares de los líderes asesinados, debido a que los sentenciados se encuentran en libertad por disposición de la propia sentencia.
Cuando se leyó la sentencia, el Juzgado dispuso que los homicidas se encuentren en libertad durante el trámite de la etapa de apelación, pese a que cometieron un delito grave. A ello se suma que los condenados y sus allegados continúan pretendiendo acercarse a las viudas y familiares, además de amenazarles de manera directa.
En ese escenario, las viudas de los líderes y la defensa legal pidieron al Ministerio del Interior que garantice su seguridad y de los miembros de la comunidad con resguardo policial, previa coordinación con las autoridades comunales, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y AIDESEP.
Estado peruano debe garantizar justicia para estos casos
El viernes 14 de junio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) emitió un informe y recomendaciones sobre el caso del Perú y el Convenio 169 de la OIT.
En dicho documento, se insta al gobierno peruano a 1) emprender investigaciones rápidas sobre las acusaciones de violencia y de incitación a la violencia, y garantizar que los autores e instigadores de los asesinatos de líderes indígenas en Alto Tamaya-Saweto sean enjuiciados y castigados con la máxima urgencia; 2) adoptar sin demora todas las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad física y el bienestar psicológico de los miembros de las familias de los líderes indígenas asesinados y; 3) adoptar sin demora medidas eficaces para prevenir la violencia contra las personas indígenas y sus defensores.
Dato: Las acciones de defensa legal y las gestiones ante las entidades del Estado fueron acompañadas por ORAU y AIDESEP, con el apoyo de Rainforest Foundation US.
