Estudio fue elaborado por ORAU, DAR y ProPurús y da luces sobre real dimensión de amenazas que enfrentan defensores y defensoras indígenas de la región.
Desde el 2020, diez defensores y defensoras indígenas han sido asesinados por defender sus territorios de actividades como la tala ilegal, la minería, la expansión agrícola, la migración, entre otras, que además han provocado la pérdida de más de 200 mil hectáreas de bosques.
En ese contexto, la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Asociación ProPurús realizaron un estudio que analiza la situación de los defensores ambientales en Ucayali. Para lo cual utilizaron un enfoque territorial y consideraron los patrones de deforestación.
“Situación de los defensores indígenas en Ucayali” es el nombre del documento que tiene como uno de sus principales hallazgos la existencia de un subregistro de carreteras forestales, áreas de expansión del narcotráfico y la existencia de al menos 80 comunidades nativas en alto grado de amenaza por actividades ilegales.
Además, se detalla la forma cómo la expansión de la agricultura, la proliferación de cultivos ilícitos y aeropuertos clandestinos, así como los conflictos de superposición de derechos afectan los territorios y recursos comunales. Y estos a su vez agudizan la situación de inseguridad de los pueblos indígenas.
El Ministerio de Justicia tiene el Registro Nacional de Defensores de Derechos Humanos, que hasta abril de 2021 consideraba a 21 defensores indígenas de la región Ucayali. No obstante, dicha cifra debería ser actualizada, ya que existen al menos 113 comunidades nativas amenazadas por alguna actividad extractiva. “Hay al menos una persona que se opone o trabaja concretamente en reducir o eliminar dichas amenazas”, indica el comunicado de ORAU.
Otro punto que se enfatiza en el documento es el estado de los procesos abiertos por los asesinatos de defensores indígenas. Muchos de estos se encuentran estancados por la ineficacia del sistema judicial y las familias aún no consiguen justicia.
“Buscamos que el Estado focalice sus esfuerzos en favor de los defensoras y defensores indígenas para su eficaz protección, así como la de sus territorios”, señalan las organizaciones que elaboraron el estudio.
Puedes descargar el estudio aquí.
*Con información de ORAU.
