Los casos de injusticia por las que atraviesan los pueblos indígenas es muy diversa y sumamente preocupante. Hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, divulgo un informe que contiene información del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación de enero a junio 2014, sobre la situación de justicia por la que atraviesan el 80% de indígenas mexicanos.
El informe señala que más de 8 mil indígenas se encuentran pagando condenas por acusaciones o delitos que no han cometido, en muchos de esos casos se violó el debido proceso o no se contó con la presencia de un intérprete que hable su lengua.
Laura Escandón, visitadora en las cárceles mexicanas, señaló que en muchas de las entrevistas realizadas a los hermanos indígenas ellos afirman no saber las causas de su encierro. “No sé por qué estoy aquí, o que no fueron asistidos por un defensor y que no hablan español”.
Esta situación se repite en la mayoría de los Estados Mexicanos, donde más de 100 grupos étnicos entre ellos náhuatl, tzeltal, tzotzil, zapotecos y mixtecos, cumplen condenas por delitos que no han cometido, y que el no hablar español ha sido su peor delito para poder defenderse.
Guardianes de los Bosques criminalizados
La situación de los líderes y lideresas indígenas de Perú, también es preocupante, por qué en lugar de recibir un reconocimiento, por el arduo y entregado trabajo que realizan por la defensa y protección de los bosques el Estado Peruano, les paga criminalizándolos e imputándoles delitos por disturbios, uso de armas y/o atentar contra la tranquilidad publica entre otros delitos.
Claro ejemplo es el proceso judicial que se le sigue a los 53 líderes indígenas incluido el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, tras los lamentables sucesos ocurridos el 05 de junio del 2009, cuando se realizó la movilización amazónica por la defensa y protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
A raíz de esa movilización que se motivó para derogar un centenar de decretos atentatorios a los derechos de los pueblos que vulneraban el derecho a Consulta Previa, Derecho a Libre Determinación y el Derecho a vivir en un habitad libre de contaminación.
Actualmente la Sala Penal de Bagua viene juzgando a más de cincuenta indígenas por delitos que no cometieron, y es más se piden condenas que van de 8 a 35 años de cárcel y hasta cadena perpetua. Para esos hombres, peruanos como cualquiera de nosotros que durante miles de años cuidan, protegen y conservan los bosques.
En palabras propiamente dichas por Alberto Pizango, “los pueblos indígenas nunca más tomarán carreteras, ni estaciones para defender sus bosque, su CASA GRANDE como GUARDIANES DEL BOSQUE, por qué el Estado en lugar de reconocer lo que hacemos nos paga enjuiciándonos”.
