A través de un comunicado, la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (AIDECOBAP) emitió una alerta sobre la masacre que estarían preparando la empresa Petrotal, la Marina, la Polícia Nacional del Perú y la Junta de Autoridades del Puinahua (JAP) contra las comunidades nativas que vienen acatando movilización y control territorial en la comunidad nativa 7 de junio (Loreto).
“Las comunidades estamos ejerciendo nuestro derecho a defendernos de las agresiones de un petrolera para seguir existiendo como pueblo originario, por eso acatamos el mandato de nuestras asambleas desarrollando control territorial en contra de la vulneración de nuestros derechos por parte de la empresa Petrotal y el Estado, que junto a sus aliados sometidos al poder de dinero pretenden, como el 8 de agosto del 2020, masacrar una vez más al pueblo cocama del Puinahua”, detalla la alerta.
Como se recuerda, las comunidades nativas que forman parte de AIDECOBAP vienen acatando la medida de lucha desde el 27 de mayo para que el reglamento de administración del Fondo de Desarrollo para el Distrito de Puinahua (Fondo 2.5) aprobado sea revisado y reestructurado respetando los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
De acuerdo a lo señalado por AIDECOBAP, se ha confirmado que Petrotal ha convocado a una reunión en la que participaron la Marina de Guerra, la Policía Nacional y la JAP en la Prefectura de Iquitos para planificar la intervención de los comuneros que se encuentran ejerciendo su derecho a la protesta y control territorial, en base a su autonomía y el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales
“La petrolera, valiéndose de psicosociales e información falsa, preñado de racismo y discriminación, busca resolver el conflicto con intervención militar y policial, planteado la inmediata intervención de las fuerzas armadas y policiales en la Comunidad Nativa 7 de junio”, precisa la federación.
Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) hacemos un llamado a las autoridades, las organizaciones tutelares de derechos humanos y a la sociedad en general a que se sumen a la denuncia de estos hechos y que estén alertas de lo que ocurra en el Puinahua, que será de entera responsabilidad de la empresa Petrotal y el Estado.
