A mediados de mayo o junio del 2015 se realizará la primera consulta previa a comunidades que viven en zonas de actividad minera, esto, a pesar de la oposición del Ministerio de Energía y Minas (MEM) por intervenir proyectos en marcha.
La oposición del sector minero se debe a que consideran la aplicación de la consulta previa como un bache para las inversiones, tal como lo dijo el titular del MEN, Eleodoro Mayorga Alba, al referirse hace tres meses que “la creación del ministerio del Ambiente, la consulta previa y la desagregación de responsabilidades de manera descoordinada ha significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”.
A pesar de ello, Patricia Balbuena, Viceministra de Interculturalidad, informó que coordina con la Oficina de Gestión Social del MEM la instalación de talleres informativos en 15 zonas geográficas de la sierra, en antelación al desarrollo de consultas previas desde la primera mitad del 2015. Pues, indicó que “Son áreas con cercanía a poblaciones indígenas, que albergan uno o más proyectos mineros con posibilidades de hacer consulta”
Por otro lado, Alicia Abanto, adjunta para temas de medio ambiente y pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, expresó que el MEM no puede seguir negando la aplicación de la consulta previa a las comunidades indígenas.
Consulta previa no debe limitarse a talleres de información
Aunque la ley de consulta previa en el Perú fue implementada por primera vez en el sector hidrocarburos como en el caso de PETRO-PERÚ, este ha ido manejando el mecanismo de consulta, de una manera no consciente, pues “…cree que organizando talleres en las comunidades sobre el plan de trabajo que van a desarrollar en su territorio indígenas es suficiente”, así lo expresan los líderes indígenas de la zona.
La consulta previa, según Luis Ortigas presidente de Perú- Petro, ocasiona demora en los procesos de concesión, pero que su implementación evita que los inversionistas tengan problemas sociales en los lotes que licitaran. Por ello, Perú-Petro ha completado “dos consultas previas” en los lotes 164 y 195, en Loreto, en el cual sólo se dieron talleres de información.
Ante esta realidad AIDESEP, mediante su vocero Henderson Rengifo, considera que la consulta previa no es un taller de información, sino un proceso de consentimiento, en el cual los pueblos indígenas deciden si permiten que en sus tierras se desarrolle una actividad extractiva o si rechazan que una empresa explote sus recursos.
