Estudios de Impacto Ambiental (EIA) solicitados a industrias extractivas serían eliminados por el Ministerio de Energía y Minas en casos “excepcionales por razones de emergencia”, tras la propuesta del “Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos” (Adecuación a la Ley y el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental) presentada ante al Ejecutivo para su aprobación.
Cabe mencionar, que esta propuestas se ha elaborado sin los canales de participación adecuados de los directamente involucrados, es decir, los pueblos indígenas que habitan en zonas de actividad extractiva. Este hecho se ceñiría a la “discrecionalidad” cada vez que se soliciten aprobar revisiones técnicas de los lugares de explotación licitados.
No obstante que el Perú asumió compromisos internacionales ante la Alianza de Gobierno Abierto para construir un Estado más inclusivo, desde el 16 de agosto viene revisando un reglamento que atenta con la protección de los derechos medioambientales, ya que se planea eliminar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para las actividades sísmicas en el mar, la costa y la sierra, así como para otras actividades exploratorias de petroleras.
Una eliminación en ”casos excepcionales” por razones de emergencia – sin aún no definir las situaciones excepcionales- justificaría la no aplicación de ningún tipo de estudio de impacto ambiental o algún informe que nos brinde seguridad ante daños causados por alguna actividad que dañe el medio ambiente en la zona licitada por empresas extractivas en nuestro país.
Dicha reglamentación también señala que la autoridad competente tendría que ser discreto para considerar o desestimar las opiniones técnicas que solicite para la ejecución de un proyecto de inversión. Es decir no informaría sobre actividades positivas o negativas que involucren el territorio de todos los peruanos.
“…Reglamentos como este deberían ponerse en debate técnico, público, amplio y transparente, con participación de las poblaciones potencialmente afectadas por los impactos de la actividad petrolera. De igual forma, este proceso debe asegurar derechos fundamentales (la vida, la salud y el derecho a gozar de un ambiente equilibrado), pues toda inversión necesita darse en un contexto de gobernanza y desarrollo sostenible”. Explicó Plinio Pizango, técnico del área legal de COICA y AIDESEP.
Dato: – Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos
