Wrayz Pérez, representante de la Comisión Especial Permanente de los pueblos Awajún y Wampis (CEPPAW), presentó una Acción de Amparo ante el Juzgado Especializado en lo Constitucional de Turno de la Corte Superior de Justicia de Lima en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Perupetro por haberse omitido el derecho de Consulta Previa en la concesión del Lote 116. “Consideramos que en un mes aproximadamente, se debe estar admitiendo nuestra demanda. Si eso no fuera así, vamos apelar a la Corte Suprema de Justicia y si esta instancia lo declara improcedente, entonces iremos al Tribunal Constitucional (TC), quien ya ha favorecido a otros pueblos indígenas en el respeto de sus derechos. Confiamos en esta instancia”, declaró a un medio de información.
La consulta previa, exigida por los demandantes, es un derecho que está avalado desde el año de 1995 por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tiene rango constitucional, sumado a ello el Perú cuenta con su propia ley de consulta N°29785, no obstante, pese a que dichas normas están en plena vigencia y son de aplicación obligatoria resulta por demás inadmisible, que no se le esté dando la debida importancia, y peor aún, no se está escuchado la voz de los hermanos awajún y wampis.
Por ello el (CEPPAW) exige la anulación del Decreto Supremo 066 que aprueba el Contrato de Licencia y Exploración del Lote 116 y del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado a través de la Resolución Directoral No. 283-2011, la misma que fue realizada sin contar con la participación, ni consulta de las 73 comunidades ubicadas en el citado lote.
Ante ello, Wrays Pérez mencionó que en la elaboración del estudio de Impacto Ambiental (EIA), para las actividades de exploración de petróleo, no participaron las 73 comunidades que están ubicadas al interior del lote 116 alrededor de los distritos de Santiago, Nieva y Cenepa.
Dato:
El EIA aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, tiene más de 100 observaciones e incluso y se considera que el uso de cerca de 23 toneladas de tóxicos peligrosos, dañarían los territorios indígenas. Ante este hecho se presentó una solicitud de Derecho de Petición ante el MEM, pero esta fue negada en el 2013.
