Organizaciones indígenas denunciaron medidas que atentan contra su autonomía y convocaron a una movilización permanente desde los territorios andinos y amazónicos.
Dirigentes de las organizaciones indígenas nacionales del Perú alzaron sus voces contra la modificatoria de la Ley N° 27692 (ley que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI) y una serie de iniciativas legislativas que amenazan directamente sus derechos y autonomía. En una conferencia de prensa, realizada el 18 de marzo, denunciaron que el Estado busca restringir su acceso a la justicia y desconocer sus estructuras organizativas, debilitando además su capacidad de defensa.
El Congreso de la República ha aprobado la modificatoria de la Ley N° 27692, conocida como Ley Mordaza, imponiendo nuevas restricciones que buscan silenciar y criminalizar a las organizaciones indígenas por defender los derechos humanos. Esta propuesta legislativa afecta directamente a nuestros pueblos y nuestras organizaciones representativas, intentando frenar nuestro derecho a organizarnos y gestionar recursos para la defensa de nuestros territorios.
Si se aprueba esta ley, se paralizarán más de 30 procesos judiciales impulsados por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en defensa de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). También se verán afectados los casos de líderes indígenas asesinados que no han encontrado justicia en el Perú, pues no se podrá recurrir a instancias internacionales. La impunidad se fortalecerá, dejando en el olvido los crímenes contra los líderes y lideresas que han dado su vida en defensa de los territorios.
La dirigenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Danitza Quispe, advirtió que no podrán continuar con sus peticiones de consulta previa sobre proyectos mineros que afectan a los pueblos indígenas y tampoco se podrá cuestionar leyes en discusión en el Congreso. En resumen, muchos casos judicializados quedarán bloqueados o no podrán continuar con esta modificatoria.
“No nos preocupa esta ley porque el flujo de la cooperación internacional llegaría con controles a las organizaciones indígenas sino porque esta modificación de la ley APCI constituye para nosotros una mordaza: buscan callarnos, debilitarnos y allanar el camino, a través de esta norma, para que las grandes empresas lleguen al territorio de los pueblos indígenas y puedan explotar nuestros recursos sin control”, manifestó el apu Jorge Pérez, presidente de AIDESEP.
Asimismo, alertó que el Congreso sigue legislando en contra de nuestros derechos, limitando nuestra fiscalización y organización. “Esta norma busca que al Estado no se le fiscalice, no se lo critique, no se le judicialice, cuando salimos a protestar. Y cuando el Estado vulnera derechos colectivos fundamentales, esta ley impediría denunciar, para que los pueblos indígenas sean asesinados, sean vulnerados. Esto es muy grave”, agregó. Y detalló que esta normativa es inconstitucional por no haber sido sometida a consulta previa, por lo que exigió al Ejecutivo que la observe. “De lo contrario, acudiremos a instancias internacionales”, manifestó.
El representante de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolin Huascar, consideró que esta ley forma parte de una estrategia de represalia contra nuestros pueblos, que en el pasado hemos logrado anular leyes inconstitucionales mediante litigios. “Quieren desaparecer nuestras organizaciones, acusándonos de delitos inexistentes”, denunció.
Mientras que la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), Lourdes Huanca, destacó la contradicción del Estado: mientras promueve leyes contra nuestros pueblos, no sanciona los crímenes ambientales que destruyen nuestros territorios. “Protegemos el agua, las semillas y ahora quieren invadir nuestros territorios sin nuestro consentimiento”, advirtió.
Asimismo, la representante de ONAMIAP alertó sobre la intención del gobierno de debilitar las organizaciones. “Si el Ejecutivo no observa esta ley, tomaremos medidas de acción directa. No permitiremos que sigan vulnerando nuestros derechos a la vida, al territorio y a la consulta”, afirmó.
“Se oye que esta modificatoria es una ley anti-ONG, pero no solo afectaría a las ONG sino a nuestras organizaciones indígenas, que venimos organizándonos con el único objetivo de hacer respetar nuestros derechos. En otros países, las federaciones y las organizaciones nacionales tienen un respaldo y se les asigna un presupuesto para que puedan gobernar su autonomía, pero en nuestro país no pasa eso y tenemos que recurrir al apoyo de la cooperación internacional. Además, esta ley ha sido aprobada sin respetar el proceso de la consulta previa a los pueblos indígenas, por lo que es inconstitucional”, explicó Danitza Quispe.
En tanto que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), Oseas Barbarán, enfatizó que la cooperación internacional ha asumido funciones que debería cumplir el Estado en la protección de nuestros pueblos. “El Estado no nos protege; en cambio, criminaliza nuestras luchas y busca desarticular nuestras estructuras comunitarias”, precisó a través de un video.
Asimismo, el representante de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), Edwin Gutiérrez, manifestó que esta ley fomenta la impunidad estatal, permitiendo la vulneración de nuestros derechos colectivos. “Es una renuncia del Estado a su obligación de proteger la libertad y la paz de nuestros pueblos. Constituye un paso más hacia la dictadura legalizada”, declaró.
En los últimos años, las organizaciones indígenas han logrado precedentes históricos en la defensa de los derechos indígenas, como la sentencia EXP 08243-2017, que obliga al Congreso a cumplir con la consulta previa legislativa, y la sentencia 00007-2022-PI/TC del Tribunal Constitucional, que derogó una ley por falta de consulta. Si la “ley mordaza” estuviera vigente, estos logros no habrían sido posibles, dejando en total indefensión a los pueblos indígenas andinos y amazónicos frente a los atropellos del gobierno.
Durante la conferencia de prensa, las organizaciones indígenas reafirmaron su postura de rechazo absoluto a esta ley y anunciaron que tomarán todas las acciones necesarias para impedir su implementación. “No permitiremos que el Estado nos prive de nuestro derecho a organizarnos y defender nuestros territorios. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con nuestra lucha y a exigir junto a nosotros el respeto de nuestros derechos fundamentales”, señalaron los dirigentes indígenas.