En respuesta a las medidas impulsadas por el Congreso y el Ejecutivo con la aprobación de proyectos de ley que ponen en riesgo los derechos de la población peruana y, de manera especial, a los pueblos indígenas, así como la preservación de la Amazonía, las organizaciones indígenas de diversas regiones del país se movilizarán en una Marcha Nacional el próximo viernes 21 de junio.
El objetivo de la movilización es denunciar públicamente la continua vulneración de sus derechos, el deterioro de la democracia y la grave alteración de la institucionalidad. Además, es urgente alzar la voz contra la inacción del estado frente a la protección de defensores indígenas, el encubrimiento de casos de acoso y violación sexual de escolares indígenas por parte de docentes, así como la aprobación de leyes como la ley mordaza ciudadana y modificaciones a la normativa ambiental, que amenazan nuestros derechos fundamentales y el equilibrio ecológico.
La concentración en Lima está programada para este viernes 21 de junio a las 4:00 p. m., en el Frontis del Palacio de Justicia, desde donde partirán por las calles del centro de Lima hacia el Congreso de la República, expresando su rechazo a las políticas que atentan contra la dignidad humana y el ambiente.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), organización que convoca a esta marcha, invita a los colectivos, asociaciones sociales, estudiantes, activistas, medios de comunicación a participar en esta movilización por la justicia ambiental y la defensa de los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas.
Plataforma de lucha – ¿Por qué marchamos?
- Permanentes paquetazos legales del Congreso y el Ejecutivo o que vulnera derechos fundamentales, destruyen a la democracia y corrompen toda la institucionalidad
- Proyecto de Ley mordaza ciudadana: para modificar la Ley N°. 27692 – Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para criminalizar a las organizaciones indígenas y de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.
- Justicia para los más de 50 hermanos y hermanas asesinadas por la violenta represión de esta dictadura, cuyos familiares aún esperan justicia.
- Racismo y machismo ministerial, encubriendo el acoso y violación sexual de escolares indígenas por docentes repudiables que deben ser expulsados. Exigimos la renuncia del ministro de Educación y la ministra de la Mujer.
- Por una Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y salud intercultural con pertinencia y de calidad para nuestros pueblos originarios.
- Por el derecho a la Educación Sexual Integral en las escuelas.
- Asesinato de decenas de defensores y defensoras indígenas y la incapacidad de la debida protección estatal. Justicia para las familias, protección y derechos de sus hijos e hijas.
- Ley Antiforestal, que promueve la degradación de la Amazonía y pone en riesgo a defensores y defensoras indígenas.
- Ley de impunidad que da amnistía a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y atenta contra las familias de muchas víctimas.
- Ley pro-crimen organizado: Permite la expansión de la minería informal contaminante, impide fiscalizar y promueve su impunidad.
- Proyecto de ley y medidas que buscan desaparecer las reservas para la protección de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial (PIACI) con el propósito de promover actividades extractivas en sus territorios.
- Rechazamos que el Congreso de la República apruebe leyes sin garantizar el derecho a la consulta previa legislativa de los pueblos indígenas.
- Medidas que vulneran derechos de las mujeres, niños y niñas.
- Proyectos viales, inconsultos y agresores del ambiente y convivencia, como el mega proyecto del “Anillo Vial Periférico”, que destruirá miles de árboles y de viviendas en Lima.
- Desprotección de las ciclovías e impunidad de agresiones a los ciclistas.
- Alza criminal de las tarifas de agua para después privatizarla.
- Secuestro de los fondos AFP a favor de esas empresas.
- Manipulación de fiscalías y Poder Judicial, mediante el cierre de la Junta Nacional de Justica, y el retorno de jueces y fiscales “los hermanitos” y “cuellos blancos”.
- Expansión e impunidad de las Universidades Bamba, destruyendo la SUNEDU.
- No a los transgénicos. ¡Moratoria sí!
- Eliminación de los movimientos regionales.
- En medio del incremento del porcentaje de pobres (de 20% en 2019 a 30% en 2023) y peor crisis económica desde los 90s, Congreso y Ejecutivo aprueban incrementos salariales de congresistas y derroche en el Estado que nos endeuda más y pone en riesgo equilibrio fiscal.
