Reunidos en nuestra Asamblea del Consejo de Coordinación Ampliado, los días 7 y 8 de marzo de 2024, con la participación del Consejo Directivo Nacional, representantes de las 9 organizaciones regionales asociadas: presidentes, mujeres y juventudes, y equipo técnico de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), luego de analizar la grave situación nacional y local de los pueblos indígenas y la regresividad de nuestros derechos, ya que somos sistemáticamente agredidos, amenazados y marginados en diversos procesos, manifestamos a la opinión pública y a las entidades estatales e internacionales, las siguientes demandas y propuestas:
- Rechazamos la imposición de la Ley 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, realizada desde el Congreso de la República y que no fue consultada; así como la pasividad del Ejecutivo, el silencio del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la mínima reacción del Ministerio del Ambiente (Minam). Desde AIDESEP, nos reafirmamos en exigir al Tribunal Constitucional que derogue esta lesiva ley antiforestal, en especial, porque flexibiliza la zonificación forestal y las autorizaciones de cambio de uso para beneficiar mafias extractivistas y marginando los títulos comunales.
- Respaldamos la lucha de nuestras hermanas y hermanos, familiares de los líderes de Saweto y de los más de 33 defensores indígenas asesinados, que siguen buscando justicia y enfrentan procesos largos, revictimizantes e impunidad. Por ello, exigimos al Poder Judicial la pronta sanción a los autores de estos crímenes cometidos contra nuestros hermanos que solo luchaban para defender sus territorios y derechos. ¡Nos mantenemos vigilantes de los resultados de todos los procesos penales!
- Denunciamos la pasividad del Estado peruano para enfrentar el flagelo de la minería ilegal e informal, y nos solidarizamos con la lucha de los Gobiernos Territoriales Autónomos (GTA) Wampis y Awajún para enfrentarla en la zona de Condorcanqui (Amazonas). Y exigimos una acción urgente, oportuna y efectiva de las instituciones competentes para salvaguardar la integridad y la vida de los hermanos de las comunidades afectadas y de la diversidad biológica que será arrasada por estas mafias. Exigimos el retiro inmediato de funcionarios del Estado que son conocidos patrones mineros, como es el caso de algunos trabajadores del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
- Exigimos al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) que deje de imponer irresponsablemente concesiones mineras superpuestas a los territorios indígenas con la justificación absurda que son “sólo límites imaginarios”, pero usadas para movilizar invasiones mineras nada “imaginarias”. Y solicitamos la nulidad de estas concesiones, autorizaciones y lotes petroleros que no han sido consultados ni han obtenido el consentimiento de los pueblos indígenas.
- Exigimos que el Estado fortalezca, a través del Ministerio de Agricultura y los Gobiernos Regionales, el proceso de reconocimiento, titulación, ampliación, demarcación, delimitación y registro de territorios indígenas de los pueblos, comunidades y naciones indígenas, respetando el trabajo articulado con las bases regionales de AIDESEP y con las Direcciones Regionales Agrarias.
- Ratificamos los acuerdos del Encuentro de octubre del 2023 y respaldamos el proceso de las autonomías territoriales indígenas, donde ya existen Gobiernos Territoriales Autónomos fortalecidos; y, en especial el fortalecimiento de los GTA en proceso inicial, así como el impulso y la expansión al conjunto de los 51 pueblos indígenas amazónicos.
- Denunciamos las maniobras realizadas para debilitar la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), especialmente en lo que respecta a los pueblos indígenas amazónicos, y rechazamos con indignación el nombramiento de más de 300 profesores monolingües en plazas que corresponden a docentes bilingües. En la práctica, esto significa el etnocidio y la asimilación cultural. Por tanto, demandamos al Ministerio de Educación que desarrolle un verdadero plan de acción para fortalecer nuestra educación respetando nuestra lengua y cultura. En ese mismo sentido, rechazamos el PL 6464/2023-CR, propuesto por el congresista de Perú Libre, Wilson Quispe, para el nombramiento excepcional de docentes que han aprobado el ingreso a la carrera pública magisterial 2022, que no considera el requisito de estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lengua Originaria (RNDBLO) para ocupar las plazas vacantes orgánicas de las instituciones educativas EIB.
- Demandamos al Estado peruano una acción efectiva ante los interminables derrames de petróleo en la Amazonía. Uno de los últimos ocurrió en la zona de Puinahua (Loreto), en el ámbito del Lote 95. El Estado debe cumplir con activar las medidas de contingencia y atención al daño ambiental y la salud de los afectados, con la debida atención permanente y efectiva. Además, nos unimos a la iniciativa de No proliferación de actividad de hidrocarburos en la Amazonía, que es una prioridad para la restauración ecosistémica de las áreas destruidas por los más de 50 años de contaminación tóxica por hidrocarburos. Estos lotes han sido otorgados sin consulta ni consentimiento previos, libres e informados.
- Saludamos el proceso de fortalecimiento del Sistema de Alertas y Acciones Tempranas (SAAT) de AIDESEP y la implementación de módulos de monitoreo con herramientas tecnológicas en las comunidades nativas, que está demostrando resultado efectivos, a través de la generación de alertas sobre las diferentes afectaciones que sufren los territorios, los recursos y la vida de los pueblos indígenas, y que permiten realizar acciones de incidencia ante las autoridades correspondientes para que den respuestas efectivas.
- Exigimos al Congreso y sus comisiones el respeto irrestricto del derecho a la participación y consulta previa de las medidas legislativas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. Además, les pedimos que atiendan las demandas de los pueblos indígenas como la derogación de la modificatoria de la Ley Forestal, de los proyectos de Ley contra la EIB y que impidan la eterna ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que es una amenaza para los derechos de los pueblos indígenas.
- Respetar la auto-zonificación y reconocimiento territorial propio de los territorios ancestrales y evitar la creación de áreas protegidas a nivel nacional, regional o privadas, o concesiones de conservación pro-mercado de carbono que se superpongan a los territorios ancestrales, tanto comunidades tituladas como las identificadas por los Gobiernos Territoriales Autónomos.
- Expresamos nuestra profunda preocupación por la demora de más de 12 años en la Implementación del Proyecto de Inversión Forestal Perú (FIP-BID) por parte del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Minam debido a los cambios en la dirección ejecutiva por las inconsistencias; así como el autoritarismo en el enfoque de implementación que restringe la participación de las organizaciones regionales y no respeta los acuerdos iniciales para la implementación del FIP.
- Demandamos al Minam la implementación urgente del Registro Nacional de Medidas de Mitigación (Renami) con nuestras propuestas, ya que lleva dos años paralizado. Esta demora genera la impunidad de las presiones, engaños y abusos de la piratería de carbono. Por tanto, urge contar con el Renami como un mecanismo que ayude a identificar y detener las malas prácticas, así como a la reducción de las presiones del avance de los negocios de carbono poco transparentes y que violan derechos indígenas.
- Denunciamos el aumento de carreteras e infraestructura impulsadas desde el gobierno nacional y los gobiernos regionales, que afectan territorios indígenas impulsando las invasiones e ingreso de actividades ilegales. Es urgente asegurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y salvaguardar la vida de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
- Apoyamos la lucha de nuestros hermanos de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (FECONAFROPU), en la zona del medio y bajo Putumayo para frenar el despojo de sus territorios a través de la creación de áreas naturales protegidas. Exigimos se detenga este despojo y se dé prioridad a la titulación o ampliación de sus territorios. Asimismo, desde AIDESEP, apoyaremos los procesos propios de autonomías territoriales en este ámbito y en coordinación con ORPIO y FECONAFROPU.
¡Por una Amazonía viva con respeto de territorios y derechos colectivos indígenas!
