La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), representante de 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2439 comunidades nativas, expresa su respaldo a la lucha del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Shawi, así como de nuestra base regional, la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL), y otras organizaciones representativas de los pueblos indígenas de las provincias de Alto Amazonas y Datem del Marañón (región Loreto). Al respecto, manifestamos:
- Respaldamos la petición administrativa del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Shawi al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) para que desestime las 11 concesiones mineras solicitadas por la empresa First Quatum Minerals Perú SAC (FQM), debido a que estas se superponen a los territorios ancestrales de 8 comunidades nativas de la Nación Shawi: Puerto Libre, Nueva Luz, San Lorenzo, Nuevo Barranquita, Cachiyacu, Bellavista, Nuevo Junín y Churuyacu, ubicadas en el distrito de Balsapuerto, en Loreto.
- Denunciamos los actos y políticas del Ingemmet y del Ministerio de Energía y Minas orientados a otorgar concesiones mineras y otras medidas administrativas a favor de terceros y empresas, que se superponen a nuestros territorios ancestrales, vulnerando los derechos fundamentales a la libre determinación y autonomía, e imponiendo un modelo de desarrollo sobre la base de la extracción indiscriminada de recursos que no es compatible con la cosmovisión indígena y la relación espiritual que mantenemos con los territorios ancestrales.
- Exigimos a la empresa First Quatum Minerals Perú SAC que desista del petitorio de las 11 concesiones mineras que se superponen al territorio ancestral Shawi. Es una obligación del Estado y los particulares, incluyendo las empresas, que respeten y garanticen nuestros derechos como pueblos indígenas, especialmente la propiedad y posesión originaria sobre el territorio, debido a que es la fuente de nuestra existencia física y cultural.
- Advertimos que todas las medidas administrativas, incluyendo las concesiones mineras, son nulas de pleno de derecho cuando son otorgadas a terceros sin respetar ni garantizar los derechos fundamentales a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, de conformidad con los instrumentos internacionales especialmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Reiteramos que la legislación minera vulnera las normas internacionales que protegen nuestros derechos colectivos, especialmente nuestra libre determinación, autonomía y propiedad territorial. Es falso que las concesiones mineras no afectan estos derechos porque al otorgar las medidas administrativas implica la adopción de una decisión estatal, en conjunto con los particulares, al margen de la voluntad colectiva de los máximos órganos de decisión autónomos que tenemos los pueblos indígenas. Por ello, las concesiones mineras son medidas administrativas que restringen nuestro derecho a la participación de los pueblos indígenas.
- Denunciamos y exigimos que se modifiquen las leyes y procedimientos mineros para adecuarlos a los derechos que reconocen las normas internacionales de pueblos indígenas. Es imprescindible que esta adecuación de la legislación interna se realice con urgencia y con la participación de nosotros, los pueblos indígenas y naciones originarias.
- Señalamos que la Amazonía está siendo asaltada y depredada tanto por economías ilegales como por las empresas extractivas formales, que están saqueando nuestra casa común. Los pueblos indígenas estamos en la primera línea de defensa y continuamos la lucha y resistencia que realizaron nuestros ancestros, desde mucho antes que exista el Estado peruano. La defensa la estamos realizando solos, sin tener al Estado a nuestro lado, lo que genera el asesinato de nuestros líderes. Este es el costo del Estado ausente e indolente, que no cumple con su obligación de expulsar al crimen organizado que nos está invadiendo.
- Denunciamos que el Congreso y el Ejecutivo están aprobando normas y medidas para fomentar la tala de nuestros bosques, la invasión minera, encubrir al crimen organizado, y debilitar la institucionalidad ambiental y democrática. Nos solidarizamos con la Nación Shawi y con otros pueblos indígenas que en todo el Perú están resistiendo a la invasión e intento de despojo de sus territorios.
- Exigimos al Estado que derogue las normas que facilitan la minería informal porque permiten las actividades mineras sin fiscalización administrativa y dañan nuestros territorios ancestrales. El denominado “proceso de formalización minera” es una política contraria a nuestros derechos territoriales porque facilita la contaminación, la deforestación y las actividades delictivas de minería ilegal que se escudan en el “proceso de formalización”.
¡Los pueblos indígenas queremos vivir tranquilos en nuestros territorios!
¡No queremos la contaminación que trae la explotación petrolera, minera y todas las actividades extractivas, formales o ilegales!
¡Queremos desarrollo conforme a nuestra visión armoniosa con la naturaleza!
Consejo Directivo de AIDESEP.
