A nueve años del asesinato de nuestros hermanos indígenas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), organización indígena nacional representante de 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2439 comunidades nativas, alza la voz para manifestar lo siguiente:
- Rechazamos tajantemente la decisión de la Sala Penal de Apelaciones de Ucayali que, el último 29 de agosto, declaró nula la sentencia condenatoria en primera instancia contra los madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, los trabajadores Segundo y Josimar Atachi Félix, y Euricio Mapes Gómez, quienes en febrero de este año fueron hallados culpables del asesinato de los cuatro líderes de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto. Esto es un mal precedente para los casos judiciales cuya finalidad es hallar la verdad y a los responsables que atentan contra los defensores indígenas, dando paso a la impunidad.
- Hacemos un llamado urgente a las entidades encargadas de la administración de justicia, el Poder Judicial y la Fiscalía, para que garanticen la celeridad en el nuevo juicio oral. No es posible que las familias sean revictimizadas y tengan que esperar muchos años más para conseguir justicia. ¡Justicia que demora no es justicia!
- Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las hermanas Julia Pérez, Ergilia Rengifo, Lina Ruiz y Lita Rojas, viudas e hija de los líderes indígenas asesinados por defender sus territorios. Nuestras hermanas vienen luchando durante nueve largos años para conseguir justicia y ahora deberán volver a pasar por el largo y doloroso proceso.
- Exigimos acciones indemnizatorias urgentes para brindar una adecuada reparación para las familias y comunidad nativa Alto Tamaya Saweto, y para salvaguardar su integridad física y proteger sus vidas ante las amenazas constantes que reciben. Así como, la atención en servicios básicos como salud, educación y oportunidades para generar sustento económico para las familias.
- Demandamos que las autoridades cumplan con sus obligaciones y se centren en atender y erradicar las causas que exponen al peligro a los y las defensoras indígenas, tales como las actividades ilícitas y las actividades formales que se imponen en sus territorios. También exigimos la implementación de mecanismos efectivos que garanticen la protección real de los defensores y defensoras indígenas. En los últimos años, son 31 líderes indígenas asesinados por defender sus territorios, y en muchos de estos casos, aún no se inicia el proceso judicial para hallar a los responsables y tampoco se inician acciones para atender las causas que generaron el atentado contra sus vidas.
¡Los pueblos indígenas de la Amazonía exigimos justicia para Saweto!
