La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), representante de 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2439 comunidades nativas, alerta sobre el nuevo ataque contra los derechos fundamentales que tenemos los pueblos indígenas con la nueva medida de despojo territorial de comunidades campesinas, promulgada por insistencia por el Congreso de la República. Al respecto:
1. Expresamos nuestro categórico rechazo a la Ley n° 32293 que modifica la Ley 24657 (Ley de deslinde y titulación del territorio de las comunidades campesinas), con la única finalidad de promover el despojo territorial, formalizando miles de predios que se superponen a los territorios comunales. Este es un nuevo ataque que da carta abierta a la expropiación de los territorios de las comunidades campesinas y permite su fragmentación, que sienta un precedente peligroso y abre la posibilidad de la expropiación de los territorios ancestrales de las comunidades nativas en la Amazonía.
2. Alertamos que esta medida legaliza el despojo territorial sistemático y vulnera nuestros derechos a la posesión y propiedad sobre los territorios ancestrales. Aún a falta de título por omisión del Estado, mantenemos nuestro derecho a la propiedad territorial según el artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debido a nuestra ocupación histórica es preexistente al Estado. El título de propiedad no es constitutivo de nuestro derecho, solo lo declara porque somos titulares de forma originaria.
3. Manifestamos que dicha medida contraviene el artículo 89 de la Constitución Política que reconoce la garantía de imprescriptibilidad sobre nuestros territorios ancestrales, que prohíbe que el transcurso del tiempo sea utilizado para restringir nuestro derecho a la propiedad territorial y promover el despojo mediante la invasión de terceros. Es obligación del Estado garantizar el reconocimiento administrativo de las comunidades y la titulación de nuestros territorios ancestrales. Por lo que debe abstenerse de otorgar medidas a favor de terceros para ocupar los territorios sin antes haber culminado los procesos de titulación, según el estándar internacional previsto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Comunidad Mayagna Sumo Awas Tingni vs. Nicaragua – 2001).
4. Reiteramos que cualquier medida legislativa (proyecto de ley) que afectará derechos de pueblos indígenas debe ser objeto de consulta previa, libre e informada. La obligación del Congreso de garantizar nuestro derecho a la consulta previa legislativa también surge de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional (Expediente No. 00007-2022-PI/TC) y de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente No. 08243-2017).
5. Señalamos que esta no es una medida aislada sino que es parte de la la maquinaria de despojo y violencia generalizada que es promovida por el Congreso, el Ejecutivo y todo el sistema contra los pueblos indígenas andinos y amazónicos, contraviniendo el marco normativo nacional, la propia Constitución Política del Perú y otras leyes, así como los tratados internacionales que el Estado peruano ha suscrito.
6. Recalcamos que la historia de los pueblos indígenas está hecha de luchas y resistencias. A pesar de las adversidades no nos dejaremos amedrentar y, por el contrario, seguiremos defendiendo nuestros territorios ancestrales. Y acudiremos a las últimas instancias para derogar esta y otras leyes antiderechos que solo buscan desaparecernos, anteponiendo los intereses particulares sobre nuestras vidas y derechos.
7. Hacemos un llamado a las organizaciones indígenas, a las organizaciones aliadas, sociedad civil organizada, prensa nacional e internacional y sociedad en general a sumarse a la indignación y tomar acciones concretas y urgentes contra esta nueva arremetida.
¡NO AL DESPOJO TERRITORIAL!
Consejo Directivo de AIDESEP.
