La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, representante de 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2439 comunidades nativas, expresa su respaldo al Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) en su firme posición de rechazo a la imposición de crear la Reserva Comunal Ajutap en el territorio ancestral del pueblo Awajún. Al respecto, manifestamos:
- Exigimos al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y otras entidades competentes que respeten nuestra libre determinación como pueblos y naciones indígenas, lo que nos faculta a decidir conformar los Gobiernos Territoriales Autónomos y a ejercer el control territorial de nuestros territorios ancestrales, en estricto cumplimiento del marco normativo constitucional e internacional vigente como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, las sentencias N° 001126-2011-HC/TC y 03326-2017–PA/TC del Tribunal Constitucional, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos indígenas, que son de obligatorio cumplimiento y a las que deben adecuarse las normas de menor rango.
- Rechazamos las acciones de algunas organizaciones que no cuentan con la representación ni legitimidad de las comunidades nativas en Amazonas, ya que pretenden imponer intereses de ciertos grupos y no responden a la voluntad colectiva autónoma de la Nación Awajún, representada por el GTAA, que defiende la posesión ancestral de los territorios ancestrales. A través de una carta emitida en septiembre del 2022, el GTAA comunicó al Sernanp su rechazo a la “estatización” camuflada, a través de la manipulación de ilusiones con la creación de la Reserva Comunal Ajutap. Los promotores de este proceso violan los derechos de igualdad y transparencia al ocultar en sus actas las normas que expropian la posesión y propiedad del territorio awajún a favor del Estado y obligando a su inscripción en registros públicos. Al no explicar las consecuencias profundas e inmodificables de dicha expropiación, también se violó sustancialmente el derecho a la consulta previa libre e informada.
- Manifestamos que el proceso de establecimiento de la reserva carece de legitimidad y legalidad porque no se involucró al GTAA, a las organizaciones indígenas representativas ni tampoco a las comunidades nativas, negándoles el derecho de posesión ancestral, usos autónomos y la participación de las comunidades nativas que podrían ser afectadas con esta medida, mediante las restricciones estatales de acceso que suele imponer el Sernanp. La imposición de la Reserva Comunal Ajutap es una medida administrativa que solo busca fragmentar el territorio ancestral awajún y titularlo a nombre del Estado, desconociendo la posesión originaria indígena, aun cuando el GTAA se ha opuesto desde hace años, sin respeto ni consideración de la libre determinación del pueblo Awajún.
- Denunciamos el despojo sistemático de los territorios ancestrales con la figura de control y vigilancia estatizada con la que el Sernanp ha venido operando en el territorio awajún, que además es ineficaz ante el avance de la minería aurífera, la tala ilegal, entre otras actividades ilícitas. Asimismo, con la creación de dicha reserva comunal se vulneran los derechos colectivos de autodeterminación y a la propiedad territorial ya que impide la titulación y ampliaciones del territorio ancestral de las comunidades colindantes.
- Advertimos sobre la actuación racista y excluyente del Estado que, de manera contraria a las normas internacionales, califica los territorios ancestrales no titulados como áreas de “libre disposición” cuando la Nación Awajún mantiene posesión originaria sobre estos, en forma preexistente a la conformación del Estado.
- Exigimos al Estado que cumpla con la obligación de abstenerse de adoptar cualquier medida administrativa, como la creación de la mencionada reserva comunal, sin haber garantizado previamente la titulación del territorio ancestral del pueblo Awajún, respetando la posesión originaria territorial y su autonomía organizativa, en cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte IDH sobre derechos indígenas.
- Rechazamos que el Estado, a casi 30 años de la vigencia en el Perú del Convenio 169 de la OIT, todavía se resista a garantizar nuestros derechos colectivos bajo nuestras cosmovisiones de nuestros territorios ancestrales. Además, rechazamos la deformación de la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado respecto de cualquier medida administrativa o legislativa susceptible de afectar territorios indígenas, que han sido convertidos en trámites burocráticos y manipulados. ¡Es obligación del Estado respetar de manera estricta la voluntad colectiva y la libre determinación del pueblo Awajún!
- Llamamos a la cooperación a suspender los financiamientos que están detrás de este atropello, a respetar al pueblo Awajún, sus derechos y su gobierno autónomo (GTAA). Ya han sido notificados, ningún proyecto puede imponerse, ni el Sernanp puede hacer negocios conflictivos respecto a “áreas protegidas”.
¡Dejemos la imposición y el conflicto, pedimos que se abra un diálogo respetuoso con el GTAA para abordar sus sustentados cuestionamientos!
Consejo Directivo de AIDESEP.
