La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), representante de 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2439 comunidades, y la Plataforma para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial (Plataforma PIACI – conformada por ORAU, ORPIO, FENAMAD, COMARU y CORPIAA) rechazamos que, aprovechando la grave crisis política y social, algunos actores estatales y privados busquen aprobar el Proyecto de Ley N° 3518/2022-CR que promueve el GENOCIDIO de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
El mencionado proyecto de ley, presentado el 11 de noviembre del 2022 por el congresista fujimorista Jorge Morante, representa un peligro para la existencia de nuestros hermanos PIACI y generaría su exterminio al dar la facultad a los gobiernos regionales de revocar o extinguir las Reservas Indígenas existentes y evitar la creación de nuevas; y les permitiría anular el reconocimiento oficial de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial.
En ese sentido:
- Rechazamos de manera contundente el Proyecto de Ley N° 3518/2022-CR porque permitirá la progresiva extinción y el genocidio de los PIACI, que son los grupos humanos más vulnerables del planeta, ciudadanos peruanos y sujetos de derechos, protegidos por leyes nacionales e internacionales. Además, manifestamos que esta iniciativa legislativa es inconstitucional ya que pretende la regresión en el ejercicio de derechos humanos y atenta contra los principios de la descentralización y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Alertamos a nuestras bases y al público en general sobre la campaña de difusión de información falsa emprendida por algunas empresas y colectivos, que señala que la creación de Reservas Indígenas a favor de los PIACI quitará territorios a otros pueblos indígenas. ¡ES TOTALMENTE FALSO! Como es de conocimiento público, la normativa nacional e internacional existente garantiza los derechos territoriales de los pueblos indígenas colindantes y les permite continuar con sus actividades tradicionales y de subsistencia dentro de las Reservas Indígenas creadas a favor de los PIACI.
- Denunciamos que detrás de estas campañas de difamación e información falsa, que solo buscan engañar y azuzar a la población mal informando sobre los PIACI y la creación de las Reservas Indígenas, existen grupos con fuertes intereses económicos en explotar los recursos naturales de los territorios indígenas y perpetuar la destrucción de la Amazonía.
- Enfatizamos que, hasta el momento, el Estado peruano ha reconocido de manera formal la existencia de 25 Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, mediante los decretos supremos respectivos, después de largos procesos de elaboración de estudios técnico-científicos, que incluyen evidencias irrefutables y que fueron sometidos a la revisión y votación en la Comisión Multisectorial PIACI. Y, precisamente en Loreto, el gobierno regional y los gobiernos municipales locales son miembros de esta comisión y participan con voz y voto. Cabe precisar que, hasta el año 2022, el Gobierno Regional de Loreto votó a favor de la aprobación de los mencionados estudios que prueban la existencia de los PIACI y crean Reservas Indígenas. Ahora es indignante que con el Proyecto de Ley 3518 se pretenda anular este reconocimiento oficial de la existencia misma de nuestros hermanos y compatriotas, quienes viven en la Amazonía desde antes de la creación del Estado actual.
- Recalcamos que AIDESEP no es “titular” de los territorios PIACI y no recibe ningún beneficio por la creación de estas reservas porque, de acuerdo con la propia normativa vigente, los PIACI que habitan en las Reservas Indígenas son los únicos y mancomunados beneficiarios de las mismas. Asimismo, rechazamos las manifestaciones difamatorias que nos acusan de supuestamente recibir beneficios de la venta de bonos de carbono en los territorios de los PIACI, lo que es COMPLETAMENTE FALSO.
- Aclaramos que el reconocimiento formal de la existencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento de la Reserva Indígena solicitada Napo Tigre (D. S. N° 010-2022-MC) de ninguna manera afecta los derechos de alguna comunidad o empresa, pues responde a la obligación del Estado de garantizar y proteger los derechos fundamentales a la vida y la salud de estos pueblos extremadamente vulnerables. Y no es posible que esta supuesta afectación se tome como excusa para desconocer la existencia de nuestros hermanos PIACI.
- Hacemos un llamado a nuestras bases, a la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil, la iglesia, las instancias tutelares de derechos humanos y al público en general a mantenerse vigilantes y no permitir la aprobación de un proyecto de ley que solo permitiría culminar el genocidio iniciado durante la época del caucho con la única finalidad de tener carta abierta para explotar estos territorios y enriquecerse a costa de las vidas de miles de compatriotas más vulnerables.
- Recordamos a las autoridades y funcionarios públicos que su principal obligación constitucional es la defensa de la persona humana y su dignidad, en especial de los grupos más vulnerables de la población. En ese sentido, les exhortamos a no prestarse a apoyar este nefasto proyecto de ley, cuya aprobación conlleva a la manifiesta vulneración de los derechos a la vida, integridad, salud y territorio de los PIACI, además de poner en serio riesgo su propia supervivencia.
