La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) como organización nacional representativa de pueblos indígenas de la Amazonía peruana y nuestras 9 organizaciones regionales expresamos nuestra indignación y categórico rechazo a las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, y la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, quienes señalaron que los más de 500 casos de violación contra las niñas y adolescentes del pueblo Awajún son “prácticas culturales”. Al respecto:
- Reafirmamos nuestra defensa de la vida y de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas. Son las comunidades de los pueblos Awajún y Wampis las que han venido denunciando los casos de violencia sexual cometidos contra las niñas y las adolescentes por más de una década, sin que a la fecha el Poder Judicial haya dictado las sentencias condenatorias contra los responsables.
- Exigimos que las entidades del Estado apliquen las sanciones administrativas, penales y civiles más drásticas ante el abuso, el acoso y las violaciones cometidas contra las estudiantes por parte de los docentes, tanto en el pueblo Awajún como en todos los territorios indígenas. Estos hechos constituyen delitos graves y no es posible que el titular de este sector se escude llamando “prácticas culturales” a las violaciones sexuales para proteger su inacción y blindar a los docentes agresores.
- Rechazamos la estigmatización a los pueblos indígenas con estas declaraciones que solo son una muestra más de la discriminación y el racismo estructural que se encuentran enquistados en todo el aparato estatal. Por ello, exigimos la inmediata renuncia de los dos ministros a sus cargos.
- Instamos a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), entidades que otorgan las plazas a los docentes con fondos públicos, a que cumplan su rol de fiscalizar y sancionar a aquellos docentes que cometen estos delitos repudiables, expulsándolos y denunciándolos. Y al ministro de Educación y a la ministra de la Mujer a que no pretendan deslindar de su responsabilidad.
- Exigimos al Ministerio de Cultura y su Viceministerio de Interculturalidad, ente rector de los pueblos indígenas, que emita un pronunciamiento claro y firme rechazando estas declaraciones de los ministros que atentan contra la cultura de los pueblos indígenas, caso contrario, estará avalando dichas declaraciones.
- Condenamos la inacción del Estado y la ausencia de las medidas de protección para las víctimas. Es inadmisible que las entidades competentes hasta la fecha no hayan atendido de manera especializada los casos de violencia sexual en agravio de las estudiantes indígenas. La falta de acción revela el menosprecio por las mujeres indígenas, así como la complicidad y la impunidad tolerada por las entidades del Estado.
- Exigimos la conformación inmediata de una comisión investigadora especializada intersectorial destinada a investigar, juzgar y sancionar todos los casos de violencia contra la mujer identificados. El Ministerio Público y el Poder Judicial deben garantizar el acceso a la justicia de las víctimas e imponer las sanciones más drásticas contra los responsables en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas.
- Exhortamos a las instituciones estatales a retomar, mejorar y acelerar los mecanismos y rutas de trabajo que ya existen, tanto para la prevención como para la atención de los casos de violencia sexual y de otros tipos. Urge sancionar a los agresores y atender a las víctimas que son las niñas, niños y adolescentes.
- Exigimos que se respete el artículo 4 de la Constitución Política del Perú, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana de derechos de los Pueblos Indígenas, la Recomendación General 39 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otras leyes nacionales e internacionales vigentes de protección y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
- Demandamos que las entidades estatales realicen un trabajo articulado con las comunidades y organizaciones indígenas, y se generen espacios de coordinación y participación entre el sistema de justicia del Estado y la justicia indígena, para promover el respeto y la defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres indígenas.
- Hacemos un llamado a las autoridades nacionales, regionales y locales, a los organismos internacionales de defensa de los derechos, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a estar vigilantes y exigir la sanción frente a las denuncias por violación sexual y otro tipo de violencias en contra de las niñas, niños y adolescentes indígenas, y a no permitir impunidad frente a estos execrables hechos.
¡Condenamos la estigmatización de los pueblos indígenas!
¡No a la impunidad de los responsables por delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes indígenas!
¡Exigimos la renuncia de los ministros de Educación y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables!
