Los dirigentes de las organizaciones base de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP se declararon en movilización permanente en las regiones amazónicas, ya que denuncian que existe discriminación del Estado para atender estas zonas. Las declaraciones fueron vertidas en conferencia de prensa virtual el jueves 9 de julio.
“Nos declaramos en emergencia indígena y en movilización permanente”, señaló Lizardo Cauper, presidente de AIDESEP quien exigió además una reunión con el presidente de la república, Martín Vizcarra, el día viernes 10 de julio. Y anunció movilizaciones los días 13, 14 y 15 para exigir la ejecución de los 88 millones de soles prometidos por el Estado, a través de intervención con medicamentos y personal que llegue a las comunidades nativas.
Según Jorge Pérez Rubio, dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO, los fondos que está destinando el Ministerio de Salud no son suficiente y la atención itinerante no está en relación del problema y la letalidad. Agregó que aún las Direcciones Regionales de Salud no aplican la variable étnica al momento de realizar los diagnósticos.
Asimismo, anunciaron acciones legal contra el Estado debido al “etnocidio y ecocidio” ante instancias internacionales por abandono y falta de acción, que propicia la muerte de cientos de indígenas.
DEMANDAS
Jorge Pérez, de Loreto resaltó que se requiere una estrategia adicional de plan de salud para que se pueda llegar a los lugares más lejanos, donde ya entró el virus. “No podemos esperar la burocracia, tenemos que avanzar a llevar la medicina a nuestros hermanos que están reposados”, replicó Salomón Awanach de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú- ORPIAN (Amazonas).
Por su parte, Ely Tangoa, de la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín – CODEPISAM, exigió planes integrales de atención a las comunidades nativas a nivel local, regional y nacional y lamentó que en las postas de salud exista desabastecimiento. “No tenemos medicamentos, ni una pastilla para aliviar el dolor o la fiebre, necesitamos personal médico”, apuntó.
Berlin Diques, de la Organización Regional Aidesep Ucayali- ORAU, explicó que los 88 millones de soles para atención de la salud en regiones amazónicas no han sido ejecutados debido a la burocracia. “La pandemia desenmascaró el desinterés por las brechas que tiene el gobierno hacia estas poblaciones”, acotó.
Por su parte, Gregorio Mirabal, Coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA exigió al presidente Martín Vizcarra a dar una respuesta urgente inmediata. “El mundo está viendo lo que está pasando en la selva peruana”, señaló.
SALUD Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Entre las pautas presentadas por los dirigentes indígenas resalta el rechazo a la consulta previa virtual anunciada por la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, con la finalidad de acelerar el inicio de los proyectos mineros.
“Para nosotros es una aberración completa el promover la consulta previa virtual, cuando ha sido un mero formalismo desde los sectores del estado”, expresó Berlín Diques de Ucayali.
Asimismo, señalaron su rechazo a la continuación de actividades extractivas en los territorios. “Siguen operando las industrias extractivas y eso nos preocupa mucho; encima se nos propone una reactivación económica, cuando estamos en luto porque siguen falleciendo nuestros hermanos, nuestros sabios”, expresó Cauper Pezo.
Julio Cusurichi de Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes – FENAMAD, alertó que las concesiones de hidrocarburos, minería y tala afectan los derechos de los pueblos a la salud. “Mientras nosotros cumplimos el aislamiento, las empresas tienen luz verde del gobierno y les dan permiso para reactivar sus actividades incluso afectando a pueblos en aislamiento, eso no es correcto”, puntualizó
DATOS:
- En la región Loreto aproximadamente hay 2500 hermanos afectados por la pandemia y más de 1000 muertes en total
- En abril AIDESEP y sus federaciones indígenas demandaron al Estado ante el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos por daños permanentes que podían sufrir los pueblos debido al ingreso de la COVID-19 en los territorios.
- La Defensoría del Pueblo advirtió a inicios de la emergencia sanitaria que de seis cada diez comunidades no cuentan con un centro de salud; además, los existentes carecen de equipos de protección personal, se encuentran desabastecidos y con fallas de infraestructura para afrontar la crisis.
- LEA EL PRONUNCIAMIENTO DE AIDESEP: http://www.aidesep.org.pe/sites/default/files/media/noticia/PRONUNCIAMIENTO-AMAZON%C3%8DASEMOVILIZA.pdf
