PP.II. logran un cuarto intermedio antes que el pleno debata el PL 3941 

Debido a la presencia del Tesorero Nacional de AIDESEP, Sedequias Ancón, acompañado de un equipo técnico especializado, el coordinador del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, Antolin  Huáscar y representantes de la Confederación Nacional Agraria  se logró un cuarto intermedio que permita un tiempo prudente para que los pueblos indígenas puedan participar de las discusiones técnicas y así defender sus argumentos y derechos al verse perjudicados por esta normativa.

Con una carta dirigida a la Presidenta del Congreso Ana María Solórzano, los pueblos indígenas gracias a la ayuda de diversos congresistas que apoyan la lucha histórica de los pueblos por sus territorios, lograron entregar su pedido al pleno del congreso el pasado jueves 30 de abril en el mismo momento en la que se debatía sobre la aprobación del PL.3941.

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“Exigimos a su presidencia se nos conceda la realización de reuniones técnicas de trabajo a fin de que se consideren nuestras propuestas y se determine con claridad que este proyecto no afecta los derechos de los pueblos indígenas y cumpla así con su objetivo de favorecer el desarrollo nacional”Los representantes de los pueblos indígenas se vieron sorprendidos tras observar muchas modificaciones con respecto al Proyecto de Ley ya que ellos manejaban uno muy distinto. A esté se incorporó el contenido propuesto por la Defensoría del Pueblo a fin de excluir expresamente a los pueblos indígenas de la afectación del título IV y V del dictamen, lo cual para AIDESEP aún no precisa de forma clara con respectos a otros puntos que pertenecen a este Proyecto de ley. No se está teniendo en cuenta las comunidades indígenas que aún no son reconocidas por el Estado, es decir las que aún siguen en espera de titulación, alrededor de 1160 comunidades (datos CIPTA – AIDESEP).
Pero a pesar de estos cambios repentinos, grata fue la sorpresa de los representantes indígenas de recibir en las antesalas del hemiciclo a la Vicepresidenta Marisol Espinoza quién recibió su carta con el pedido de discutir y precisar los puntos que comprometen sus derechos. Luego durante su participación en el debate por el PL 3941 ella mencionó el pedido de las organizaciones indígenas.
De la misma forma, la congresista Verónica Mendoza, Eduardo Nayap, Juan Pari, Marisol Pérez Tello, y otros parlamentarios. Asimismo, el Presidente de la Comisión de los Pueblos, Federico Pariona al enterarse de la presencia de los representantes de los pueblos indígenas en la antesala del hemiciclo donde se debatía, se veo obligado a llamar a un cuarto intermedio para poder dialogar con los pueblos y remediar los artículos que aún no se precisan.
“Cuando yo supe que ustedes estaban aquí, tuve que pedir el cuarto intermedio para así poder escucharlos y conversar sobre este Proyecto de Ley” manifestó el congresista Federico Pariona cuando recibía la carta, donde se establecía el pedido de los pueblos indígenas frente a la aprobación de este PL.3941, a través de la entrega del líder shipibo Sedequias Ancón.
Ante este hecho, el presidente de la Comisión de los pueblos se comprometió a reunirse con las organizaciones indígenas para discutir estos temas más específicos del dictamen del proyecto de Ley.
 ¿Qué se le cuestiona al PL 3941?
Se le cuestiona por simplificar peligrosamente la aprobación de los estudios de impacto ambiental y debilitar la gestión ambiental así como por amenazar la seguridad territorial de los pueblos y comunidades indígenas e incluso de particulares.
Esta acción, facilita el otorgamiento de servidumbres y derechos de vía a favor de proyectos de inversión en terrenos eriazos del Estado. A pesar que existe una ausencia de un catastro unificado y actualizado de tierras y la falta de voluntad política para titular a las comunidades.
Estos puntos son los que generan desconfianza y rechazo ante esta medida, pues se teme a que el Estado desconozca los territorios indígenas de los pueblos a pesar que son áreas que les pertenecen  desde tiempos inmemoriales, ya que esta iniciativa legal forma parte del conjunto de normas “ómnibus” promovidas por el gobierno para promover la inversión y el crecimiento económico sin tomar en cuenta la biodiversidad y los territorios indígenas.

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