Organizaciones indígenas rechazaron la eliminación de la Comisión de Pueblos en el Congreso bicameral por considerarla un retroceso que debilita la defensa territorial y los derechos colectivos.
Durante el evento “Hacia una Agenda Legislativa desde los Pueblos Indígenas”, realizado el viernes 21 de noviembre en el Auditorio “Alberto Andrade Carmona” del Congreso de la República, representantes de las organizaciones indígenas nacionales del país expresaron un rechazo firme a la eliminación de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos en el reglamento del futuro Congreso bicameral.
Las organizaciones consideraron esta medida como un retroceso que debilita la defensa de sus derechos colectivos y reduce los espacios institucionales de vigilancia y participación.
En el encuentro, la congresista Silvana Robles Araujo, presidenta de la Comisión, denunció que la eliminación de esta instancia responde a sectores que buscan restar presencia y capacidad de incidencia a los pueblos originarios en el Parlamento.
“Se quiere eliminar la Comisión de Pueblos en nombre de una supuesta reorganización. Es una forma de restar visibilidad a la agenda indígena y de reducir los espacios donde podemos defender nuestros derechos”, afirmó.
Explicó que la propuesta afecta tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, dejando sin un órgano técnico especializado que responda a los 55 pueblos indígenas del país.
El dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Julio Cusurichi, sostuvo que la Comisión es un espacio clave para garantizar que las normas que afectan a los pueblos indígenas no se aprueben sin consulta previa.
“Eliminar esta Comisión es un genocidio político, siendo ésta la única ventana donde aún podemos hablar de nuestros derechos. No permitiremos que nos silencien”, señaló.
Recordó que en los últimos años se han impulsado normas que afectan gravemente sus territorios, como las modificaciones a la Ley Forestal, los intentos de debilitar la Ley PIACI y las restricciones a la cooperación internacional planteadas en la Ley APCI.
Las organizaciones coincidieron en que existe un patrón de decisiones estatales que vulnera derechos colectivos. Señalaron la aprobación de normas sin consulta previa, la criminalización de defensores indígenas, la entrega de concesiones sobre territorios ancestrales y la exclusión de los pueblos originarios en decisiones ambientales y económicas.
Frente a ello, Julio Cusurichi, recordó que el Estado tiene compromisos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, y reiteró que todas las normas que afectan directa o indirectamente a los pueblos indígenas deben ser consultadas.
“Si hay derrames de petróleo en Loreto o asesinatos en otras regiones, no podemos quedarnos callados; no pueden prohibirnos denunciar al Estado cuando se vulnera nuestros derechos”, señaló.
De otro lado, el presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), Isidro Limache Carita, expresó su preocupación por el clima de estigmatización hacia los pueblos indígenas.
“Los pueblos aymaras no somos terroristas. Defendemos nuestros territorios y exigimos respeto. Necesitamos que el Congreso escuche y corrija este error”, manifestó.
Al cierre del evento, se reafirmó que mantener un órgano legislativo especializado como la Comisión de Pueblos es indispensable para asegurar el análisis técnico de las normas que afectan a los pueblos originarios.
“No es solo una comisión: es el espacio que garantiza que nuestros pueblos no sean nuevamente excluidos del debate nacional. Defender este espacio es defender los territorios”, concluyeron los líderes indígenas.
