El Gobierno Regional de Loreto y el SERFOR son instituciones beneficiarias de la segunda fase de la DCI y del Programa de Fomento y Gestión Sostenible de la Producción Forestal en el Perú. Y, en ese marco, AIDESEP solicita que se adopten las acciones correspondientes para garantizar los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial frente a las amenazas y atropellos perpetrados por parte del Estado peruano.
Cinco de las seis organizaciones indígenas que integran la Plataforma para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial (PIACI) solicitaron que la Declaración Conjunta de Intención (DCI) y el KFW Banco de Desarrollo Alemán tome acciones para garantizar la vida y salud de los PIACI de la región Loreto.
Ello en vista de que hasta marzo del 2022 se han identificado 47 concesiones forestales que fueron otorgadas de manera ilegal por el Gobierno Regional de Loreto en la Reserva Indígena Yavarí-Tapiche y el área solicitada para constituir la Reserva Indígena Yavarí Mirim, que ponen en riesgo y peligro inminente la vida, salud e integridad de los Pueblos Indígenas en Aislamiento, ya que estos grupos se encuentran en una situación de vulnerabilidad inmunológica, cultural y social.
“Manifestamos nuestra profunda extrañeza y preocupación de que el plan de implementación de la segunda fase de la DCI haya incluido una actividad para financiar el Establecimiento de unidades de ordenamiento forestal en Ucayali y títulos habilitantes en Loreto e inscripción en Sunarp”, señala el documento dirigido al Rey de Noruega, NICFI, KFW Banco de Desarrollo Alemán, así como a los Países participantes en la DCI: Noruega, Alemania, EEUU, UK Inglaterra
Por ello, las organizaciones indígenas exigen que, en el marco del plan de implementación de la DCI, se garantice que los títulos habilitantes forestales no se superpongan con Reservas Indígenas, Reservas Territoriales o Reservas Indígenas solicitadas y en trámite de creación, en concordancia con la normativa forestal y de derechos humanos.
Asimismo, llaman a que los países miembros de la DCI y el KFW Banco de Desarrollo Alemán den seguimiento con el Serfor y Gorel a fin de asegurar que se anulen de una vez estas 47 concesiones forestales ilegales. Y también que incidan para que el Estado peruano cumpla la Ley N° 28736 y su Reglamento, así como de los acuerdos de la 27º sesión de la Comisión Multisectorial (Ley 28736) en torno al redimensionamiento de los bosques de producción forestal permanente, la exclusión y anulación de las concesiones forestales superpuestos a la Reserva Indígena Yavarí Tapiche.
La carta ha sido suscrita por AIDESEP, junto a cinco de las organizaciones regionales que conforman la Plataforma PIACI: la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas AIDESEP Atalaya (CORPIAA).
Sobre las concesiones forestales ilegales
La grave amenaza que representan las concesiones forestales en los territorios de las Reservas Indígenas de Loreto ya ha sido comunicada en múltiples ocasiones no solo al Gorel y al Serfor, sino también a la Fiscalía, Contraloría, Ministerio de Cultura, Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República. Además, las organizaciones indígenas han enviado innumerables oficios al Gorel y Serfor pidiendo la anulación de las concesiones ilegales sin obtener una respuesta favorable.
Es importante mencionar que quinta disposición complementaria final de la Ley forestal y de Fauna Silvestre, el artículo 60 del DS 21-2015-Midagri y el artículo 70 del DS 18-2015-Midagri prohíben el otorgamiento de concesiones forestales en áreas en trámite de establecimiento de Reservas Indígenas para PIACI. Es por eso que las concesiones ilegales otorgadas por el Gorel en las Reservas Indígenas en trámite de creación son “nulas de pleno derecho”.
Puedes leer la carta aquí:
