Organizaciones indígenas nacionales rechazamos la nueva Ley de Despojo Territorial: Denunciamos la ofensiva de la dictadura contra nuestros derechos fundamentales

La dictadura ha puesto en marcha una estrategia de exterminio legal que avanza sin control contra nuestros derechos, poniendo en peligro nuestra existencia física y cultural. A la Ley Mordaza (Ley N.º 31878), que modifica la Ley de la APCI para bloquear nuestra autonomía y el acceso a la justicia, se suma ahora la Ley N.º 32293, aprobada por insistencia y publicada el 20 de marzo de 2025. Esta nueva norma modifica la Ley 24657 para permitir la formalización de más de 65,564 predios invadidos que se superponen a los territorios ancestrales de pueblos originarios.

Denunciamos que esta ley es inconstitucional, pues viola el artículo 89 de la Constitución, que reconoce que la propiedad de las comunidades es imprescriptible y colectiva. Además, contraviene el Convenio 169 de la OIT y los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas, que reconocen la propiedad ancestral y la obligación de los Estados de garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión sobre nuestros territorios.

Las organizaciones indígenas nos pronunciamos en 2023, dejando claro que esta ley es inconstitucional y debe ser sometida a consulta previa, tal como lo establece el marco legal nacional e internacional que protege nuestros derechos. Así lo expusimos en una carta enviada el 24 de noviembre de 2023 al Congreso de la República, en la que señalamos que la ley pone en riesgo la seguridad territorial de nuestras comunidades y abre la puerta a actividades extractivas y ocupación ilegal.

Sin embargo, nunca recibimos respuesta, lo que demuestra la indiferencia criminal de nuestras autoridades ante la grave amenaza que enfrentan los pueblos originarios.

Estas normativas promueven la adjudicación de nuestras tierras a terceros, al referirse a las comunidades campesinas “que no tengan la condición de pueblo indígena u originario”. Ese es el punto clave: intentan negar nuestra condición de pueblos indígenas u originarios. Por eso adelantaron los Censos Nacionales al 2025, imponiendo una pregunta de autoidentificación étnica confusa, que incluye términos como “mestizo”, con el fin de distorsionar quiénes somos y justificar el despojo. Además, aprobaron la Ley Mordaza para impedirnos ejercer acciones legales contra estas leyes que atentan contra nuestros territorios. No es casual que todo esto ocurra mientras la usurpadora Dina Boluarte convoca a elecciones generales para 2026.

Desde el 7 de diciembre de 2022, hemos denunciado que esta dictadura llegó para quedarse, sin importar quién ocupe el sillón presidencial. Desde entonces, hemos sido testigos de una política sistemática de regresión de derechos, manipulación de las leyes electorales, hostigamiento a la justicia y apropiación de las instituciones públicas. Todo esto ha estado acompañado de una represión brutal que asesinó a más de cincuenta hermanas y hermanos, la mayoría indígenas. Su objetivo es allanar el camino hacia nuestro exterminio físico, jurídico y cultural.

Esta ofensiva se lleva a cabo al servicio de los grandes grupos empresariales, articulados en la CONFIEP, especialmente los vinculados a actividades extractivas. Quieren arrebatarnos nuestros territorios, pisoteando nuestros derechos colectivos: a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; a la identidad cultural; a la autonomía y libre determinación; y al acceso a la justicia, entre muchos otros.

Por todo esto, hacemos un llamado urgente a nuestras hermanas y hermanos de las organizaciones indígenas, campesinas y de los movimientos sociales del país: ¡Pronunciémonos y movilicémonos en defensa de nuestros territorios, nuestras vidas y nuestros derechos colectivos! Convocamos a jornadas de lucha, articulación y denuncia en todas las regiones.

Exigimos a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a los mecanismos de protección de los pueblos indígenas que se pronuncien con firmeza contra estas leyes inconstitucionales y contra toda esta ofensiva dictatorial.

¡No a la nueva Ley de Despojo Territorial! ¡No a la Ley Mordaza! ¡No a una pregunta censal diseñada para desaparecernos como pueblos! ¡Nuestros territorios no se venden, se defienden!

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