Las organizaciones indígenas nacionales que conforman la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC) rechazaron la modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS), que se promovió inconsultamente y de manera ilegal en el Congreso de la República.
Esto se realizó a través de reiteradas comunicaciones y una reciente carta dirigida al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, donde se detalla que esta modificatoria “promueve la deforestación y facilita el otorgamiento de derechos sobre nuestros bosques a favor de terceros y ha violado nuestros derechos a la consulta y consentimiento previo libre e informado. Más grave aún esta modificatoria promoverá el despojo de nuestros territorios integrales ancestrales e incrementará las amenazas y la vida de los defensores indígenas ambientales, así como la vida e integridad biológica, cultural, ambiental y espiritual”.
Estos argumentos, así como las graves amenazas que representa esta modificatoria ya habían sido manifestados a través de diferentes comunicados y pronunciamientos de diversas organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Así como el Ministerio del Ambiente, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.
A pesar de ello, el último 10 de enero, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, firmó la autógrafa de la modificación de la Ley Forestal, incumpliendo el propio reglamento del Parlamento. Lo más grave es que no se tomó en cuenta las reconsideraciones presentadas por las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes, y que ya no figuran en la web institucional.
En la última misiva enviada, las organizaciones indígenas nacionales manifestaron que los responsables de la modificatoria de la LFFS pueden incurrir en responsabilidad administrativa funcional, responsabilidad civil y/o responsabilidad penal, esto debido a que no se respetó el mismo reglamento del Congreso. Además, la PPICC utilizará todas las vías existentes legales para lograr la derogatoria de la mencionada modificatoria.
Al respecto, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) señaló la urgencia de que la Defensoría del Pueblo y/o alguna entidad competente interpoga la acción de inconstitucionalidad frente a esta nueva violación por parte del Congreso.
Dato: La PPICC está conformada por las siete organizaciones indígenas nacionales: AIDESEP, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas, Nativas y Asalariadas de Perú (FENMUCARINAP).
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