Con miras a la 3ra Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú, que se realizará en Santiago de Chile en el mes de abril, los pueblos indígenas de la Amazonía, representados por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) junto a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y sus bases regionales: la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL), el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Central Asháninka del Río Ene (CARE), con el apoyo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), elaboraron propuestas para incrementar la participación de las defensoras y defensores indígenas en la gobernanza de dicho Acuerdo.
Estas propuestas se fundamentan en garantizar la protección de los defensores y defensoras, como parte de los objetivos del Acuerdo de Escazú. Para ello es necesario incrementar el nivel de participación de los pueblos indígenas, ya que son algunos de los principales blancos de agresiones y asesinatos por parte del crimen organizado, ya que se enfrentan a las actividades ilícitas defendiendo sus territorios ancestrales. Además, las propuestas se basan en los derechos colectivos de los pueblos indígenas como la libre determinación, la autonomía y el autogobierno, por lo que prima contar con su consentimiento y que se respeten sus propias formas de organización a la hora de tomar decisiones que puedan causar impactos directos o indirectos en sus vidas y territorios.
En ese marco, entre las acciones posibles a corto plazo está el contar con presupuesto definido por parte de los Estados para la convocatoria al Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe; y la participación de defensores y defensoras en el Grupo de Trabajo ad hoc de composición abierta sobre defensores y defensoras. A mediano plazo, la creación de un espacio reconocido oficialmente como un caucus o mesa de trabajo indígena, liderada por los propios pueblos y la figura de un relator/a especialista en defensores ambientales de primera línea. Finalmente, para que las defensoras y defensores también puedan participar efectivamente en los diferentes espacios, se plantea contar con cuotas de representación, entre los representantes del público, la Mesa Directiva de la COP y el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento respetando las estructuras propias de las organizaciones indígenas, considerando que existe una amplia brecha digital para su elección.
Cabe mencionar que la COICA y sus bases construyeron propuestas para mejorar la representación indígena en el Acuerdo de Escazú desde la primera Conferencia de las Partes (COP1). Algunos de estos logros son la creación del grupo de trabajo ad hoc de defensoras y defensores de composición abierta, así como la elaboración del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Estas propuestas han sido impulsadas por el Programa de Defensores Indígenas de AIDESEP en trabajo conjunto con sus bases regionales ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), órgano que tiene calidad de Secretaría Técnica del Acuerdo de Escazú, durante el Segundo Foro Anual, realizado en septiembre de 2023 en Panamá. Asimismo, fueron compartidas con el Presidente de la Mesa Directiva; representantes de la CEPAL, del Comité de Apoyo y Cumplimiento, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Naciones Unidas y con Representantes del Público, llegando al compromiso de continuar el diálogo en base a un documento técnico. Asimismo, los líderes indígenas solicitaron que se posibilite ampliar su participación debido a sus particularidades, limitaciones de conectividad y acceso a la información.
De igual modo, continuando con lo discutido con ellos en dicha edición del Foro Anual, la COP3 tiene como principal punto de agenda la discusión y la aprobación del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, con el fin de apoyar la implementación del artículo 9 del Acuerdo de Escazú sobre la protección de personas defensoras. Sin embargo, aún estas herramientas no son suficientes para tratar la problemática que aqueja a los defensores de primera línea y que tiene que solucionarse por los Estados pero con participación activa de los pueblos indígenas.
La propuesta de Plan de Acción que se discutirá en Santiago de Chile es producto de una serie de debates presenciales en las dos primeras ediciones del Foro Anual sobre defensoras y defensores (2022 y 2023), y consultas públicas virtuales del índice y del borrador del plan en las que contribuyeron activamente AIDESEP, COICA, entre otras organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil de la región, así como la recientemente creada Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras Indígenas y del Territorio*.
Es importante señalar que, del 3 de noviembre de 2023 al 14 de enero de 2024, la CEPAL realizó la consulta pública virtual del contenido del Plan de Acción. Y AIDESEP, CORPI-SL, COMARU, ORPIO, ORAU, CARE y DAR participaron enviando sus aportes a los 4 ejes del Plan: generación de conocimiento; reconocimiento; fortalecimiento de capacidades apoyo a la implementación nacional y cooperación; seguimiento y revisión del plan de acción:
1. Generación de conocimiento: El diagnóstico que se va a elaborar debe incluir los peligros a los que están expuestos las defensoras y defensores indígenas como las economías ilícitas, la periodicidad de su actualización y una línea base que luego permita monitorear la evolución de las medidas implementadas. Se debe utilizar información de los Estados y de los territorios, desde las organizaciones indígenas.
2. Reconocimiento: Reconocer el aporte, sus iniciativas de autoprotección de las defensoras y defensores indígenas en la protección de los bosques y ajustar las campañas comunicacionales que se organicen según el público al que se destinen, considerando también la lucha contra la desinformación esparcida contra los defensores, defensoras y el Acuerdo de Escazú.
3. Fortalecimiento de capacidades: Enfoque intercultural para que los lineamientos y medidas de protección que se implementen respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Así como, buscar la articulación entre mecanismos nacionales de protección y los mecanismos indígenas de autoprotección afianzando una mayor sinergia entre ambas. Capacitar a autoridades nacionales y a nivel local, incluyendo fuerzas de seguridad.
4. Seguimiento y revisión: Generar un mecanismo o espacios para que los pueblos indígenas, sean de Estados parte o no, puedan participar directamente del seguimiento al Plan de Acción del Acuerdo de Escazú y emitir recomendaciones basadas en sus experiencias directas a través de informes participativos.
En definitiva, para este proceso, el trabajo de articulación entre pueblos indígenas y la sociedad civil ha sido constante a lo largo del tiempo, incidiendo en cada oportunidad con el objetivo compartido de generar mejores posibilidades de participación en las discusiones y toma de decisiones por la grave situación de vulnerabilidad en que se encuentran, intercambiar experiencias e implementar medidas más eficaces, garantizando que los principios y objetivos del Acuerdo de Escazú logren llegar a los territorios e impactar positivamente en la vida de los defensores y defensoras indígenas del ambiente y sus territorios ancestrales.
*Espacio de articulación integrado por organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil de diversos países de América Latina.
