Las principales nacionalidades y organizaciones indígenas de Perú y Ecuador expresaron un rechazo frontal al convenio anunciado entre Petroperú y Petroecuador para interconectar el Oleoducto Norperuano con bloques petroleros del sur de la Amazonía ecuatoriana.
El pronunciamiento, emitido el 18 de agosto, responde directamente a las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien el pasado 28 de julio anunció la firma de un acta de cooperación interinstitucional entre ambas petroleras estatales.
Este acuerdo es inconsulto y representa “una amenaza directa” contra nuestros territorios, culturas y formas de vida, al vulnerar el derecho a la consulta previa y desconocer los marcos legales que protegen a los pueblos indígenas.
El documento es respaldado por la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Amazonía Peruana (AIDESEP), la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), el Gobierno Territorial Autónomo Wampís (GTANW), el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra y la Coordinadora Binacional de la Nacionalidad Achuar de Ecuador y Perú (COBNAEP).
Asimismo, se suman la Nacionalidad Achuar del Ecuador, la Nacionalidad Shiwiar del Ecuador (NASHIE), la Nacionalidad Sápara del Ecuador (NASE), la Nacionalidad Kichwa Runakuna de Pastaza (PAKKIRU), la Nacionalidad Andwa de Pastaza del Ecuador (NAPE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE).
Corte de una tubería del Oleoducto Norperuano ha afectado a tres ríos de Amazonas. Foto: Municipalidad provincial de Condorcanqui
El rechazo actual se suma a un pronunciamiento previo emitido el 31 de julio por tres Gobiernos Territoriales Autónomos (GTA) del Datem del Marañón: la Nación Wampís, la Nación Chapra y la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP).
En esa carta pública, difundida desde la ciudad de San Lorenzo, las organizaciones advirtieron que no fueron consultadas sobre el proyecto y calificaron la propuesta como “una amenaza para sus territorios y para la Amazonía entera”.
“No hemos sido consultados ni informados. Este proyecto no cuenta con nuestro consentimiento”, señalaron los GTA en ese primer pronunciamiento.
También denunciaron que el Oleoducto Norperuano ya se encuentra colapsado y provoca más de 140 derrames por año, por lo que ampliar su capacidad sería “una provocación” contra los pueblos amazónicos.
En general, el convenio refleja “la desesperación de ambos gobiernos por reactivar proyectos inviables y aumentar la extracción de crudo a cualquier costo”.
En Ecuador, la llamada “ronda suroriente” —que buscaba concesionar bloques petroleros en territorios amazónicos— fracasó hace más de una década debido al rotundo rechazo de las nacionalidades indígenas.
En Perú, el transporte de crudo por el Oleoducto Norperuano “multiplicará un historial de derrames que ya devastaron nuestras comunidades, ríos y bosques”, con impactos que incluso han alcanzado las costas del Pacífico.
También denunciamos que esta iniciativa respondería, en parte, a la presión de pagar la millonaria deuda generada por la Refinería de Talara.
El pronunciamiento sostiene que el convenio viola normas nacionales e internacionales que obligan a los Estados a garantizar consulta previa, libre e informada. Mencionan, entre otros, el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución del Ecuador y la Ley de Consulta Previa del Perú (N.° 29785).
Señalamos que los gobiernos mantienen una deuda histórica con nuestros pueblos amazónicos y que, hasta ahora, ni Perú ni Ecuador han reparado los daños ambientales y sociales provocados por décadas de explotación petrolera.
En Ecuador, el Ejecutivo incumple el mandato popular de proteger el Yasuní, mientras que en Perú se cuestiona la falta de respuesta frente a los impactos del Oleoducto Norperuano. “¿Cómo confiar en gobiernos que ni siquiera han reparado el daño causado?”.
El anuncio del convenio ocurre en el marco de la Cumbre Amazónica de Presidentes y de las reuniones de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), espacios que —señalan las organizaciones— deberían servir para proteger la Amazonía y no para profundizar su explotación.
Recordamos las advertencias de la ONU y de la Agencia Internacional de Energía, que insisten en la necesidad de detener la apertura de nuevas operaciones petroleras para evitar un colapso climático.
Lee el pronunciamiento 2 completo:
Lee el pronunciamiento 1 completo:
