Para ello se reunieron en evento que contó con la presencia de los principales líderes y lideresas de AIDESEP y CONAP.
Representantes de once federaciones indígenas de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y otras regiones amazónicas arribaron en Lima para abrir un espacio de diálogo en torno a las demandas y avances en la implementación de la Agenda Forestal Indígena (AFI), un conjunto de políticas que las organizaciones indígenas consideran prioritarias para ser atendidas por el Estado. La implementación de esta Agenda, cuyo objetivo es impulsar mejoras en el manejo forestal comunitario de la Amazonía, permitiría una participación más inclusiva de las comunidades en el manejo de los bosques comunales.
Con la finalidad de evaluar cómo se viene desarrollando la implementación de la AFI, líderes y lideresas indígenas indígenas se reunieron durante dos días con autoridades nacionales y equipos técnicos de las entidades estatales del sector forestal para poner sobre la mesa los temas de mayor urgencia, los avances y los retos. Es importante señalar que este proceso, así como la construcción de la Agenda Forestal Indígena se trabajó con el apoyo del proyecto Usaid Pro-Bosques.
El apu Jorge Pérez, presidente de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), destacó la necesidad de resolver las multas impuestas a las organizaciones indígenas por depender de la participación de personas o empresas (denominados “terceros”) en el aprovechamiento de los recursos forestales.
“A la fecha existen más de 400 comunidades multadas, pero a los terceros (como los regentes) no se los hace responsables solidarios en este proceso”, acotó Pérez. Además, pidió la pronta creación de la Dirección General de Manejo Forestal Comunitario en la estructura orgánica del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y que los regentes sean indígenas que conozcan la realidad de las comunidades.
A su turno, Irene Pinedo, representante de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), señaló que los pueblos indígenas desean encontrar una pronta solución al problema de las multas. Asimismo, indicó que la actual situación impide que las comunidades logren beneficiarse de programas y proyectos que viene implementando el Estado en favor del desarrollo de pequeños productores, además de que no cuentan con recursos para pagar las sanciones.
Por su parte, Héctor Cisneros, director del proyecto Usaid Pro-Bosques, resaltó la necesidad de generar evidencia en cada proceso de asistencia técnica brindada por la cooperación internacional. “Sabemos que el 37% de la madera movilizada en el país proviene de las comunidades y que más del 50 % de los terceros que tienen convenio con las comunidades desaparecen. Hay que usar esas evidencias para mejorar y construir sobre lo avanzado”, acotó.
En tanto, Hugo Rojas, coordinador general de la Unidad Funcional de Manejo Forestal Comunitario del Serfor, dijo que es necesario fortalecer la asociatividad, así como los negocios entre comunidades. Y manifestó que es crucial que cuenten con herramientas para transformar los productos no maderables en insumos a comercializar, para que dinamicen su economía.
Anunció que en el Serfor se tiene la decisión de crear la Dirección General de Manejo Forestal Comunitario, teniendo en cuenta que una instancia jerárquica de esta envergadura es lo que se requiere para tener un mayor impacto en las medidas para atender las demandas de las comunidades. Informó, además, de que uno de los objetivos en esta organización es la construcción de un Programa Nacional de Manejo Forestal Comunitario, que incluiría componentes de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades.
Por último, Álvaro Anicama, representante del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), mencionó que su institución está trabajando bajo un “enfoque preventivo de riesgos” y otros mecanismos para que las comunidades reduzcan los montos de las multas bajo incentivos. Entre los nuevos mecanismos considerados para la compensación de multas, además de la conservación y restauración de bosques, mencionó la participación en capacitaciones, la formación de comités de vigilancia y el apoyo a las actividades de supervisión de Osinfor.
Al final de la sesión, los participantes suscribieron una declaración conjunta que solicita al Estado y a las autoridades forestales reconocer las responsabilidades compartidas entre las comunidades nativas y los terceros participantes en el manejo de los bosques. Asimismo, hubo otras demandas para una gestión más transparente y sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables.
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