El presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), Berlín Diques, señaló principales acciones y demandas al Estado para la protección de defensores y defensoras indígenas.
En un panorama de gran preocupación sobre la situación de las comunidades indígenas amazónicas ante la presencia de amenazas, el estudio “Situación de los defensores indígenas en Ucayali” da luces sobre la situación particular que enfrentan las y los defensores de dicha región.
Al respecto, el Apu Berlín Diques, presidente de ORAU, señaló que desde la organización regional han hecho este diagnostico inicial para contar con información de primera mano desde el territorio. “Con la información in situ, lo que vamos a hacer es la difusión máxima”, indicó.
El documento, que fue elaborado en alianza con la Asociación ProPurús y Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), visibiliza las principales amenazas que enfrentan los pueblos indígenas de Ucayali como por ejemplo el avance de las carreteras, la presencia de pistas de aterrizaje y otras actividades ilegales.
La finalidad de presentar el estudio es llegar a los tomadores de decisiones para que estos garanticen acciones efectivas y no solo declarativas. “Demandamos que se implemente el Decreto Supremo Nº 004 que crea el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, puntualizó Diques.
El mencionado decreto supremo fue emitido en abril del 2021 y tiene la finalidad de proteger, reconocer y garantizar el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos para propiciar un entorno adecuado para la realización de sus actividades de promoción, protección y defensa de los derechos humanos.
El presidente de ORAU alertó que es urgente su implementación para proteger a los defensores, garantizando que tanto los ministerios como otras entidades estatales tengan establecidas sus funciones y las tareas que les corresponde.
“Queremos que se difunda este estudio sobre la situación de los defensores de Ucayali y que el Estado tome acciones concretas para protegerlos. No podemos seguir en reuniones permanentes. Con una situación política inestable, los pueblos indígenas estamos en constante lucha”, enfatizó Diques.
El estudio de ORAU muestra la existencia de un subregistro de carreteras forestales, áreas de expansión del narcotráfico y la existencia de al menos 80 comunidades nativas en alto grado de amenaza por actividades ilegales. También detalla cómo actividades ilícitas afectan a los territorios comunales.
Puedes descargar el estudio aquí.
