Por Jorge Pérez Rubio, presidente de AIDESEP.
Investigaciones confiables han revelado cómo la economía de las regiones amazónicas del Perú ha sido inoculada por las ganancias de las actividades ilícitas de gran calibre. La tala y la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierra y la trata de personas aumentaron la disponibilidad monetaria en el mercado, edulcorando la corrupción, el lavado de activo, la violencia e inseguridad, cuyos mecenas mimetizados en la política y el empresariado sorben del mismo barril con las organizaciones criminales, sin escrúpulos ni cuestionamientos.
El soborno a funcionarios clave y empresarios ha creado –desde las últimas dos décadas, la atrocidad criminal creció con mayor velocidad y profundidad– una montaña de impunidad y la falta de acceso a la justicia de las instituciones de las personas agraviadas. Probablemente miles de millones de soles estarían alimentando cada día el curso de decisiones fatídicas y perversas de quienes tienen el deber de defender la integridad y bienestar de todos. En este mismo periodo, más de treinta líderes indígenas han sido asesinados intentando controlar el avance de los tentáculos de la mafia en territorios prístinos y habitados por miles de años. La extracción de oro en el río Nanay (Loreto), además de haber contaminado con mercurio la principal fuente de agua de la cuenca y la cadena alimenticia, es ahora increíblemente un conjunto de entramado aparentemente difícil de combatir y abatir. Y está en expansión y protegida desde adentro y desde afuera, en comparsa y complicidad.
El corolario de tráfico de tierra y minería aluvial parafrasea la misma secuencia de muerte, daño e impunidad perpetrada por el narcotráfico, la tala ilegal y la trata de personas en la Amazonía peruana. Los espacios transfronterizos desprovistos de acciones concretas para desvincular a las comunidades indígenas y ribereñas del imperio del mal, amenazan con robustecer la maquinaria de asesinato de más líderes indígenas y de los pueblos en aislamiento voluntario, así como la degradación de ecosistemas, la contaminación del medio ambiente y la normalización de la cultura delincuencial.
La satisfacción de coexistir y consumir bienes y servicios impulsada por la economía de las actividades ilícitas se ha convertido en la reconocida y venerada joya de oro puro que exulta y configura el arquetipo mental y de razonamiento de la mayoría de los líderes de opinión y referentes de la sociedad de Loreto, Ucayali, San Martin, Amazonas y Madre de Dios, principalmente.
Hubiera sido infeliz de mi parte conspirar contra una cofradía de puritanos si no supiera –según investigaciones de la Fiscalía sobre el caso Saweto– que detrás, por ejemplo, de la muerte de líderes indígenas estuvieron empresarios del rubro forestal y que la retórica anti-indigenista forma parte de una coartada para desenfocar y salvaguardar sus intereses, que obviamente no están alineados con la legalidad y las buenas prácticas. Aquellos que aplauden el cambio de la Ley Forestal, que ahora brinda mayor aptitud agraria sobre los bosques primarios, y los que afirman que la economía del caucho, que esclavizó y produjo la muerte de más de sesenta mil indígenas del Putumayo es digna de inmortalizar, no son tontos ortodoxos sino fieles apóstoles de la avidez a expensar del sufrimiento de los más vulnerables.
Es tremendamente urgente echar a correr un plan de cumplimiento obligatorio contra la desinformación, el discurso de odio y la ignominia, a fin de estar algo seguros de que en poco tiempo una nueva generación de líderes abrirá la compuerta de la justica, paz y prosperidad.
Publicado originalmente en https://irapay.blogspot.com/
