Por Jorge Pérez Rubio, presidente de AIDESEP.
En un contexto de crisis permanente de la democracia nacional y el avance exponencial de mafias y actividades ilegales en la Amazonía peruana vinculadas a los desastres que genera la catástrofe climática global, la consolidación y fortalecimiento de los Gobiernos Territoriales Autónomos (GTA) de pueblos indígenas para proteger nuestros territorios integrales y el 73 % del territorio nacional que es la Amazonía, se presenta como una necesidad y estrategia de supervivencia y resistencia, nacida desde nuestra libre determinación y la herencia de 10,000 años de nuestros ancestros.
De ahí la importancia de que la opinión pública entienda la libre determinación, la cual implica decidir nuestras prioridades de desarrollo y que el Estado las respete. En virtud de ese derecho, determinamos libremente nuestra condición política y perseguimos libremente nuestro desarrollo económico, social y cultural; lo que llamamos “Vida Plena”. También tenemos derecho a la autonomía o al autogobierno en asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar esas funciones autónomas.
La libre determinación para los pueblos indígenas en estos tiempos no implica querer “desintegrarnos” del Estado o propiciar demandas “separatistas”. No queremos territorios separados del Estado; por el contrario, los pueblos indígenas exigimos el respeto de nuestros derechos humanos y socioambientales, y una coordinación eficaz e intercultural con el Estado. Todo esto, de acuerdo a los instrumentos internacionales con los cuales el Estado peruano está comprometido y ha dado su consentimiento. Ello nos serviría para garantizar el desarrollo y la protección de nuestras futuras generaciones, la Amazonía y la humanidad.
Los pueblos indígenas tenemos derecho a organizarnos, no solo como comunidades sino también como pueblos o naciones con base al derecho de libre determinación y autonomía o autogobierno, los cuales están reconocidos en los instrumentos internacionales vigentes en Perú, como el Convenio 169 de la OIT, la DNUDPI , la Declaración Americana/OEA sobre los derechos de los pueblos indígenas (art.° 25), la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú (N°1126-2011, item 22,23; y N°0906-2010) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Saramaka, Awas Tigni, Garífuna, Yakye Axa).
Los funcionarios del Estado tienen la obligación de interpretar la Constitución Política del Perú a la luz de estos instrumentos internacionales como ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional (TC) en varias sentencias y la Corte IDH. Por ello, el Estado debe garantizar y hacer efectivos los derechos a la personalidad jurídica de comunidades y de forma colectiva, como pueblos o naciones; de igual manera, garantizar el territorio integral y titulación de la propiedad territorial ancestral sin “cesión en uso”, así como su respectivo registro legal. Rechazamos la dictadura encima de nosotros, de expropiación, “estatización” y luego privatización. No se debe expropiar lo que quede fuera de los titulos comunales, que son nuestros territorios ancestrales, como supuestas “areas de libre disponibilidad” derivadas al tráfico de tierras, colonización, economías ilegales, con la indolencia o complicidad de funcionarios estatales.
Es así que, gracias al esfuerzo conjunto de líderes, lideresas y juventudes de las 09 regionales de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), GTA de 13 pueblos, y el respaldo de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), en octubre se realizó el 2do. Encuentro nacional de articulación de estrategias por la Consolidación de la Territorialidad Integral y Gobiernos Autónomos Indígenas en el que se adoptó el acuerdo de la “Minga (trabajo conjunto y solidario) de Territorialidad, Titularidad y Autogobiernos Por Pueblos Indígenas” para fortalecer los procesos de consolidación de los GTA indígenas.
El propósito es continuar ejerciendo el derecho a la libre determinación, recuperar y actualizar nuestras propias formas de autogobierno como pueblos con un territorio integral. Esto ayudará a hacer frente a la indefensión e incipiente capacidad del Estado para la protección de los defensores y las defensoras indígenas, quienes diariamente arriesgan su vida en la defensa de nuestros territorios integrales. Importante precisar que en los últimos 10 años (2013-2023) han sido asesinadas 26 personas defensoras ambientales (Fuente: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR).
Desde AIDESEP, organización representativa de pueblos indígenas, hacemos un llamado a la solidaridad y al respaldo de la opinión pública, los movimientos y organizaciones sociales y la cooperación internacional en derechos humanos, ambientales y climáticos, considerando que la territorialidad, titularidad y autogobierno colectivo como pueblos indígenas forman una alternativa ya validada en el AbyaYala (América) y otros continentes ante la crisis civilizatoria global, para evitar el punto de no retorno de la destrucción amazónica y transitar hacia energías limpias sin el impacto de las energías fósiles y, de esta manera, frenar la catástrofe del calentamiento y crisis climática global.
