Planes del Gobierno peruano para expandir un controversial proyecto de gas en la Amazonía, podría poner en peligro la “supervivencia física y cultural” de los pueblos indígenas, así lo revelo un comité de las Naciones Unidas.
El 30 de agosto del presente el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), escribió al embajador del Perú ante las Naciones Unidas, precisándole que había discutido la expansión de la explotación de gas en la zona de Camisea, en la Región Cusco, y sus posibles impactos, en una reciente reunión bajo el procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente.
En la carta oficial del CERD, indican claramente que la expansión del gas podría causar a los indígenas que viven en la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti (RKNN) un “daño irreparable”, debido a su “extrema vulnerabilidad”, insta al Perú, a protegerlos respetando “los acuerdo y obligaciones internacionales”.
En la “Recomendación General No.23” del CERD, solicitan que los estados aseguren que “ninguna decisión en relación directa con los derechos e intereses (de los pueblos indígenas) sea tomada sin su consentimiento informado”, tal como asegura la Ley Internacional denominada Convenio 169 de la OIT, que establece que los pueblos indígenas tienen “Derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo”.
Con esta Carta el CERD, es la segunda vez que oficialmente viene escribiendo al gobierno del Perú sobre este tema. El 01 de marzo del presente, el Comité solicitó al Perú “la suspensión inmediata” de la expansión – pedido que el Ministro de Energía y Minas (MEM) -Jorge Merino Tafur, durante una audiencia en el Congreso del Perú a mediados de abril, pretendía ignorarlo.
En el año 1990, la RKNN fue creada para proteger a los pueblos indígenas extremamente aislados, pero una concesión de gas, fue superpuesta a casi una cuarta parte de ella a 10 años después. Pozos y tuberías ya existen en el Oeste de la reserva, en la actualidad hay planes para seguir avanzando hacia el Norte, el Este y el Sur en la RKNN y perforar otros 21 pozos más, construir una extensión de tubería de 10,5 kilómetros y llevar a cabo pruebas sísmicas.
“El Lote 88”, viene siendo operada por un consorcio liderado por Pluspetrol e incluye a Hunt Oil y Repsol. Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la extensión de tubería, pruebas sísmicas y 18 de los 21 pozos está pendiente de aprobación por el MEM.
Finalmente la carta del CERD del mes de Marzo, fue una respuesta directa al llamamiento de alerta; que hizo las Organizaciones Indígenas AIDESEP, COMARU y ORAU y la Organización Internacional de Derechos Humanos Forest Peoples Programme.
