Parte II de la serie “El asedio a la Nación Harakbut: minería, tala y narcotráfico”
Las amenazas no son solo ambientales. Quienes alzan su voz también son intimidados y agredidos.
El territorio integral ancestral de la Nación Harakbut en Madre de Dios, enfrenta hoy una arremetida sin precedentes. Si bien la minería ilegal ha sido una amenaza constante, en los últimos años la tala ilegal y el narcotráfico se han consolidado como graves peligros que comprometen no solo la biodiversidad de sus bosques, sino también la vida y la integridad cultural de este pueblo originario.
Tala ilegal
Para la Nación Harakbut, el bosque no es solo un espacio de recursos. Es su hogar, su farmacia natural, el refugio de sus ancestros y el eje de su cosmovisión espiritual.
“[…] El mundo occidental piensa que solo corta árboles que tienen valor económico”, relató una lideresa harakbut ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Foto: SPDA
“Para nosotros tiene un valor espiritual porque son nuestros guías, son nuestra medicina”, añadió.
No obstante, este espacio se encuentra en peligro. La tala ilegal se agudiza porque terceros ingresan con permisos dados por el Estado peruano.
Esto se debe a que la legislación peruana no reconoce en propiedad la totalidad de los territorios de los pueblos indígenas.
El Decreto Ley N.º 22175 “Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva”, en su artículo 11, establece que las tierras con aptitud forestal dentro de los territorios comunales son cedidas en uso, quedando sujetas a la legislación forestal.
Esta normativa ha facilitado el despojo del territorio integral y ha abierto las puertas a economías ilegales, sostienen representantes de la Nación Harakbut.
“Nuestros territorios no solo se están degradando por la minería y el narcotráfico, sino también porque el gobierno da concesiones a terceros sin nuestro consentimiento”, agregó otra lideresa harakbut ante la CIDH.
“Nunca nos consultan. Como consecuencia, nuestros hermanos son amenazados y agredidos física y psicológicamente por proteger el bosque”, denunció.
El narcotráfico, una amenaza creciente
Al problema de la tala se suma el avance del narcotráfico. En los últimos cinco años, los Harakbut han observado el aumento de avionetas sobrevolando sus comunidades, la aparición de pistas clandestinas y la expansión de plantaciones de coca y pozas de maceración.
Estos hechos han sido denunciados por la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y documentados y registrados en campo por el ECA-Amarakaeri y la organización Conservación Amazónica-ACCA en Perú.
Fuente: ECA-Amarakaeri
En 2023, los registros de Conservación Amazónica-ACCA evidenciaron la presencia de pistas de aterrizaje y cultivos ilícitos en las comunidades de Queros, Shintuya y Santa Rosa de Huacaria, todas dentro del territorio ancestral Harakbut.
Durante el 2024, se constató la deforestación de nuevas áreas vinculadas a estas actividades ilícitas.
Las amenazas no son solo ambientales. Quienes alzan la voz son intimidados y agredidos, como ocurrió con una lideresa que, tras advertir en asamblea sobre el reclutamiento de jóvenes en estas actividades ilícitas, fue amenazada en su hogar.
Fuente: ECA-Amarakaeri
“En la noche vinieron a tocar su puerta y la amenazaron, le dijeron que sus hijos van a morir si seguía tomando este tema y que sea la última vez”, testificó una lideresa harakbut ante la CIDH.
“Cuando tú quieres denunciar simplemente te amenazan, te tachan de soplón. Este es un tema muy peligroso porque atentan directamente contra la vida”, alertó.
Un contexto de amenazas acumuladas
Estos hechos no son aislados. La tala ilegal y el narcotráfico agravan la expansión de la minería ilegal, que tras la pandemia por COVID-19 se incrementó en comunidades como San José de Karene, Barranco Chico, Puerto Luz, Arazaeri, Masenawa, Kotsimba y Boca Inambari, en las provincias del Manu y Tambopata.
La superposición de concesiones mineras y el control de redes criminales sobre estas economías ilegales configuran un escenario de violencia que llevó a la Nación Harakbut a solicitar medidas cautelares ante la CIDH el 30 de diciembre de 2024.
La depredación de los bosques amenaza su supervivencia y su derecho a vivir en paz, mientras el Estado peruano sigue sin frenar el conflicto.
Con información del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Harakbut
