La Organización de las Naciones Unidas, a través de sus relatorías especiales, solicitaron de manera urgente al Estado peruano información sobre el proceso judicial que viene afrontando la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y su expresidente Julio Cusurichi Palacios, actual dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), presentado por la empresa Maderera Canales Tahuamanu SAC.
En junio de 2020, en pleno pico de la pandemia por Covid-19, FENAMAD advirtió al Ministerio de Cultura y otras autoridades, así como públicamente, sobre la gravedad de la decisión del Estado peruano de permitir la reactivación de la extracción de madera de la mencionada empresa, que ponía en riesgo la supervivencia del pueblo indígena Mashco Piro, que por su condición de vivir en situación de aislamiento es altamente vulnerable ante posibles contactos con personas externas y a los impactos de las actividades extractivas sobre los bosques de los cuales depende íntegramente su subsistencia.
A raíz de esta denuncia pública, la empresa inició una serie de acciones legales contra FENAMAD y su entonces presidente Julio Ricardo Cusurichi Palacios, alegando haber sido vulnerado su honor, buena reputación e imagen. A través de dichas acciones legales la empresa logró sentencias judiciales favorables en las que se obliga a FENAMAD a publicar un texto autoincriminatorio, en cuyo contenido se implica que la organización indígena y su ex-presidente asumen haber cometido delitos, pagar multas de más de dos mil dólares americanos, además de derivar el caso al Ministerio Público para que el dirigente indígena Julio Cusurichi sea investigado por el delito de desacato.
Habiendo tomado conocimiento de este particular caso de criminalización de la FENAMAD y su representante legal, los Relatores Especiales de las Naciones Unidas emitieron una comunicación en fecha 19 de junio de 2023 en la que manifiestan al Estado peruano su profunda preocupación por los efectos del proceso judicial, considerando que la declaración pública efectuada en su momento planteaba preocupaciones legítimas relacionadas con las operaciones de la empresa maderera Canales Tahuamanu en territorio indígena.
En el referido documento —remitido además a la República Federal de Alemania, a la empresa maderera Canales Tahuamanu SAC y al Forest Stewardship Council (FSC), entidad internacional que certifica las buenas prácticas sociales y ambientales de la empresa denunciante —, los Relatores ONU apuntan a que las acciones legales realizadas parecen enmarcarse dentro de una estrategia de criminalización dirigida en contra de la organización indígena y sus líderes: “Tememos que la acción legal contra FENAMAD pueda tener como objetivo o efecto silenciar a la organización al obligarla a dedicar tiempo y recursos financieros para organizar su defensa, con un impacto potencialmente devastador en el trabajo de defensa de los derechos humanos de las personas que viven en aislamiento voluntario”.
En esta línea, se advierte que la orden judicial de enviar el asunto al Ministerio Público podría “… dar la percepción de que el proceso judicial da prioridad a los intereses corporativos en la extracción de recursos sobre los intereses fundamentales de los pueblos indígenas y las preocupaciones ambientales, de manera incompatible con las normas internacionales sobre la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas”.
Cabe mencionar que FENAMAD como organización indígena trabaja desde 1982 en defensa de los pueblos indígenas y que la labor Julio Cusurichi es reconocida internacionalmente, habiendo recibido en 2007 el Premio Medioambiental Goldman por su decisivo papel en la creación de la reserva para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
En el documento los Relatores manifiestan, también, su preocupación por el hecho de que las alegaciones al supuesto daño a la reputación de la empresa, puedan tener efectos más amplios al constituir un precedente negativo de intimidación y persecución, que afecte no solo a FENAMAD, sino otros defensores de los pueblos en aislamiento, coartando el legítimo desempeño de sus acciones y demandas en pro de garantizar sus derechos humanos: “Además, nos preocupa que la alegación de daño a la reputación de la empresa tenga un efecto amedrentador, enviando señales a FENAMAD y otros grupos de defensa de que su trabajo como defensores de derechos humanos y ambientales no es valorado ni protegido por el poder judicial, y de hecho puede dar lugar a una respuesta punitiva. Nos preocupa especialmente que los procedimientos legales puedan constituir un uso estratégico de un litigio contra la participación pública, destinado a restringir la capacidad de la organización para llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos, dañar su reputación y obligarla a cesar sus actividades de derechos humanos, con inmensas consecuencias para la protección de los derechos del Mascho Piro y otras tribus que viven aisladas”.
Por todo lo expuesto, desde FENAMAD y EarthRights International, organización que asesora legalmente a la Federación, estaremos vigilantes de la respuesta de del Estado peruano, FSC y la empresa maderera Canales Tahuamanu SAC, con el objetivo de que cese el acoso judicial y la criminalización a la que se ha visto expuesta FENAMAD y su expresidente, así como también de las medidas urgentes que adopte el Estado para que de manera efectiva se proteja y garantice la supervivencia del pueblo indígena Mashco Piro, uno de los últimos pueblos en aislamiento en el mundo.
*Nota de FENAMAD.
