El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), reunido junto a sus autoridades, sabios y técnicos del 15 al 18 de marzo de 2025 en su sede principal, la comunidad de Soledad, provincia de Condorcanqui, Amazonas, acordó emitir un pronunciamiento público.
En pleno ejercicio de su autonomía y derechos colectivos, expresó su rotundo rechazo a la modificatoria de la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Ley Nº 27692.
Si bien esta norma ha sido denominada «ley anti-ONG», en realidad constituye un mecanismo de represión social y un ataque contra las organizaciones de la sociedad civil, pues restringe su labor y criminaliza la defensa de los derechos humanos y ambientales.
Para la Nación Wampís, esta modificatoria atenta directamente contra los pueblos indígenas, al privarlos del respaldo técnico y jurídico necesario para defender sus territorios y derechos colectivos.
“Los pueblos indígenas resultamos ser profundamente perjudicados, puesto que sin aliados jurídicos pretenden debilitarnos, sin acceso a la justicia y sin mecanismos para defender nuestros derechos colectivos”, sostiene su pronunciamiento.
“Es cierto que las ONG no son la única vía para buscar justicia, pero ante un Estado en descomposición y poderes mafiosos violentos, se necesita apoyo técnico profesional para que el acceso a ella sea más efectivo”, añade el pronunciamiento.
El respaldo técnico y jurídico es fundamental, ya que fortalece su lucha y amplifica su voz como pueblos originarios.
Una ley para silenciar y controlar
El 12 de marzo de 2025, el Congreso aprobó una autógrafa que restringe derechos y fortalece el abuso de poder del Estado al modificar la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
En lugar de garantizar justicia y derechos fundamentales, impone censura y formaliza la persecución institucional.
Su objetivo es acallar a quienes denuncian, obstaculizar a quienes defienden derechos y sancionar a quienes luchan por la verdad, blindando a los gobiernos y convirtiendo al pueblo en siervos sometidos, enfatiza el pronunciamiento.
Estrategia de despojo e impunidad
Esta ley se suma a una serie de ataques impulsados por el Congreso y el Gobierno contra los pueblos originarios.
La misma legislatura aprobó recientemente una norma para impedir que los jueces apliquen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuando el Estado peruano no haya sido parte del caso.
La Nación Wampís señala que esto evidencia una estrategia sistemática de impunidad y autoritarismo: “El Estado peruano, en lugar de garantizar los derechos indígenas, despoja a los pueblos originarios de los mecanismos que los protegen”.
“Como ocurrió en el Baguazo, se imponen leyes sin consulta previa y se criminaliza la protesta y a los líderes defensores del territorio”, puntualiza el pronunciamiento.
Violación de derechos y llamado a la acción
La nueva norma impone multas de hasta 400 UIT (2 millones de soles) contra la sociedad civil que brinde apoyo legal a los pueblos indígenas en litigios contra el Estado.
Su objetivo es debilitar y suprimir la labor de quienes defienden los derechos humanos. Además, esta Ley es inconstitucional, pues vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139, inciso 3 de la Constitución).
Asimismo, contradice tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que garantizan la consulta y asistencia técnica a los pueblos originarios.
Por ello, en virtud del derecho a la libre determinación, la Nación Wampís y rechaza la modificatoria de esta Ley y exige su inmediata derogación.
Invocamos a la sociedad civil, a los pueblos indígenas del mundo, a las cortes internacionales y a los organismos multilaterales a unirse contra las acciones del Congreso, que vulneran los derechos indígenas y perpetúan la impunidad, afectando también la lucha contra la crisis climática.
