Ante la persistente inacción del Estado peruano frente a la expansión de la minería ilegal en la cuenca del río Santiago, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) ha anunciado la puesta en marcha de una acción de autoprotección social y territorial.
El pronunciamiento, emitido el 9 de julio, denuncia el abandono sistemático por parte del Estado y marca un punto de quiebre en la relación entre el pueblo Wampís y las autoridades nacionales.
La decisión llega tras el retiro sorpresivo del apoyo estatal a una operación conjunta contra la minería ilegal, originalmente pactada para el 10 de julio.
Según el documento, la deserción del Ejecutivo —a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Alto Comisionado para la Minería Ilegal— representa una “culminación de años de promesas vacías” y una muestra más de “incapacidad táctica y deslealtad”.
Frente a ello, la Nación Wampís ha anunciado que ejercerá su derecho consuetudinario y su función jurisdiccional, amparados en la Constitución del Perú y el Convenio 169 de la OIT, para ejecutar una acción de desalojo pacífico de operadores ilegales y sus maquinarias, a partir del 10 de julio. La iniciativa tiene como objetivo restaurar el orden socio comunitario y garantizar un ambiente sano para las actuales y futuras generaciones.
“No buscamos la violencia, sino restaurar la paz”, señala el pronunciamiento firmado por Teófilo Kukush Pati, pámuk del Gobierno Territorial Autónomo.
Asimismo, exige al Estado que asuma sus responsabilidades constitucionales y acompañe este proceso, en lugar de dejar solo a un pueblo que actúa donde las instituciones fallan.
La Nación Wampís también responsabiliza directamente al gobierno peruano por cualquier consecuencia que derive de esta movilización.
“La Nación Wampís no retrocederá en la defensa de la vida, el futuro y sus ecosistemas”, concluye el pronunciamiento.
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