Shapiom Noningo explicó que estas actividades generan conflictos internos, afectando a comunidades, comuneros y familias y además obstaculizan el desarrollo del Gobierno Autónomo en tiempo y recursos.
La Nación Wampís atraviesa una de las etapas más críticas de su historia, ya que la minería y la tala ilegal se han expandido sin control en su territorio ancestral.
Esta situación afecta profundamente la convivencia entre las comunidades y debilita el proceso autonómico que vienen defendiendo durante más de una década.
Inicialmente, las comunidades Wampís vivían en armonía, con sus bosques bien cuidados y ríos limpios, lo que les ofrecía un entorno saludable y lleno de peces.
No obstante, esa estabilidad se deterioró de forma drástica. En palabras del líder indígena: “Esto cambió a partir del 2005 y más aún cuando nacimos como Gobierno Autónomo, en 2015. Ya nacimos con el problema encima: minería y tala ilegal.”
Durante los primeros años de organización del GTANW se registraron avances significativos, pues se logró, en 2016 y 2017, enfrentar la minería ilegal. Sin embargo, esto no duró.
De acuerdo con el líder indígena, la pandemia intensificó este problema, ya que adoptaron métodos cada vez más violentos.
Actualmente, las operaciones ilegales se caracterizan por el uso de dinamita, armas, la implicación de menores de edad y la corrupción de autoridades y líderes comunales.
El líder denunció esta situación al manifestar: “Ya están utilizando niños wampís y awajún, también a nuestras propias autoridades. Les pagan a las comunidades para poder operar. Ya es un estilo más criminal.”
En paralelo, la tala ilegal se exacerbó durante el periodo 2021–2022, cuando ciudadanos ecuatorianos ingresaron al territorio para extraer madera balsa, conocida localmente como topa, la cual se ha posicionado entre las especies más exportadas en el Perú.
Un informe de Forest Trends reveló que entre 2020 y 2021 se exportaron más de 44 800 metros cúbicos de esta madera, gran parte de ellos de manera ilegal, lo que evidencia el impacto ambiental y social en la región.
Asimismo, el líder indígena indicó que las consecuencias de estas economías ilegales trascienden lo ecológico y se reflejan en el tejido social.
Explicó que estas actividades generan conflictos internos, afectando a comunidades, comuneros y familias, y obstaculizan el desarrollo del Gobierno Autónomo en tiempo y recursos.
Solo en 2024, el GTANW destinó cerca de un millón de soles en acciones para combatir la minería ilegal, sin lograr aún erradicarla, explicó el líder indígena.
La situación se ha agravado en comunidades como Belén, Fortaleza, San Juan y Guayabal, donde ya se han reportado casos de trata de personas y explotación sexual.
Por otro lado, la nación Wampís ha criticado la actuación de las autoridades estatales. El problema de la minería y la tala ilegal se ha convertido en un desafío que trasciende lo local y adquiere dimensiones internacionales.
El Estado, marcado por diversas debilidades (especialmente en el marco del actual gobierno), no ha brindado una respuesta contundente a pesar de las gestiones emprendidas a través del GTANW en diversas instancias de poder, sin lograr una acción sistemática.
Estas declaraciones fueron compartidas durante el espacio de diálogo “Barra política: Investigadores y líderes indígenas analizan avance de economías ilegales”, organizado por el medio Ojo Público el pasado 26 de marzo.
