La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), el Instituto del Bien Común (IBC) y Amazon Watch presentan un informe clave sobre el impacto del narcotráfico en territorios indígenas amazónicos.
La expansión del narcotráfico está profundizando la crisis de derechos y territorios en la Amazonía peruana. Un nuevo informe elaborado por AIDESEP, ORAU, IBC y Amazon Watch advierte que más de 270 comunidades nativas ya registran presencia de cultivos ilegales de coca, pistas de aterrizaje clandestinas y amenazas crecientes por parte de organizaciones criminales que operan con impunidad en zonas como Ucayali, Loreto, Amazonas y Madre de Dios.
El documento titulado: “Narcotráfico en territorios indígenas de la Amazonía peruana. Rutas, impactos y políticas erradas” ha sido escrito por el especialista Ricardo Soberón e identifica por primera vez a comunidades indígenas específicas que se ubican directamente en nuevas rutas terrestres, fluviales y aéreas del tráfico ilícito de drogas, convirtiéndose en potenciales focos de conflicto, invasiones y desplazamiento forzado.
Además, el informe establece un vínculo claro entre el tráfico de tierras, la ausencia de títulos colectivos, y la presión creciente que sufren los pueblos indígenas, incluyendo a los pueblos en situación de aislamiento, como los Kakataibo, cuyos territorios son invadidos por cultivos ilegales incluso dentro de reservas protegidas.
“Queremos que los pueblos indígenas sean reconocidos como actores políticos clave en la construcción de soluciones. No somos solo víctimas. Somos quienes estamos poniendo el cuerpo y la vida en defensa de nuestros territorios porque ya son más de 35 defensores indígenas asesinados”, señaló el apu Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP.
Hallazgos clave del informe:
- Ucayali es la región más crítica, con más de 85 pistas clandestinas registradas y un crecimiento acelerado de cultivos ilegales.
- Más de 270 comunidades nativas tienen cultivos de coca dentro de sus territorios, según Devida y el IBC.
- Las políticas públicas han favorecido las invasiones, promoviendo titulaciones individuales en territorios colectivos.
- El programa de erradicación ha sido contraproducente, empujando la frontera cocalera hacia zonas cada vez más remotas e indígenas.
- Se identifican tres rutas hacia el norte amazónico (Ecuador y Colombia) y una hacia el sur (Madre de Dios y frontera con Brasil y Bolivia).
El estudio también denuncia que la débil institucionalidad del Estado peruano y sus políticas erradas frente al tráfico ilícito de drogas han agravado la violencia, la deforestación y la criminalización contra defensores indígenas, más de 30 de los cuales han sido asesinados en los últimos años.
Este informe busca ser una herramienta de alerta y acción para el movimiento indígena, la sociedad civil y la comunidad internacional. Exige decisiones urgentes, responsables y radicales para frenar el avance del crimen organizado y proteger los territorios y la vida de los pueblos indígenas.
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