Reunidos en Lima, el 30 de setiembre y 1 de octubre del 2024, quienes suscriben líderes, lideresas, sabios, integrantes del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y sus organizaciones regionales; de los Gobiernos Territoriales Autónomos de Pueblos Indígenas (GTA), guardias indígenas, reservas comunales, organizaciones indígenas afectadas por la minería aurífera; así como la participación de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y de aliados solidarios, durante el “3er. Encuentro nacional de articulación de Estrategias en Defensa de la Amazonía ante el Infierno Minero”, luego del debate de informes sobre las agresiones mineras y las respuestas indígenas, arribamos a conclusiones y acuerdos, que se traducen en el siguiente Mandato de Acción Indígena:
Luchamos por una Amazonía libre de minería aurífera ya que esto es esencial para la supervivencia de los pueblos indígenas y la población en general. Perú afronta el impacto de 2 millones 491 mil 390 hectáreas afectadas por 30 mil 754 concesiones, 115 mil hectáreas deforestadas y 22 ríos que atraviesan 32 distritos amazónicos impactados. Se expande el cáncer minero que destruye las riberas, cambia el cauce de los ríos y los contamina con 185 toneladas de mercurio cada año y otras sustancias químicas nocivas. Esta grave contaminación genera impactos permanentes a todas las formas de vida (seres humanos, animales y plantas), destruyendo los humedales, turberas, lagunas y quebradas, y provocando la invasión de la violencia, prostitución, trata de personas, VIH y otras enfermedades venéreas a nuestros pueblos, dividiendo y enfrentando comunidades y familias.
La impunidad continúa debido a la incapacidad del Estado tanto a nivel central como regional sea por indiferencia o por complicidad, abierta o camuflada. ¡Esta es una infección que, de no ser frenada, arrasará con todo a su paso!
Ratificamos que el objetivo de liberar nuestra Amazonía de la minería aurífera depende de la firmeza de nuestras decisiones para obligar al Estado peruano a cumplir sus deberes. También depende de consolidar nuestra autonomía y autogobierno territorial colectivos como Pueblos Indígenas, articulando todas las formas organizativas: comunidades, federaciones, regionales, reservas comunales (ya existentes), emprendimientos, entre otras. Sabemos que esperar a que el Estado brinde “soluciones” es condenarnos a la destrucción porque ha sido penetrado por las mafias de las economías ilícitas que están lavando su dinero criminal con el oro aparentemente “legal”, el tramposo “informal” o de “inocente cateo” y el violentamente ilegal.
Organizaremos la resistencia activa indígena contra la destrucción minera, a través de la vigilancia, puestos de control y monitoreo ambiental que incluya el patrullaje terrestre, fluvial y con drones; así como la auto-demarcación y el control del territorio integral ancestral de cada pueblo indígena. Es prioritario ejercer el derecho a la jurisdicción indígena propia que incluyen las guardias indígenas, así como otros sistemas de autoprotección y seguridad autónomos, acciones de litigio legal nacional y binacional por parte de pueblos fronterizos afectados por la minería, asambleas comunales permanentes de capacitación y acuerdos de acción, articulación con organizaciones ciudadanas, el fortalecimiento de las economías indígenas alternativas, las denuncias penales a las autoridades ineptas o cómplices, la investigación de las fuentes de su financiamiento y compradores nacionales e internacionales, sus redes de influencia y penetración política, empresarial y mediática. También la movilización y acción social territorial, local, regional, nacional e internacional.
Demandamos las siguientes acciones a las autoridades estatales para que cumplan sus deberes, bajo responsabilidad funcional, reservándonos el derecho de iniciar las acciones judiciales pertinentes ante el incumplimiento:
- Al Ministerio de Energía y Minas, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y Gobiernos Regionales: Suspender la emisión acelerada irresponsable de concesiones mineras encima de nuestros territorios. Deben considerar como requisito el consentimiento previo a las comunidades afectadas y dejar de provocar conflictos imponiendo minería sabiendo del rechazo comunitario. Esclarecer las denuncias de tráfico de concesiones para facilitar invasiones.
- Al Congreso de la República: La derogatoria de todas las leyes que favorecen la criminalidad y los delitos ambientales. Promulgar una ley para prohibir la minería en la Amazonía por encontrarse en emergencia y así evitar el punto de no retorno. Terminar con la farsa e interminable “formalización” minera y cancelar la continuidad del Registro Informal de Formalización Minera – Reinfo porque mantenerlo demuestra la complicidad política y legal con el ecocidio y el etnocidio amazónico. Exigimos la ratificación del Acuerdo de Escazú para la protección de defensores y defensoras indígenas.
- A la Fiscalía de la Nación: Abrir carpetas fiscales de investigación a los funcionarios estatales (central o regional) involucrados en la minería ilegal, ya sea por incapacidad, lenidad o complicidad.
- A los Gobiernos Regionales amazónicos: Informar a las comunidades sobre las concesiones mineras impuestas desde Lima y no autorizar la explotación si ya hay rechazo explícito previo a todo tipo de minería, o proceder a una auténtica consulta previa y de buena fe para obtener el consentimiento libre e informado, según el protocolo autónomo de cada pueblo indígena.
- A la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio del Interior, Marina de Guerra, Ministerio de Defensa y Policía Nacional del Perú: Cumplir con las interdicciones sobre la minería ilegal con destrucción de sus equipos (dragas y otros). Dotar de presupuesto público a estas intervenciones para hacerlas sostenibles, ejecutándolas en coordinación con las comunidades para evitar represalias sobre ellas. Esclarecer las denuncias de avisos previos a los criminales, producidas por las infiltraciones dentro del Estado. Dejar de gastar s/ 710 millones en la represión a las protestas sociales, lo que representa el 800% superior a lo gastado en reducir minería ilegal (s/ 80 millones), a pesar de que ésta ha multiplicado la violencia y corrupción con $ 7800 millones ilícitos, 11 veces superior a lo producido por el narcotráfico.
- Al Ministerio de Salud: Cumplir con desarrollar y publicar los análisis de contaminación humana reciente (en sangre) y acumulada (en cabellos y uñas) de la población de las zonas mineras. Y socializar la información sobre los impactos tóxicos corporales inextinguibles del mercurio en seres humanos, así como en la flora y fauna amazónica.
- Al Ministerio del Ambiente: Publicar los estudios sobre la destrucción de los centenares de bosques y aguas amazónicas destruidos por la minería aurífera. Cuantificar sus impactos ecosistémicos a corto, mediano y largo plazo, incluyendo la alteración de los mayores almacenes de carbono como las turberas y los humedales. Y denunciar a sus responsables ante la fiscalía y el poder judicial.
- Al Ministerio Público y Poder Judicial: Investigar e imponer penas ejemplares a los mineros ilegales y a todas las personas que cometen delitos conexos a la minería ilegal (tráfico de insumos, como el combustible y el mercurio). Les pedimos que luchen internamente contra la corrupción pro-minera dentro del Estado en los tres niveles de gobierno y que realicen la anulación de las concesiones que contaminan con centenares de dragas a la cuenca del río Nanay, que abastece de agua a Iquitos.
- Al Ministerio de Justicia: Cumplir con hacer eficaz y oportuno el mecanismo de protección de defensores indígenas y evitar que siga la impunidad en los casos de asesinatos de líderes y lideresas indígenas.
- Al Ministerio de Desarrollo Agrario: Que su órgano adscrito, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), deje de avalar autorizaciones de concesiones de destrucción minera en cuerpos de agua y fajas marginales de los ríos de la Amazonía.
- Al Ministerio de Economía y Finanzas: Priorizar la inversión de envergadura para potenciar la economía indígena propia sostenible y superar el abandono histórico, que favorece la penetración minera.
- Al Tribunal Constitucional: Cumplir su deber de defensa de la Constitución y del ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, en específico, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en atención a los estándares internacionales sobre la materia y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También proponemos las siguientes acciones ante las instancias pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), procesos internacionales, embajadas, cooperación y aliados solidarios:
- Al Convenio de Minamata sobre el Mercurio de la ONU: Designar unaMisión al Perú para aperturar una investigación de la contaminación por mercurio producida por la minería aurífera en la Amazonía peruana. Fiscalizar la adopción estatal de acciones de registros, comercio, control, mitigación, así como las sanciones y reparaciones que correspondan. Realizar el cierre del contrabando de mercurio desde Bolivia.
- Al Convenio de Palermo de la ONU: Designar una Misión al Perú para iniciar la investigación sobre la criminalidad transnacional que opera a nivel global, desde la minería aurífera en la Amazonía peruana. Fiscalizar la adopción estatal de acciones de inteligencia y destrucción de las organizaciones criminales mineras y su penetración en las instancias estatales, autoridades civiles y policiales.
- A la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE): Condicionar el ingreso del Perú a la contención y reducción concreta de la destrucción creciente de la Amazonía por la minería aurífera.
- A las Embajadas de Suiza, Estados Unidos, India y Arabia Saudita: Comunicar a sus Estados el rechazo indígena de que dichos países sean los principales compradores del oro peruano, a pesar de saber que el 45% proviene de la ilegalidad. Exigimos que se suspendan esas compras hasta que se garantice trazabilidad y la garantía de que no provienen de la destrucción minera amazónica ya sea legal, informal o ilegal. Solicitamos a nuestros aliados que realicen las acciones legales y políticas para que esos Estados no sean cómplices por inacción del ecocidio y etnocidio amazónico y denunciar a los Estados que no garanticen trazabilidad legal.
- A la Embajada de Canadá: Respetar los derechos de la Nación Shawi que rechaza la imposición de 11 concesiones de la empresa canadiense First Quantum Minerals Perú S.A.C. (FQM) sobre 11 mil hectáreas de su territorio ancestral, afectando a 8 comunidades nativas en Balsapuerto (Loreto). Asimismo, pedimos el retiro de la empresa Hannas Metal del distrito de Tabalosos en la región San Martín porque afecta a 16 comunidades del pueblo Kichwa y contamina el río Mayo, y también los ríos Huallaga, Marañón y Amazonas.
- A los Convenios sobre Clima, Biodiversidad, Desarrollo, Derechos Humano, Relatores sobre Pueblos Indígenas, sustancias tóxicas, agua y medio ambiente y a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica: Efectuar misiones al Perú para promover acciones para frenar el infierno minero en la Amazonía peruana y sudamericana, señalándolo como uno de los principales motores de deforestación, degradación, contaminación ambiental y como responsable de la destrucción de bosques, aguas, humedales, turberas y biodiversidad, que además ocasiona el incremento de la catástrofe climática y ambiental global, la violencia y la criminalidad global. También pedimos que respalden en todos los procesos a las autonomías territoriales y la autoprotección de los pueblos indígenas.
Firmamos el 1 de octubre de 2024, en señal de conformidad y compromiso con este Mandato Amazónico.
¡Lucha conjunta por Amazonía Viva para Siempre,
frenando al infierno minero, sus operadores y cómplices!
- Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP.
- Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA.
- Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte – ORPIAN-P.
- Organización Regional de AIDESEP Ucayali – ORAU.Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo – CORPI-SL.
- Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO.Coordinadora de Defensa y Desarrollo de Pueblos Indígenas de San Martín – CODEPISAM.
- Consejo Machiguenga del Río Urubamba – COMARU.Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de AIDESEP Atalaya – CORPIAA.
- Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central – ARPI-SC.
- Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes – FENAMAD.
- Gobierno Territorial Autónomo Nación Wampis – GTANW.
- Gobierno Territorial Autonómo Awajún – GTAA.
- Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Ese Eja.
- Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Harakbut.Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Matsigenka.
- Gobierno Territorial Autónomo Nación Kandozi.
- Nación Shipiba de Madre de Dios – NASHIMAD.
- Consejo Shipibo Conibo Xetebo – COSHICOX.
- Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú – FENAP.
- Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Yine.Gobierno Territorial Autónomo Nación Shawi.
- Federación de Comunidades Cocama Cocamilla – FEDECOCA.
- Comunidad Nativa Matsés.
- Comité de Defensa del Agua de Iquitos – Loreto.
- Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca – FECONAPIA.
- Organización Regional de Guardia Indígena del Pueblo Shipibo Konibo – ORGI.
- Guardia Indígena Kakataibo – GIKAP.
- Sistema de Vigilancia y Control Socio Ambiental Charip del GTANW.
- Federación de Comunidades Nativas de la Frontera de Putumayo – FECONAFROPU.
- Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela – FECONAMNCUA.
- Federación Kichwa Huallaga Dorado – FEKIHD.
- Unión de Nacionalidades Asháninka Yanesha – UNAY.
