El pasado domingo 25 de octubre, las comunidades Puerto Azul, Boca Isiriwe, Isla de los Valles y Masenawa acordaron por unanimidad rechazar el proyecto de carretera Boca Manu – Boca Colorado, impulsado por el Gobierno Regional de Madre de Dios, por haberse promovido sin consulta ni participación efectiva de los pueblos indígenas.
Esta decisión fue tomada en una reunión que tuvo lugar en la comunidad nativa Puerto Azul, en el que participaron representantes de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), la Defensoría del Pueblo, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Madre de Dios y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
El apu Julio Cusurichi, en representación de AIDESEP, expresó el respaldo de la organización nacional a la decisión de las comunidades, señalando que “no puede haber desarrollo sin respeto a los derechos colectivos, la consulta previa y el consentimiento libre e informado”.
Las comunidades denunciaron que esta carretera afectaría directamente sus territorios y la Reserva Comunal Amarakaeri, incrementando la deforestación, el narcotráfico, la minería ilegal y la pérdida cultural, además de poner en riesgo la vida de los líderes y lideresas indígenas que defienden sus tierras. También alertaron que el Gobierno Regional de Madre de Dios no ha garantizado la seguridad jurídica ni la atención a las demandas de titulación y ampliación comunal, dejando abierta la posibilidad de invasiones y conflictos territoriales.
Las comunidades reafirmaron que el Estado no puede seguir imponiendo carreteras sin planificación ni respeto a los derechos indígenas, y plantearon propuestas concretas para el fortalecimiento de su control territorial, la protección de sus bosques y el desarrollo sostenible con enfoque indígena.
Desde AIDESEP, reiteramos nuestro respaldo a las comunidades y a FENAMAD, y exigimos al Estado peruano respetar los derechos territoriales y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas amazónicos, tal como lo establecen la Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
